Regla de tres 867

Carlos Reyes
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El complejo entorno financiero nacional e internacional aumentan la dificultad de hacer realidad la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior

Sin sorpresas. Como era de esperarse, porque así lo proyectaban las estimaciones presupuestales y el complejo entorno financiero nacional e internacional, la tan anhelada y promovida gratuidad y obligatoriedad de la educación superior en México, entró en colisión con la realidad y las verdaderas necesidades del sector. En el papel, todo luce muy a modo, una legislación que tiene muy buenas intenciones y que beneficiaría a miles de jóvenes enfrenta un escenario sin recursos y eso la coloca, al menos en el corto plazo, como letra muerta. Las universidades públicas no tienen capacidad ni fondos para atender, por sí solas, esas disposiciones constitucionales. Si las autoridades pretenden que ellas asuman los costos de estos preceptos, es lanzarlas al vacío, sin razón y sin mucho sentido. Lo más aceptable era que el gobierno federal hubiese destinado dinero suficiente para hacer frente, desde ahora, a un reto que es de enormes dimensiones.

Sin mucha esperanza. Modificar estos lineamientos parece casi imposible. Las peticiones de los rectores no son nuevas. Ellos lo plantearon desde un inicio, desde que la discusión en torno al tema comenzó a cobrar fuerza y se instaló en el imaginario legislativo. Hablaron de asignar recursos a este planteamiento. Más de un año después, no hubo eco en el gobierno federal. Desde la Secretaría de Hacienda no se contempló a la gratuidad y la obligatoriedad como una de las prioridades, como tampoco lo es la educación superior en su conjunto. Las estimaciones y los deseos de los rectores distan mucho de los parámetros fiscales que van más a proyectos que no tienen ni la calidad ni la solidez que han demostrado las universidades públicas estatales. De nuevo, hace unos días, se escucharon de nuevo las peticiones. Sin recursos, imposible avanzar en este terreno.

Con alcance limitado. Aunque los legisladores de todos los partidos estén en la misma línea, la reasignación de recursos, si es que la hay, va a ser a cuentagotas. Los millones que alcancen a caer en la alforja de la gratuidad no servirán de mucho. Porque se trata de un proyecto ambicioso y de gran impacto. Otorgarle dinero solo para la anécdota, es insuficiente. Lo advirtieron los especialistas y lo reiteran ahora los rectores. Y ya no hablemos de otros ajustes en el presupuesto que tendrán que hacer en los próximos meses para saldar compromisos salariales y laborales para cerrar el año sin mayores sobresaltos. Tampoco se ve por ningún lado la intención de contar con fondos extraordinarios. La pelea por los recursos será, en esta ocasión, mucho más ríspida y dura. Los legisladores entran en el último año de labores y de nuevo a empezar de cero. Y muchos rectores recorrerán los pasillos de San Lázaro por última ocasión. Muchos dejan el cargo y vendrán nuevos actores. Lo poco que pueda negociarse para llevar a cabo lo que se pretende en el actual sexenio en materia de cobertura, vive días inciertos.

Lo que dice la ley. Veremos entonces si en los próximos días se logra cubrir, de manera convincente y suficiente, con aspectos como el incremento de la cobertura de educación superior, la mejora de la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa, así como garantizar el financiamiento plurianual de la infraestructura, equipamiento, instalaciones, incremento de la planta docente y gastos de operación de las instituciones públicas de educación superior. Al menos así lo marca y lo establece la ley que ya está en el Senado de la República. El compromiso es claro también en la legislación: no afectar las finanzas de las universidades públicas del país. Que la voz de los rectores, entonces, sea más decisiva y se escuche con fuerza. Ellos han trabajado de lleno en este tema desde hace varios años y a ellos es a quienes se tiene que escuchar con detenimiento, paciencia y atención.

Alternativas a la mano. Por lo pronto, el tema de gratuidad debe compensar los ingresos que reciben las instituciones de educación superior por conceptos como inscripción, reinscripción, cuotas escolares ordinarias, pagos de exámenes extraordinarios y otros servicios escolares. Que no se quede esta legislación a medio camino como ocurrió con la educación preescolar hace algunos años. La Constitución habla de una obligatoriedad que, en muchos rincones del país, e incluso en la zona metropolitana de las grandes ciudades, no se cumple a cabalidad por muchos factores que tienen que ver no solo con el tema financiero, sino con las condiciones sociales de las familias, algo en lo que no se ha puesto énfasis. Un esquema que se tiende a repetir, ahora, en la educación superior.

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