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El SNI: ¿cambios sustanciales o superficiales?

Entre reformas cosméticas y otras que podrían generar tensiones, muchas de las fallas estructurales del sistema han quedado incólumes.

Otra vez, el SNI está en la mira. Ocurre siempre que sus autoridades revisan sus reglamentos. Lo hicieron sucesivamente para orientar una evaluación artesanal, luego una formalizada mediante criterios de medición de productividad y, finalmente, una alineada sobre una ciencia mainstream e indicadores indirectos de calidad (ranking de revistas y factor de impacto). En cada ocasión, los académicos debatieron su papel en la organización de su profesión, la adecuación de sus dispositivos de evaluación a las tradiciones epistémicas de las disciplinas y su referencial, a saber el homo academicus individualizado.

Tomando en cuenta esos antecedentes, ¿qué está ocurriendo ahora, en esa enésima polémica sobre el SNI?, en una circunstancia en la que quienes opinan enfatizan alternativamente cambios o continuidades en los reglamentos. Antes de distinguirlos, puntualicemos que, temporalmente, la propuesta de reglamento 2021 siguió de cerca la anterior modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21/09/2020. ¿Será esa nueva versión, aprobada el 3 de marzo de  2021, un intento por esclarecer nociones presentadas de manera tautológica en 2020 o expresará un goteo normativo-burocrático? Independientemente de la interpretación, el rápido ritmo de producción normativa se inserta en un contexto marcado por la degradación de la relación entre el Conacyt y sectores de la comunidad académica ante reformas orientadas a ampliar las atribuciones de ese organismo, coordinador y regulador del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Entre los cambios positivos en los reglamentos 2020 y 2021 respecto del 2018, destaca la incorporación de variables de inclusión. Mujeres que parieron, familias adoptivas, enfermos graves o personas que confrontaron cuestiones familiares difíciles pueden solicitar la extensión de su nombramiento. Igualmente, sobresale una preocupación por informar mejor a los sustentantes de la decisión que les concierne, aun cuando las agobiantes condiciones de trabajo de las comisiones dictaminadoras y la expansión de la membresía del SNI no son propicias al alcance de ese objetivo.

Entre las reformas, susceptibles de agravar las tensiones entre investigadores y autoridades del Conacyt, por otra parte, destacan la derogación de ciertos artículos (por ejemplo, el 2, apartado XIII que definía la investigación, en sus vertientes básica y aplicada) o el acotamiento de márgenes de elección de los integrantes del SNI: así, el anteproyecto de reglamento 2021 acota la designación de “beneficiarios” del apoyo, en caso de fallecimiento del titular,  a hijos (según edad y condición de estudios) y pareja o dependientes económicos. Limita el periodo de recuperación, por ese motivo, de cualquier beneficio provisto por el SNI a cinco años, aun si el nombramiento del titular es por 10 años y quedan 8, al momento del deceso.

Respecto de lo legal, aunque los anteproyectos de reforma de la educación superior y del Conacyt sólo se refieren brevemente al SNI, contienen posiciones que afectarán su funcionamiento. Una de esas afectaciones deriva del énfasis en la vinculación entre la producción de conocimientos y el “acceso universal al conocimiento”. La insistencia en esa interacción implica una redefinición de las obligaciones profesionales del investigador y una asignación de roles que no forzosamente caben en su legítimo ámbito de intervención. Los investigadores son productores altamente especializados de conocimientos, sujetos a disposiciones restrictivas de propiedad intelectual. ¿Cómo conciliar esa obligación con una exigencia, política, de contribuir a dicho acceso universal?  La recomendación de no « pasar por alto lo establecido en la Ley de Derechos de Autor, Ley de Propiedad Intelectual y demás legislación aplicable » es notoriamente insuficiente como respuesta u orientación.

Otro tema candente concierne a la ligazón deseada entre las investigaciones, una política de Estado, el «interés público nacional » y el desarrollo de las capacidades nacionales. Esas nociones son polémicas en tanto se teme que orillen a restringir (o a autorestringir) las líneas de indagación o desalienten a los científicos a inclinarse a la investigación básica.

En suma, algunos cambios son sustanciales, aunque no sorprendentes ya que reiteran las prioridades expresadas por la directora general del Conacyt en múltiples ocasiones. Otros son cosméticos o relevan de una narrativa políticamente correcta (uso sistemático de las y los). Pero, pese a que el anteproyecto de reglamento SNI-2021 es más conciso que el anterior, no auspició una simplificación normativa. Tampoco dio pautas para alcanzar ciertos objetivos (por ejemplo, cómo reconocer a los investigadores adscritos a instituciones descentralizadas).

Si consideramos ahora las adecuaciones normativas como mecanismos para resolver problemas identificados en el funcionamiento del SNI, vemos que muchas de las fallas estructurales del dispositivo han quedado incólumes. A modo de ilustración, el anteproyecto de Reglamento:

  • Internamente, ha redefinido las modalidades de trabajo y responsabilidades de las comisiones evaluadoras, pero no ha avanzado en la identificación de parámetros para una evaluación cualitativa de la producción académica.
  • Socialmente, ha reafirmado la importancia de producir datos sobre los resultados sin acompasarla con la producción de información pública sistematizada sobre los perfiles de desempeño, mínimos y máximos, por área y niveles alcanzados por los integrantes del SNI.
  • Profesionalmente, no ha tocado un tema tabú, el de la conservación del SNI como un derecho adquirido por acumulación de productividad, en ciertas condiciones, aunque la pérdida del incentivo influya probablemente en la decisión de la (no) jubilación.

En conclusión, el debate actual sobre el SNI, si bien es relevante, opaca la perduración de problemas añejos, por ejemplo, el carácter sustitutivo de los incentivos respecto de los sueldos deteriorados en el sector, su rol dentro de un abanico articulado de políticas y la suficiencia de su presupuesto. Esas cuestiones de fondo deben discutirse, más allá de la espuma
de lo contextual.

Acerca del autor

Sylvie Didou Aupetit
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)

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