Nueva Ley de Ciencia y Tecnología: Un Análisis / I

Antecedente

El pasado 14 de diciembre se verificaron dos sesiones ordinarias del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, organismo rector de las políticas públicas de ese sector, presidido por el presidente de la República. Según informó el boletín de prensa del Conacyt, uno de los asuntos ahí tratados fue presentar el Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI)”. El objetivo final de dicho ordenamiento es “alcanzar la soberanía científica y tecnológica de México”.

Según informó la dirección general de aquel organismo, el Anteproyecto “es el resultado de un amplio y prolongado proceso de consulta, en la que participó de manera activa la comunidad científica de México . . .” (287 foros y reuniones, 277 propuestas vía internet y 178 cuestionarios respondidos por otros tantos investigadores y tecnólogos reconocidos).  El Anteproyecto, según se dice allí mismo, desarrolla el principio constitucional inscrito en el Artículo 3º, mismo que se manifiesta en tres dimensiones: a) “toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; b) “el Estado apoyará la investigación e innovación . . .” c) el Estado “garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella”.

El Anteproyecto fue aprobado y, a partir de ese momento, debía entrar “en un proceso de retroalimentación y consenso con la comunidad científica de México”, mismo que incluya a la representación del sector privado del país. Esto se ha traducido en la preparación de varios foros de consulta, mismos que han sido encomendados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organismo que está viviendo sus últimos tiempos de existencia.

Una lectura cuidadosa del texto del Anteproyecto me lleva a analizarlo en tres aspectos generales: a) gobernanza; b) pros, contras y dudas o contradicciones; c) legalidad, congruencia con otros ordenamientos del sector de ciencia y tecnología (SCyT).

Gobernanza

Por lo que se refiere al primer aspecto, gobernanza, habría que decir que, dentro del Anteproyecto, la estructura orgánica del sector se encuentra modificada en gran medida. Por un lado, un nuevo órgano rector que concentra atribuciones enormes comparadas con el todavía vigente. Por otro, la desaparición de varios órganos de consulta (cuatro de ellos) y su reemplazo por otros (principalmente dos), reducidos a una condición “cuyas opiniones y propuestas serán autónomas y no vinculantes” (Art. 59). El anteproyecto crea en la cúspide del SCyT un Consejo de Estado. Este lo encabeza el presidente de la República, formando parte de él los 17 secretarios de Estado, un representante de cada una de las regiones que se establezcan a partir de esta ley, más la dirección general del Conacyt. En total, 25 o 26 miembros. Entre las principales atribuciones de este Consejo se encuentran las siguientes: a) establecer la agenda de Estado en esta materia; b) definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público; c) aprobar el proyecto de presupuesto consolidado que será incluido en el Presupuesto de Egresos de la  Federación.

Un segundo escalón del sistema será el Consejo Nacional. Muy semejante al que ha venido funcionado desde1970. Se le otorga el carácter de organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre sus principales funciones están las correspondientes a: a) responsable de atender, coordinar y articular al sector; b) fungir como entidad asesora de la Presidencia de la República; c) ser la instancia de consulta especializada para los poderes  de la Unión, los tres órdenes de gobierno así como organizaciones de la sociedad civil. Sorprendentemente, el Anteproyecto no indica cómo se integra este Consejo, seguramente una omisión que será subsanada a la hora que la Iniciativa de Ley llegue al Congreso.

Dentro del Conacyt se mantienen los dos órganos de gobierno que han existido desde su fundación. En primer lugar la Junta de Gobierno, integrada por su presidente (la dirección general del Conacyt) y los doce titulares de otras tantas secretarías de Estado. Además, la dirección general del Conacyt podrá invitar a dos representantes de universidades, dos más del sector social, tres del privado y dos de la comunidad (Art. 55). Nueve, para un total de 22 miembros. Entre las atribuciones principales de la Junta se encuentran: a) aprobar, las adecuaciones presupuestales a los programas del Consejo Nacional sin requerir autorización de la SHCP; b) aprobar políticas y programas del Consejo, así como autorizar y expedir reglas de operación; c) aprobar la retroalimentación y normativa corresondiente: d) aprobar y actualizar el Programa Sectorial.

La Dirección General   es el segundo órgano de gobierno del Conacyt. Tiene las atribuciones tradicionales, entre ellas: a) las de administración y dominio; b) presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, tanto el estatuto orgánico, programas, reglamentación y normatividad; c) el reconocimiento de centros públicos de investigación; d) ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Estado.

Además, el Conacyt tendrá dos órganos consultivos. El Consejo Técnico, integrado únicamente por investigadores que hayan recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El otro es el Consejo de Articulación, integrado por la UNAM, el IPN, tres universidades públicas, dos institutos nacionales (de la economía social y el de pueblos indígenas) las cinco academias nacionales de mayor relevancia y cinco representantes del sector privado. Todos los integrantes de ambos consejos “participan de manera voluntaria y a título honorífico”

Análisis

Una vez conocida la nueva estructura del SCyT, de acuerdo con el Anteproyecto, una consecuencia parece patente: la comunidad científica (y la humanística, ahora) pierde representatividad en los órganos de gobierno. La creación  del Consejo de Estado  desaparece la presencia de miembros de ella, aparte  de que  se le dota de atribuciones enormes como las ya mencionadas. Como un atisbo remedial, allí, la voz de la comunidad queda restringida a “un representante que destaque por sus aportaciones al desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación”, propuesto por el Consejo Técnico del Consejo Nacional. Este representante de la comunidad solo tendrá el carácter de “invitado”, con voz, pero sin voto (Art. 39).

Para apreciar la gran diferencia que se establece en materia de representación de la comunidad, baste con señalar que, de acuerdo con la aún vigente Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo actual (equivalente al Consejo de Estado propuesto) se integra por 24 miembros. De ellos, el Poder Ejecutivo Federal tiene catorce asientos (Presidente de la República, 12 secretarios de Estado, y la dirección general del Conacyt). Los diez restantes se corresponden con representciones del Foro Consultivo, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Investigación, centros públicos de investigación, Anuies, más dos invitados del SCyT y tres representantes del sector productivo. No se trataba, con esa integración, de ganar votaciones. En los anales del Consejo, en medio siglo, no hay un  solo caso en ese sentido. Lo importante ha sido, como principio, la diversidad y representatividad de opiniones de lo que puede ser, por antonomasia, una auténtica comunidad.

Quizá el cambio más radical tiene que ver con la desaparición de los cuatro organismos consultivos previstos en la Ley vigente: el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República y el Consejo Consultivo de Ciencias. Los dos primeros son una pérdida real, dada su representatividad y los servicios que habían venido prestando desde 2009. Los dos últimos perdieron presencia durante el sexenio pasado.

El efecto mayor, enorme, está en el Foro. Concebido en la ley vigente como un órgano autónomo y permanente de consulta, tanto del Poder Ejecutivo, como del Consejo General, y de la Junta de Gobierno (Art. 31), la misma disposición le otorga como papel principal el de: a) constituir la expresión de la comunidad; b) formular propuestas en materia de políticas y programas en el sector. Se integra por científicos, tecnólogos y representantes de organizaciones públicas y privadas conectadas con la ciencia y la tecnología. Además el Foro, en la ley, tiene una capacidad de operación ya que  el Conacyt debe otorgarle “los apoyos necesarios para garantizar(le) el adecuado funcionamiento . . .”. En suma: un papel estratégico dentro del sector.

Discrepancias frontales entre las titulares del Conacyt y el Foro llevaron a este organismo a solicitar la protección de la justicia federal, vía un Juicio de Amparo. Aún recibiendo un fallo favorable, el Conacyt ha sido remiso para entregar, entre otros elementos, las cantidades demandadas para su sostenimiento. Como ya se expresó, el Foro languidece y vive hoy sus últimos días, de aprobarse el Anteproyecto.

Conclusión. El sistema científico y tecnológico del país ha cumplido medio siglo de irse construyendo  paso a paso. Ha alcanzado resultados notables. México sería otro de no haber tenido los cientos de miles de becas que el Conacyt ha otorgado a los jóvenes profesionistas.  Las universidades, y toda la educación superior nacional, han logrado avanzar gracias al apoyo constante de ese organismo. Los legisladores tendrán un enorme desafío cuando el Anteproyecto quede en sus manos: conseguir que esa línea de evolución se mantenga, para lo cual es indispensable, absolutamente indispensable, contar con la participación decidida de la propia comunidad científica y humanística del país. Haber llegado a 36 mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores es una poderosa seña de identidad del avance tenido y la potencialidad que será fundamental en el futuro inmediato de México.