Podcast CAMPUS
Al aire

Estado de derecho: ciencia y tecnología / II

La falta de una política en materia de ciencia y tecnología parece ser lo que detonó el conflicto entre la FGR y el Conacyt

Un resumen de lo aquí expuesto la semana pasada, en torno a los cuatro delitos imputados por la Fiscalía General de la República al grupo de los 31 científicos y exfuncionarios, es el siguiente:

  • El contenido de las acusaciones pugna severamente con garantías individuales consignadas en la Constitución, de ahí que las peticiones de esa entidad autónoma no hayan sido atendidas, en dos ocasiones, por el Poder Judicial; b) no obstante, servidores públicos diversos, y aún el titular del Poder Ejecutivo, han reiterado sus dichos como si se tratara de una cosa juzgada; c) la contradicción evidente es que los 31 no han sido sometidos a proceso y están viviendo un desprestigio y escarnio públicos que les lesiona gravemente.

El telón de fondo de todo este affair
—como también se dijo— es una especie de falla sistémica identificada con la inexistencia de una política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI). En los casi tres años transcurridos del gobierno federal actual, la gestión en esa materia ha sido casuística, producto de decisiones repentinas de las autoridades y al margen o contradictorias con lo establecido en la Constitución y leyes relativas a ese mismo sector.

Así, entre lo “casuístico”, son mencionables los siguientes ejemplos: a) la extinción de 91 fideicomisos relacionados con fondos para la investigación y con los Centros Públicos de Investigación; b) la cancelación del estímulo económico a miembros del SNI adscritos a universidades privadas, no obstante la suspensión de la medida resuelta por un juzgado federal, afectando con ello a un buen número de instituciones de educación superior; c) la reducción de la cantidad de titulares de las Cátedras Conacyt, obligándoles, además, a obtener por su cuenta una plaza en una institución de educación superior; d) la cancelación de los recursos que, según la Ley de Ciencia y Tecnología, debió habérsele entregado al Foro Consultivo, medida desaprobada también, en su momento, por el Poder Judicial.

Ante este tipo de situaciones es menester reiterarlo: México es, constitucionalmente, “una República representativa, democrática, laica y federal” (Art. 40). Sin embargo, en el trasfondo del conflicto con los 31 resulta que un gran número de servidores públicos, tanto autoridades unipersonales o colegiadas, han incurrido en las conductas, “acciones u omisiones”, señaladas como “responsabilidades” (administrativas), tal como lo prevé el Artículo 108 Constitucional.

Así, cuando se asevera que el trasfondo de todo este conflicto es la inexistencia de una política en CTI, quiere decir que: a) el titular del Ejecutivo no envió al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo que contuviese todo lo que se prevé en la Constitución y en la Ley de Planeación; b) el Congreso aprobó lo enviado, no obstante esa evidente omisión; c) el Programa Sectorial o Especial correspondiente (Peciti), tiene ya un atraso de 19 meses en que debió haber sido expedido, cabiéndole la responsabilidad de ello al Consejo General del Conacyt y a la Secretaría Ejecutiva del mismo, depositada en la Dirección General del organismo; d) a todo esto se agregaría que la reforma al Artículo Tercero Constitucional (de mayo de 2019) indicaba, en su sexto transitorio, que el Congreso de la Unión debería expedir una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación “a más tardar en 2020”, sin que esto haya sucedido hasta ahora.

Ese tipo de situaciones señalan incumplimientos y responsabilidades. Sin embargo no sucede nada ni parece haber consecuencias; por ello se carece de una política en materia de ciencia y tecnología. Parece pertinente recordar que un Estado de derecho, en su acepción más sencilla, es un Estado “cuyo poder y actividad están centralizados en la Constitución y en las leyes”. Entre sus características se encuentran: a) erigir a la ley como valor supremo; b) considerar la igualdad de todas y todos ante la ley; c) tener establecida una separación de poderes; d) instaurar y practicar un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

Conclusión: No haber definido dicha política de acuerdo con lo previsto en la Constitución y leyes correspondientes (Ciencia y Tecnología, Planeación, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras) ha gestado un conflicto cuya resolución, en el marco de un país que se debe regir por normas, seguirá siendo una demanda justa.

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

Deja un comentario


newsletter
campus

Recibe directamente en tu correo electrónico la edición semanal de Campus con los artículos de opinión más destacados sobre el sector educativo y los temas de coyuntura nacional e internacional.

Bienvenido

Contenido exclusivo para suscriptores

CAMPUS

Ingresa a tu cuenta

Regístrate a Campus

Contenido exclusivo suscriptores

Modalidad en línea

  • Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos

ESTAMOS PARA SERVIRTE

Mándanos un mensaje para atender cualquier apoyo que necesites sobre el sitio Campus, el suplemento semanal, nuestros productos y servicios.

25 años de experiencia realizando evaluaciones computarizadas

Examen de Competencias Básicas de Egreso
(Excoba/Egreso)

Evalúa con precisión aprendizajes que son esenciales al término de la educación básica y de la Educación Media Superior

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
A %d blogueros les gusta esto: