Por su complejidad requiere de una política pública multifactorial y proactiva, indicó José Antonio Álvarez León, con motivo del día internacional de la lucha contra esos fenómenos
Pocos países han enfocado el tema del combate a los estupefacientes desde la información y la educación; en América Latina hemos olvidado incorporar programas agresivos en el sistema educativo para alertar a los jóvenes acerca de las drogas, qué son, sus usos y cuáles son sus consecuencias, afirma en entrevista José Antonio Álvarez León, académico de la carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.
Aunque en los planes y programas de estudios cursan algunas materias relacionadas con la salud, los programas deben ser aún más incisivos, además de intensificar las campañas en los medios masivos de comunicación. “Si realmente nos interesan los jóvenes tendríamos que recordarles por las dos vías, la escuela y los medios, de manera permanente, el riesgo exponencial que conllevan la droga para su salud y su vida”.
Al referirse en entrevista al Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que se conmemora el 26 de junio, considera que también se necesita entender a las personas que tienen el problema de las adicciones, no discriminarlas y, por el contrario, brindarles atención.
En este contexto cabe señalar que en el prólogo del Informe Mundial sobre las Drogas 2023, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se indica que la estigmatización y la discriminación pueden ser letales, ya que las privan de la ayuda e invisibilizan los desafíos hasta que es demasiado tarde.
De acuerdo con el documento, el número de individuos que se inyectaron drogas en 2021 se estimó en 13.2 millones a escala mundial, 18 por ciento más de lo calculado anteriormente. Más de 296 millones las consumieron, lo que supone un aumento de 23 por ciento con respecto a la década pasada. Y el número de quienes padecen trastornos por esas sustancias se disparó hasta 39.5 millones, lo que supone un incremento de 45 por ciento en 10 años.
El Informe destaca cómo las desigualdades sociales y económicas impulsan los desafíos que plantean las drogas; la devastación ambiental y los abusos contra los derechos humanos causados por las actividades económicas ilícitas relacionadas; y el creciente predominio de las drogas sintéticas.
La demanda de tratamientos para trastornos relacionados continúa en gran medida insatisfecha. En 2021, solo una de cada cinco personas los recibía, además de que las disparidades en el acceso entre regiones son cada vez mayores.
En ese año se informó de la disponibilidad en el mercado mundial de 618 sustancias, de las cuales 87 se detectaron por primera vez. Sin embargo, el número de nuevas psicoactivas opioides se ha estabilizado, y el de análogos del fentanilo incluso ha disminuido ligeramente después de varios aumentos interanuales.
La población juvenil es la más vulnerable al consumo de estupefacientes y también la más afectada por los trastornos derivados de su consumo en varias regiones. En África, por ejemplo, 70 por ciento de las personas en tratamiento tienen menos de 35 años, se agrega en el Informe.
Perspectivas
Cuando se habla del tema de las drogas, refiere Álvarez León, adscrito al Programa de Derecho y Política Criminal en esa entidad académica, surgen diversas vertientes como la salud pública y adicciones; el tráfico ilícito y comercio; y el dinero. Esos ejes son la causa de que sea un problema de magnitud global.
Esta conmemoración se enfoca, a partir de los organismos internacionales, las organizaciones civiles y no gubernamentales, etcétera, a la salud pública y, en el contexto de los derechos humanos, a la no discriminación y maltrato que sufren las víctimas.
Además de padecer la enfermedad y que son maltratadas, tienen pocos accesos a la recuperación y a restablecer su vida, y entonces el problema se agrava. Surge así la necesidad de ayudarlos y reintegrarlos, pero no es fácil, reconoce.
Tampoco es sencillo combatir el flagelo porque se relaciona con otros delitos, como el tráfico de armas. Por su complejidad se requiere de una política pública multifactorial. Es importante la cooperación internacional para enfrentar este reto global; regulaciones genéricas, intercambio de información, incluso compartir políticas que en un lugar pueden funcionar y en otros no, pero sirven para establecer modelos y poner en marcha nuevos planes de atención.
Junto con la política proactiva, se necesita una verdadera persecución de criminales, con juicios transparentes y con penas efectivas y, por otro lado, medidas para ayudar a las víctimas, como tratamientos psicológicos con seguimiento, acciones preventivas.
En su resolución del 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General de la ONU decidió celebrar el 26 de junio esta efeméride para mostrar su determinación en reforzar la actuación y la cooperación para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del consumo de esas sustancias.
