La nueva agenda para la educación superior

La agenda de políticas hacia la educación superior para el próximo sexenio es incierta. En Morena no hay una idea clara ni un proyecto para la educación superior nacional. De acuerdo con lo que experimentamos en este sexenio, predomina la demagogia y el uso de las becas estudiantiles para ganar legitimidad política. Si hay simple continuidad sin una revisión autocrítica sobre lo realizado, seguramente el modelo de ofertas precarias y de baja calidad educativa será el dominante. No hay señales claras sobre la construcción de un sistema educativo de excelencia.

La presidenta electa ha establecido que las prioridades en materia de educación superior serán replicar las universidades de la Salud y las Rosario Castellanos, y otorgar más becas estudiantiles. Todavía no es conocido el proyecto de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología pero puede ser muy significativo para la educación superior.

Si el nuevo gobierno favoreciera una perspectiva autocrítica, el modelo de las Benito Juárez debería ser revisado a profundidad para superar su condición precaria. Habría que fortalecerlas académicamente, dotarlas de institucionalización, de buenas condiciones de trabajo y articularlas al sistema de educación superior.

Las becas son un respaldo económico indispensable para los estudiantes, pero son insuficientes para lograr una experiencia escolar de excelencia si no hay un proceso de renovación de la enseñanza.

Las cosas que no se hicieron o no se terminaron en este sexenio conforman una agenda de temas que tendrán que ser resueltos. Está pendiente el sistema nacional de planeación de la educación superior, el sistema de evaluación y acreditación, y la creación de un sistema de información sobre la educación superior. Urge la regulación del subsistema privado. A diferencia del gobierno anterior, deberán elaborar a tiempo el plan nacional de desarrollo, el plan sectorial de educación, el programa nacional de educación superior e impulsar los planes estatales de educación superior, para que sirvan como referentes de orientación de las acciones públicas.

De la Ley General de Educación Superior faltan por cumplir los procesos de expansión de la matrícula estudiantil hasta universalizar la educación superior, y falta avanzar en la gratuidad de cuotas y servicios de las instituciones. Ambos objetivos principales de la Ley y enunciados como prioritarios de la acción pública no fueron suficientemente atendidos y representan el principal desafío para el desarrollo del sistema de educación superior.

También de la Ley se prefigura una transformación cualitativa de la educación superior con la actualización tecnológica de todos los planes y programas de estudio; la implementación de políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia de género; un enfoque de derechos humanos y de defensa y salvaguarda del medio ambiente; una educación para una cultura de la paz; la interculturalización del currículum y de las políticas institucionales, el fomento a la inclusión y la valoración de la diversidad cultural. Esta transformación cualitativa de la educación supone un amplio proceso de reforma de los planes y programas de estudio, pero también de las prácticas e interacciones y la reforma democrática de los reglamentos escolares. En nada de esto se ha avanzado suficientemente y son derroteros definidos por la Ley que no han sido alcanzados.

Hay también viejos problemas que se siguen arrastrando y todavía no encuentran solución. Es indispensable un rediseño de la carrera académica universitaria, avanzar en la profesionalización de los docentes, en la mejora de las condiciones laborales de los profesores por horas, en la renovación de las plantas de profesores, en su capacitación y su habilitación tecnológica. Sigue siendo necesario avanzar hacia un presupuesto multianual y es necesario su incremento para apuntalar las políticas de renovación académica. Deberíamos superar la época de la alta burocratización y del control autoritario del gobierno de las instituciones para transitar hacia formas democráticas y participativas, hacia procesos modernos de gestión y la desburocratización de las organizaciones. La reforma democrática de las organizaciones sindicales universitarias sigue estando pendiente.