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La confiscación de la Universidad de las Américas Puebla

Es difícil que esta violación a la autonomía universitaria produzca resultados positivos en materia educativa y para la vida institucional

El 29 de agosto fue intervenida, con apoyo de fuerza pública armada del estado, la Universidad de las Américas Puebla. Se desalojó a las autoridades, estudiantes, académicos y trabajadores de las instalaciones y se procedió a la requisa del material documental para facilitar, según se dijo, la auditoría de los bienes de la universidad, así como la inspección de movimientos financieros y administrativos. Más tarde se informó que esta intervención derivaba del cumplimiento de una orden judicial de origen federal que, a su vez, fue instrumentada por el juez segundo civil del distrito judicial de Cholula.

El segundo paso de la operación fue la cancelación del patronato universitario y el nombramiento de uno nuevo. El patronato de la Fundación UDLAP estaba integrado, al momento de la intervención judicial, por Margarita Jenkins De Landa (presidenta), Juan Carlos Jenkins De Landa (vicepresidente), María Elodia Jenkins De Landa (vocal), Oscar Michel Márquez (vocal) y Antonio Pérez Fonticoba (secretario). El nuevo patronato fue designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privadas (), órgano desconcentrado del gobierno del estado, con los siguientes nombres: Horacio Magaña Martínez (presidente), Pablo César Jiménez Ruano (vicepresidente), Ernesto Luna Parra (vocal), Luis Gabriel Oaxaca Bermejo (vocal) y Adalberto Ramos Huerta (secretario), ninguno de ellos egresado de la UDLAP o académico de la misma.

Desde hace varios años, los herederos del legado filantrópico de William O. Jenkins habían decidido cancelar la Fundación Mary Street Jenkins, organización que dio lugar a la UDLAP y que se encargaba de su administración, establecer en su lugar la Fundación Universidad de las Américas Puebla, conservando en ella los puestos del patronato universitario, y movilizar los activos hacia una nueva fundación, denominada Fundación Jenkins con sede en Zapopan. Uno de los miembros de la familia, Guillermo Jenkins de Landa, inconforme con esa decisión, promovió una demanda en contra de los integrantes de la fundación acusándolos de incumplir la voluntad del testador así como de buscar beneficios particulares con patrimonio acumulado mediante diversas transacciones financieras.

Al cabo de un largo proceso judicial, con incidentes que no es necesario detallar aquí, en mayo de 2020 “la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la ilegalidad de la operación, dado que los principales beneficiarios de ese donativo fueron integrantes y socios de la propia familia Jenkins.” (“Los Jenkins, la familia poblana prófuga por una jugosa herencia”, El Sol de Puebla, 30 de junio 2021, nota de Víctor Hugo Juárez). Según Proceso, el 12 de junio de 2020, Juan Ramos López, subprocurador de la Fiscalía General de la República, resolvió revocar el no ejercicio de la acción penal por el caso y ordenó reabrir la investigación contra la familia Jenkins y el patronato universitario (“Alejandro Gertz, enredado en la disputa por la Universidad de las Américas”, Proceso, 10 de julio de 2021, nota de Juan Omar Fierro). Así las cosas, todo parecía indicar que Guillermo Jenkins Landa, promotor de la demanda, resultaría beneficiado con esa resolución.

Sin embargo, según declaró Carlos Serna Rodríguez, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, “su cliente es ajeno a las acciones contra la UDLAP y nunca fueron notificados del cambio de patronos en ambas fundaciones.” (e-Consulta, 4 de julio de 2021). ¿De dónde entonces provino la decisión de actuar sobre la UDLAP de esa manera y buscar modificar las bases de su operación?

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, en conferencia de prensa, explicó, con fino vocabulario, que “no se harán acuerdos sobre privilegios ni se solaparán beneficios cuantiosos como lo hicieron en el pasado (…) No habrá acuerdos con ellos (los Jenkins) hasta que regresen el dinero a Puebla, los 750 millones de dólares, hasta que no regresen los bienes para que la fundación siga siendo una gran fundación, los patronos se pueden mover ¿o qué quieren, un gobierno que siga viendo las chingaderas que se hicieron?, pues yo no, ni hago desmadres ni chingaderas, las que las hacen son ellos” (El Sol de Puebla, 7 de julio de 2021).

Tómese en cuenta que la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla faculta a la JCIAP para tomar control de los patronatos de aquellas instituciones que incumplan determinados preceptos de la norma. Esta es, al parecer, la base legal del reemplazo de patronato que se ha cumplido. Sin embargo, la reciente decisión de nombrar un nuevo rector al frente de la UDLAP (Armando Ríos Piter, guerrerense, ajeno a la UDLAP, previamente senador por el PRD y luego por Morena), aunque en principio es facultad del patronato, transgrede ostensiblemente la normatividad de la institución universitaria: “El Rector será nombrado por el Patronato de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla de entre los candidatos propuestos por el Consejo Empresarial. Los candidatos serán seleccionados por el Consejo Empresarial mediante la creación ex profeso de un Comité de Búsqueda del Rector, que deberá contar entre sus miembros con representantes de la comunidad universitaria y quienes el Consejo Empresarial estime conveniente” (Estatuto Orgánico de la UDLAP).

Al hacerlo así, se violenta uno de los derechos de las universidades particulares sancionado por la Ley General de Educación Superior, que indica que “a las instituciones particulares de educación superior se les reconoce la libertad para definir su modelo educativo, así como su organización interna y administrativa (…). (LGES, artículo 68). Por supuesto, el nombramiento de rector forma parte del régimen de organización interna de estas instituciones.

Es imposible que la virtual confiscación de la UDLAP produzca resultados positivos en materia educativa y para la vida institucional. No se ha tomado en cuenta a la comunidad académica, a los estudiantes ni a las familias. Al contrario. Y al gobierno local parece interesar, únicamente, el dinero de la fundación Jenkins. Es una verdadera calamidad.

Acerca del autor

Roberto Rodríguez Gómez
UNAM Instituto de Investigaciones Sociales | roberto@unam.mx

1 comentario en «La confiscación de la Universidad de las Américas Puebla»

  1. Vaya, hasta que alguien dice lo que verdaderamente pasa. La universidad no tiene que ver con el conflicto, que metan a la cárcel a quien deban y a la universidad la dejen en paz. Pero no lo hacen, y el por qué está claro en cada berrinche del nene consentido, alías Barbosa.

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