La obra pone sobre relieve las acciones de gobierno que han dado pie a la militarización en México
Durante las últimas décadas, el desarrollo de los grandes proyectos que dan sentido al crecimiento económico capitalista del país han utilizado la fuerza militarcomo herramienta de control y dominio, lo que ha provocado profundas tensiones entre las actividades extractivas y las comunidades que han sido afectadas por estos mega proyectos, señaló la doctora Aleida Azamar Alonso al presentar el libro de reciente edición Disputa por los bienes naturales: militarización y fuerzas armadas en México.
Si se pone el énfasis en el análisis sobre los indicadores cuantitativos de la militarización, “veríamos que México no es un país que sobresale, a diferencia de otros como Perú, Brasil o Chile”, como lo refiere el capítulo dos del texto, de la autoría de la investigadora del Departamento de Producción Económica en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los indicadores cuantitativos consideran tres factores fundamentales: lo que se gasta en la milicia con respecto al producto interno bruto, la cantidad de militares que existen y las armas con que cuentan. En México ese gasto no es cuantioso, sin embargo, a nivel cualitativo el concepto de militarización tiene un peso mucho mayor.
La obra pone sobre relieve las acciones de gobierno que han dado pie a la militarización en México, así como la forma en que el Ejército se ha fortalecido poco a poco hasta desplazar a las fuerzas de seguridad locales en la protección de diversos megaproyectos extractivos. Se sabe que este fenómeno de militarización sucede en muchos lugares del mundo, pero esa investigación se centra en el caso de nuestro país.
En el capítulo dos del texto, Detrás de la avaricia por los bienes naturales: militarización silenciosa en México, se hace una revisión histórica de las intervenciones militares en los proyectos extractivos, que se intensificó durante la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón.
La lógica de explotación de recursos naturales para sustentar el crecimiento económico sigue siendo parte del objetivo de los gobiernos mexicanos, y cualquier protesta contra esto representa una amenaza para el Estado y para los dueños del capital. Las comunidades en resistencia representan un obstáculo para los intereses del Estado, que ha optado por prácticas militarizadas, lo que ha generado una escalada de violencia.
Este enfoque conlleva una serie de riesgos que deberían considerar que la militarización potencia la violación de los derechos civiles. Las fuerzas armadas están entrenadas primordialmente para enfrentar amenazas externas y en contextos de combate, no para interactuar con ciudadanos en situaciones cotidianas. Y estas intervenciones pueden resultar en abusos contra la población civil, en tensiones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violación de derechos humanos, etcétera.
Por ejemplo, en el proyecto Transístmico hay comunidades que se oponen a esa infraestructura y han sido violentados por personal militar o de la Guardia Nacional. “Lo que sucede es que se abordan los síntomas, no las causas”.
El libro plantea un cambio de paradigma en el que es necesario reconocer y respetar los derechos de las comunidades afectadas, demostrar formas de desarrollo más sostenibles y equitativas, que requiere diálogo, transparencia, voluntad de escucha, atender verdaderamente las preocupaciones de la población. En ese sentido el texto representa una herramienta esencial para entender la complejidad del problema y para reflexionar sobre las posibles soluciones.
Cecilia Perezgasga Ciscomani
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