El aumento de la migración en tránsito por la entidad requiere de políticas y acciones contundentes
En Oaxaca la migración es algo que ha acompañado a sus pueblos a lo largo de la historia. Estos desplazamientos se han dado en direcciones diversas: al interior de sus propias regiones, al interior del estado, hacia las principales urbes del país o regiones agroindustriales en las que se requiere mano de obra, y por su puesto hacia Estados Unidos. Entre marzo de 2015 y marzo de 2020 emigraron de Oaxaca hacia otro país 231 mil 759 personas. En ese mismo periodo, también salieron del estado 133 mil 585 personas para radicar en otra entidad del país. Aunque de manera menos visible y en mucha menor medida, Oaxaca también ha sido un estado receptor de personas migrantes y un espacio de tránsito, por ejemplo, en ese mismo periodo llegaron al estado 97,030 personas procedentes de otras entidades del país.
En el año 2022, sin embargo, se da un aumento sin precedentes de la migración en tránsito por el estado de Oaxaca. Esta situación se enmarca en un fenómeno más amplio que ha sido caracterizada por la Organización Mundial de las Migraciones como una de las dinámicas migratorias más complejas y de rápida evolución que se haya visto en México y en el hemisferio occidental en toda la historia, ya que ha implicado un aumento exponencial de migrantes centro y sudamericanos que buscan llegar Estados Unidos huyendo de la pobreza y de la violencia.
La migración centroamericana en tránsito por México no es nueva, los desplazamientos desde El Salvador, Guatemala y Honduras son de larga data, sin embargo, ahora a estos flujos se suman también personas provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África. Otro factor nuevo es que este éxodo migratorio está protagonizado por un gran número de mujeres —muchas de estas embarazadas o lactantes—, bebés, niñas, niños y adolescentes.
Estos desplazamientos se caracterizan por darse en condiciones de extrema vulnerabilidad, ya que las políticas migratorias de los diferentes Estados nación obligan a muchas personas a realizar sus migraciones fuera del marco de la ley o bajo estatus migratorios muy precarios. Los diferentes países, en lugar de facilitar y garantizar documentos migratorios y formas seguras de tránsito y arribo, les ponen numerosas trabas y ya sea por acción o por omisión, están cometiendo diferentes actos violatorios de sus derechos humanos. El panorama se complejiza todavía más porque los migrantes que transitan por México ya no solo deben de hacer frente a la violencia del Estado, sino que son presas también del crimen organizado que comete secuestros, extorciones, robos, trata de personas y otras muchas formas de violencia.
Para las personas migrantes transitar por Oaxaca no ha sido fácil, muchos han quedado varados en estas tierras ante la falta de un medio de transporte que les permita seguir su travesía hacia el norte o ante la falta de recursos económicos. Aquí han sufrido diferentes actos vejatorios y abusos. Por ejemplo, han sido criminalizados y han sido blanco de actos de xenofobia, solo recordar que la máxima autoridad de un municipio en el Istmo de Tehuantepec llamó a la población local a “cerrar la puerta” a los migrantes a quienes acusó de generar “inseguridad”. Asimismo, en diferentes puntos del estado de Oaxaca ha habido protestas de vecinos solicitando que las personas migrantes se “retiren de sus barrios”, también con el argumento de que “generan inseguridad” y de que “representan un problema de salud pública”. Diferentes compañías de transporte les han negado la posibilidad de comprar boletos de autobús para seguir su camino y el Estado no ha facilitado las condiciones para avanzar en su viaje, y ni siquiera un mínimo de infraestructura para pernoctar en espacios adecuados. Lo que ha obligado a las personas migrantes a dormir en las calles y camellones en condiciones inhumanas.
El aumento sin precedentes de la migración en tránsito por Oaxaca y por México requiere de políticas y acciones contundentes que garantices de manera integral los derechos humanos de las personas migrantes, no hay que olvidar que migrar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se contempla que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” (Artículo 13.1). El Estado mexicano es el responsable de garantizar la integridad y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y nosotros como sociedad civil tenemos el reto de acoger y recibir con amabilidad, respeto y generosidad a los miles de hombres, mujeres y niños que transitan a lo largo de nuestro territorio.

Alejandra Aquino Moreschi
Profesora Investigadora del CIESAS Pacífico Sur