La secrecía de las reuniones de la Junta de Gobierno es la causa del rumor y el desasosiego, de la invención y los chismes. Sin embargo, cuando las informaciones que se filtran se comienzan a reiterar, los universitarios tenemos oportunidad de estar alertas y vigilantes de sus acuerdos y componendas. Tal es el caso del presente, cuando al parecer se teje un acuerdo sostenido en argumentos leguleyos que buscan perpetuar el nombramiento del actual rector sin convocar al tradicional proceso de renovación de la rectoría. Se trata de hacer añicos la institucionalidad y de distorsionar las leyes a lo absurdo con tal de favorecer que una capilla de funcionarios se mantenga al frente de la UV, disfrutando de sus beneficios y canonjías.
Obcecados por el poder, el dinero y la red clientelar que beneficia a sus allegados, la actual capilla de funcionarios encabezados por el rector pareciera estar dispuesta a generar una crisis política sin precedentes, a destruir hasta sus cimientos la pobre y cuestionada legitimidad de la Junta de Gobierno y a romper el orden legal de la institución con tal de mantenerse en la nómina dorada, en la cual, por ejemplo, ¡el rector anda cobrando casi 180 mil pesos netos al mes!
El afán por perpetuarse en la administración central no tiene asidero académico ni se nutre por las prácticas y resultados de estos funcionarios, no se sostiene la pretensión de aspirar cuando se ha demostrado incapacidad y negligencia.
En la loma del Estadio están muy nerviosos y desesperados. Al parecer la inauguración de bodegas, comedores e instalaciones no es suficiente, tampoco lo son las chamarras personalizadas para los directores, menos aún funciona el asunto de los bailes y las fotos. Nada parece opacar los largos años de desidia, incapacidad, inoperancia y falta de compromiso con el desarrollo institucional de la administración que termina.
La educación ambiental, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la vida libre de violencia fueron puro rollo, parte decorativa de los discursos de los funcionarios, pero sin acciones concretas ni reformas que los convirtieran en prácticas institucionales.
Es evidente el abandono del MEIF, la ausencia de políticas de docencia, la incapacidad para reformar los planes de estudio, la enseñanza o la oferta educativa. Se distorsionó la educación continua. No se avanzó en la gratuidad. Miles de estudiantes universitarios están al margen de los programas federales y estatales de becas y la Universidad no ha hecho nada para apoyarles, salvo el exitoso, aunque pequeño programa de apoyo a estudiantes con vulnerabilidad. El posgrado fue un desastre con una conducción errática, ausencia de políticas de apoyo, y una pasiva pérdida de cientos de becas. La investigación y la producción artística continuaron inercialmente, no hubo una sola política de apoyo o fomento. La difusión cultural siguió sin rumbo y se mantuvieron las más perniciosas prácticas de antaño.
En cada facultad resuena el enorme fracaso de las llamadas aulas híbridas, que supusieron una inversión millonaria y no han funcionado. Nunca hubo un proyecto académico que las estructurara, fue una respuesta tardía a la pandemia y contradictoria con el llamado a clases presenciales; fue un gasto inútil, nunca sujeto a una auditoría académica. Padecemos de una regresión pedagógica en un entorno de anomia tecnológica.
Las autoridades actuales permitieron el desastre y no hicieron nada frente a la inoperancia de varios programas y sistemas institucionales de control administrativo y contable. Hoy la situación es incierta, los sistemas siguen fallando y no hay una alternativa confiable para su renovación.
Durante esta gestión, y contrario a las expectativas generadas inicialmente, aumentó la burocracia, se consolidaron puestos muy costosos e inútiles en la alta administración. En paralelo, se amplió el autoritarismo y la antidemocracia, el CUG se vació de la crítica y la disidencia: no hay más debate parlamentario y el control sobre los consejeros es absoluto. El talante autoritario de la gestión ha quedado de manifiesto con la clausura de centros y programas, con el rechazo de recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos, con la falta de atención sobre el acoso y el hostigamiento. Nunca la comunicación universitaria estuvo tan mal, con controles autoritarios y cada vez más desligados de los universitarios.
La incapacidad y la falta de liderazgo hicieron que la administración actual fracasara en el reclamo de un presupuesto justo de acuerdo con las leyes del estado, que establecen que la UV deberá tener un presupuesto irreductible y equivalente al 4 por ciento del presupuesto del estado. Tampoco fueron buenos administradores, pues cada año se han devuelto a las arcas gubernamentales millones de pesos que no se gastan o no se planea correctamente su gasto. No hay austeridad para los funcionarios, que disponen de recursos para favorecer el amiguismo y el compadrazgo, mientras que para los profesores y para los investigadores no hay apoyos.
Las glorias y éxitos institucionales no son de ellos. Nada hacen las autoridades para apoyar que los profesores ingresen o renueven su participación en el sistema nacional e investigadoras e investigadores. Nadie apoya, orienta o facilita la administración de proyectos de investigación, todo es mérito y esfuerzo individual, eventualmente sostenido por los cuerpos académicos.
Después de este breve e incompleto listado de fracasos, nada justifica que el actual rector se quiera reelegir. Por eso se tiene que ir con toda su administración. Por eso debe dejar de presionar a la Junta de Gobierno para que viole la ley y no exija los criterios de edad ahí establecidos, o para que viole el proceso y lo imponga.
La Junta de Gobierno está en la disyuntiva de aplicar la ley y convocar a un proceso participativo para la renovación de la rectoría o de violar los dispositivos institucionales que normalizan la elección del rector y actuar de modo autoritario. Si violan la ley y si tuercen el proceso habrán perdido toda legitimidad. Por eso sus integrantes deben considerar la honorabilidad de sus decisiones y el juramento de obediencia a la Ley Orgánica. No es recomendable que actúen de espaldas a la comunidad y se plieguen a los caprichos de una persona obcecada por el poder. Si no pueden con las presiones y los cochupos, deberían renunciar: los universitarios les exigimos que actúen con dignidad y defiendan la estabilidad de la Universidad.
Si la Junta de Gobierno se presta para un madruguete y acuerdan una imposición autoritaria con toda seguridad estallará un conflicto de proporciones y desenlaces insospechados. Es previsible una enorme crisis política y un conflicto legal muy complejo. Es seguro que las fuerzas vivas intervendrán con los intereses más siniestros y es posible que se invoque una intervención gubernamental. Todo ello poniendo en riesgo al principal proyecto cultural del estado de Veracruz que es la Universidad Veracruzana.
Miguel Casillas
Es licenciado en Sociología por la FCPyS de la UNAM, Maestro en Ciencias por el DIE-CINVESTAV-IPN, y doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C., se interesa por temas como la educación superior, historia institucional, políticas educativas y agentes educativos y profesores, estudiantes y TIC.
Es investigador en la Universidad Veracruzana y Coordinador del Doctorado en Innovación en Educación Superior del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana (CIIES-UV) del 10 de febrero del 2020 a la fecha.
