La educación superior intercultural: crecimiento y crisis de identidad

Todavía no se refleja la matrícula de las cuatro nuevas universidades interculturales creadas desde el año pasado, además de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), que inició clases en octubre, en la capital del país. Si bien la ULIM no pertenece al subsistema de las UI, comparte su misión de fortalecer las lenguas y culturas indígenas. Las instituciones priorizan a los 68 grupos originarios, así como a afrodescendientes y miembros de otras comunidades marginadas. Además, las mujeres representan 63 por ciento de la matrícula de las universidades interculturales —una cifra muy por encima del 54 por ciento que representan en las universidades en general—.

Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la inversión en la educación superior intercultural es una muestra de su lema “primero los pobres”. Al igual que la creación del subsistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y la expansión del sistema de becas universitarias, se busca ampliar el acceso a la educación superior para grupos desfavorecidos. No se habían visto ritmos de crecimiento así en el subsistema desde el periodo 2003-2011, cuando se construyeron las primeras 11 universidades interculturales, la mayoría en regiones con grandes poblaciones indígenas. En esta nueva etapa, han surgido en estados menos esperados, como Guanajuato y Colima, junto con Baja California, Sonora, Tlaxcala y Campeche, como parte de una política del gobierno federal de “interculturalidad para todos”.

No obstante, el modelo intercultural enfrenta fuertes tensiones y retos, incluyendo la falta de autonomía institucional, la escasez de recursos (económicos y humanos), la intromisión de los partidos políticos, el desfase entre el currículo y el mercado laboral, acusaciones de corrupción y —como si no fuera suficiente—, la poca claridad en torno al modelo intercultural. Como resultado, estas instituciones enfrentan una crisis de identidad, y deben justificar su propia existencia en un contexto de “austeridad republicana”.

¿“Limitadas por decreto”?
De las 17 universidades interculturales solo 2 cuentan con autonomía institucional. La primera y más grande de ellas, la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), contó con 7,619 estudiantes inscritos en 2022-2023. La UAIM fue establecida en 2001 en el estado de Sinaloa, previa a la creación de las universidades interculturales, y se incorporó al subsistema en 2005. La otra es la Universidad Veracruzana Intercultural, que contó con apenas 326 alumnos el año pasado y que funge como un programa dentro de la Universidad Veracruzana.

Las demás instituciones del subsistema operan como universidades descentralizadas del estado, un estatus que limita fuertemente su margen de maniobra. Estas reciben la mitad de sus recursos del gobierno federal y la otra de los estados en donde se ubican, donde los gobiernos estatales ejercen un fuerte control sobre sus operaciones diarias.

Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los rectores son nombrados por el gobernador del estado respectivo y suelen ser escogidos más por sus credenciales políticas que sus conocimientos sobre el modelo intercultural. Para el especialista Sergio Hernández Loeza, las instituciones fueron “limitadas por decreto”, con tal de evitar que se convirtieran en bastiones de resistencia indígena.

Por otro lado, se ha criticado la escasez de rectores y otros altos funcionarios cuya procedencia sea de pueblos indígenas. No obstante, está situación está cambiando. Actualmente, rectores indígenas encabezan las universidades interculturales de Baja California, Campeche, Estado de México y Sonora, además de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México.

¿Esquizofrenia curricular?
Además de los retos anteriores, existe una fuerte polémica en torno al currículo de las universidades interculturales. Según sus misiones institucionales, las UI ofrecen carreras “interculturales” que promueven el rescate y fortalecimiento de las culturas y comunidades indígenas. Los primeros programas de este tipo fueron diseñados por la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, e incluyen Lengua y Cultura, Turismo Sustentable y Comunicación Intercultural. Después surgieron programas como Salud Intercultural, Economía Social, Derecho Indígena, Agroecología, y Educación para la Paz, entre otros.

Sin embargo, algunas de las UI ofrecen programas que parecen tener poco que ver con el enfoque intercultural. Tal es el caso de la UAIM, en Sinaloa, en donde la mitad de las carreras son convencionales —como Derecho, Contaduría y Turismo Empresarialv y la mayoría de los alumnos estudia en línea. Otra es la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, que ofrece Administración Informática, Derecho, Ingeniería Industrial y Administración Pública Municipal, además de programas con enfoque intercultural.

Entre estas universidades resalta la Intercultural del Estado de Chiapas, que causó polémica al optar por la carrera de Médico Cirujano en vez de Salud Intercultural, argumentando la escasez de médicos alópatas en el estado. No obstante, la mayoría de los inscritos en el programa no son indígenas, sino mestizos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, según un profesor que pidió permanecer en el anonimato. Él explicó que los estudiantes indígenas suelen provenir de comunidades más pobres y no logran cumplir con los requisitos académicos del programa, mientras que los estudiantes de medicina ocupan un espacio de privilegio dentro de la institución. Ante esto, ¿podría ocurrir lo mismo con la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, que acaba de incorporar la misma carrera?

Para algunos críticos, la decisión de incorporar carreras convencionales amenaza la misión intercultural. Para otros, sin embargo, las universidades deben tener la libertad de diseñar su propio currículo, con base en las demandas e intereses de las comunidades locales.

Universidades “desde abajo”
Además de las universidades interculturales, que fueron creadas “desde arriba”, también existen numerosos proyectos alternativos de educación superior intercultural que surgieron “desde abajo”; es decir, desde las propias comunidades indígenas y la sociedad civil. Estas iniciativas –que van desde pequeños programas comunitarios hasta universidades– surgieron en oposición al modelo oficial, que ven alejado de sus comunidades. La más grande de ellas es la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), que contó con 1,010 estudiantes en 2022-2023 distribuidos en, por lo menos, 14 sedes en el estado. También está la Universidad Campesina Indígena en Red (UCIRED), en Puebla, con 263 alumnos de licenciatura y posgrado. Por último, la Universidad de los Pueblos del Sur, en Guerrero (UNISUR), que ha producido más de 700 egresados en 16 años de existencia, pero aún no cuenta con reconocimiento oficial.

En los tres casos, las universidades han tenido que batallar por su sobrevivencia frente a la falta de apoyos, e incluso, campañas de hostigamiento por parte de las autoridades. Mientras que la UACO enfrentó un juicio en la Suprema Corte, la UNISUR prácticamente dejó de existir, al no lograr su registro en el estado. Por su parte, la UCIRED tuvo que modificar su modelo horizontal –incorporando tutores con doctorado y tesis formales, entre otras modificaciones–, a cambio de emitir títulos de posgrado. En efecto, las universidades alternativas enfrentan un dilema fundamental: adecuarse al modelo hegemónico de universidad y sacrificar su misión intercultural, o innovar y dejar de existir.

Las universidades interculturales “oficiales” también enfrentan una especie de pacto con el diablo: si incorporan carreras convencionales, bajo el supuesto de mejorar las posibilidades de sus egresados en el mercado laboral, se arriesgan a perder su razón de ser. En suma, ambos tipos de instituciones enfrentan enormes retos al generar alternativas al modelo de universidad que ha predominado durante mil años.