La semana pasada se abordó en este espacio un conjunto de indicadores de Ciencia y Tecnología, dentro de la región correspondiente a América Latina y el Caribe (ALyC), con base en un estudio realizado por la Organización de los Estados Iberoamericana (OEI) y la Unesco, el cual abarca el decenio 2014-2023. En los siete indicadores escogidos por su relevancia, se hizo una especial referencia a los que, a su vez, tiene nuestro país. Lo descrito en la primera parte de la semana pasada, como diagnóstico parcial, sirve de base para, ahora, formular varios comentarios al respecto.
Una observación inicial es que, de los siete indicadores referidos, México tiene avances en cuatro de aquel conjunto, pero retrocesos en tres de ellos, particularmente en aquellos relacionados con el financiamiento a esa área específica del desarrollo nacional.
Si bien nuestro país ocupa el lugar doce o trece dentro de la economía mundial (solo superado por Brasil dentro de la ALyC), sus alcances en materia de ciencia, tecnología e innovación resultan discordantes. No obstante ser el país que más gasta en tecnologías (8 mil 600 millones de dólares en 2023, de acuerdo con el instrumento paridad y poder de compra ya referido antes), después de Brasil (53 mil), en el decenio estudiado tuvo un descenso de 9 por ciento.
No obstante, ese bajo financiamiento en materia de recursos humanos, México tiene en sus indicadores uno de cal y otro de arena. El positivo se da cuando se observa cómo dos aspectos de la política del sector han sido decisivos para el tercer sitio que México tiene en el número de investigadores (76 mil), aventajado por Brasil (medio millón) y Argentina (99 mil). Este aspecto tiene que ver con dos instituciones: la Fundación del Conacyt, 76 años atrás, así como el establecimiento del SNI en 1984. Con momentos de excepción, ambos han sido sumamente positivos en los años de su operación.
El aspecto negativo se observa a través del indicador “número de investigadores por habitante”. Se trata, como puede observarse, de un enfoque de equidad. En esto, nuestro país ocupa un lugar secundario: del noveno puesto en 2014, se pasó al séptimo en 2023 (con 66 dólares). Inclusive, Brasil (252) y Argentina (176) lo superan ampliamente.
A todo lo anterior debe añadirse el obstáculo que representa la ley vigente en esta materia (Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación), de mayo de 2023, para un cabal desenvolvimiento del sector. Como aquí se dijo la semana pasada, tal legislación (todavía pendiente de resolución judicial) significa un retroceso en materia de gobernanza (una Junta Directiva integrada por 15 Secretarías de Estado); representatividad (no tienen presencia en esa Junta las entidades federativas, se trata de una ley general, ni las entidades académicas); compromiso financiero (desaparece la obligación del Estado para financiar con el uno por ciento del PIB al sector).
Conclusión: La comparación que inevitablemente se desprende de la OEI-UNESCO pone de relieve la posición vulnerable para una meta como la incorporada ya al Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología relativa a “convertirse en una potencia científica y tecnológica”. Para ello, tendría que producirse un cambio radical en la política del sector, en cinco años, el cual estuviese avalado por una asignación extraordinaria de recursos financieros. Se trataría de un incremento que consiga, en los hechos, lo que se tuvo hasta 2014. Desde esta fecha, el sector ha ido a la baja. El propio Programa Sectorial no cierra los ojos sobre esto: con todas sus letras en ese documento rector se afirma que “México es la nación que menos invierte… entre los países de la OCDE, con apenas el 0.26 por ciento del PIB…” ¡Diez veces menos que el promedio de aquella organización!
De la comparación entre países se desprenden también aspectos relevantes en la formación de recursos humanos, no obstante, la falta de atención en materia de financiamiento, situación que se extiende ya a tres sexenios consecutivos. Aparte de que el entorno económico no es favorable, pareciera que seguirán predominando las prioridades sexenales antes que las constitucionales.
Los grandes proyectos del sexenio en este ámbito (particularmente el denominado Coatlicue, con la construcción de una supercomputadora de seis mil millones, más la creación del Centro Mexicano de SuperCómputo y el Claustro Nacional en esa misma materia) deben tener un seguimiento preciso y un financiamiento suficiente y oportuno. Todo eso sin demeritar, o reconstituyendo, programas y proyectos permanentes como SNI, Centros Públicos de Investigación, Programas de Posgrado y otros.
Posdata 1: El proyecto Coatlicue se está realizando conjuntamente con la Universidad Tecnológica de Barcelona. En el documento de la OEI-UNESCO, dentro del dossier incluido, aparece un texto de Alba Cervera Lierta (“Computación cuántica en el Barcelona SuperComputing Center”), el cual da avances sobre lo que se está trabajando en materia de supercómputo, así como se describe la configuración y potencialidades de dicho centro.
Posdata 2: Tres textos recientes, aparecidos en este espacio (27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre), amplían o precisan una parte de todo lo aquí expresado.
Carlos Pallán
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
