Tras la continuación de la audiencia de los tres universitarios detenidos en Puente Grande, que fue realizada de manera privada, el pasado martes 10 de enero el juez Felipe de Jesús Rivera determinó la libertad de los estudiantes Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas, quienes seguirán el proceso de juicio en libertad.

El Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que los días de resistencia lograron su objetivo al ser puestos en libertad Javier, Iván y José.

“No hay nada qué festejar porque esto nunca debió de suceder; pero de corazón, gracias a la sociedad, instituciones y partidos políticos que se sumaron a esta gran defensa”, declaró.

Dijo que, sin duda, apelarán porque se les dictaron medidas cautelares (que implican ir a firmar cada mes y no acercarse al espacio púbico en cuestión), además de que dentro de cuatro meses deberán de presentarse a una nueva audiencia. La vinculación a proceso, agregó, no es correcta tampoco, pero indicó que hoy el objetivo era uno: lograr que salieran en libertad.

Compartió que la decisión de hacer las audiencias de manera privada representó una mala señal para proceder sin transparencia en el proceso de estos jóvenes luchadores sociales.

“Tengo esperanza de que el juez haya aprendido la lección: no se puede actuar así en México, porque cuando el Estado de derecho tiene que imponerse, alguien lo hará y el gobierno federal hoy está listo para que en Jalisco no prospere esta arbitrariedad”, subrayó Villanueva Lomelí.

Enfatizó que se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez por la prisión preventiva oficiosa dictada a los tres estudiantes y que atribuyó, además, a una medida dictada por el Gobernador Enrique Alfaro. “Este encarcelamiento fue mandado desde Casa Jalisco”, puntualizó Villanueva Lomelí.

Lamentó que el Gobierno de Jalisco y sus allegados intenten sustentar que la universidad dio el aval a los procesos de compra-venta del predio en Huentitán, cuando lo que realmente se firmó fue el aval de la conformación de un Comité de seguimiento y observación de dichos procesos, el cual estaba integrado por distintas representaciones de otras universidades y el cual nunca fue convocado.

Previo al inicio de la audiencia se presentó personal del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que Villanueva Lomelí consideró como un signo de sensibilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Presidente de la república mostró que es un luchador social que sí entiende la calle, que él se construyó en la lucha social, porque la diferencia de un luchador social y un delincuente es que el luchador rompe la norma por una causa pública, y el delincuente la rompe por una causa privada”, agregó.

Reconoció también el respaldo del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de los partidos políticos: Futuro, Hagamos, PRI, PRD, Morena, Verde Ecologista, PT y algunos miembros del PAN.

“La clase política nacional hoy repudió el autoritarismo de Enrique Alfaro y eso nos da la tranquilidad de que, cuando las instituciones se corrompen, cuando las instituciones se acaban, hay otros poderes, y siguen siendo de la lucha ciudadana que genera los equilibrios”, compartió el Rector General

El abogado de esta Casa de Estudio, Juan Carlos Guerrero Fausto, dio a conocer que “el juez desestimó la falsa acusación de los ministerios públicos y lo asesores jurídicos de que los imputados tenían armas; nos dieron la razón de que no había pruebas suficientes para acreditarlo, de que las únicas armas con las que los estudiantes de la universidad ingresaron, si es que ingresaron a ese predio, fueron la razón, la resistencia y muchos arbolitos”.