La renovada apuesta por la gobernanza abre posibilidades que podrían impulsar el crecimiento, diversificación y modernización del sistema, pero ¿Será así?
La Ley General de Educación Superior (abril 2020) estableció, entre otros mandatos, la creación de un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), con el propósito de contribuir a la planeación, evaluación y mejora continua del sistema nacional de educación superior. La norma indica la composición y funciones del órgano colegiado: autoridades de la SEP y el Conacyt; autoridades educativas de las entidades federativas; titulares de la UNAM, la UAM, el IPN y el Tecnológico Nacional de México; autoridades representativas de los subsistemas de educación superior del país; representantes de las IES privadas; representantes de las asociaciones nacionales de universidades e IES públicas y privadas y algunos representantes de académicos y estudiantes.
Es decir, un órgano de gobernanza plural, en el que están presentes, en forma representativa, los actores relevantes para lo operación y desarrollo del sistema. A la fecha son, aproximadamente, 140 los integrantes del mismo, lo que ha permitido la integración de varios grupos de trabajo con tareas específicas para el cumplimiento de los mandatos de la LGES y para la formulación de nuevos proyectos de desarrollo. El Conaces se instaló el 21 de agosto de 2021, aprobó sus lineamientos de operación y ha tenido reuniones plenarias, además de la inaugural, en noviembre de 2021 y febrero de 2022. La próxima sesión ordinaria está programada para el próximo 24 de mayo del presente.
Entre los temas de la agenda Conaces están los siguientes: Modelo y política de financiamiento para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; armonización normativa derivada de la LGES; registro nacional de opciones para educación superior; programa de ampliación de la oferta de educación superior; plan de acción para la igualdad de género; reinstalación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior; espacio común de educación superior; marco nacional de cualificaciones y sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos; sistema de evaluación y acreditación de la educación superior; sistema de información de la educación superior; Instancias de vinculación consulta y participación social en las entidades federativas; estrategia para el fortalecimiento de la investigación en ciencias, humanidades, desarrollo tecnológico e innovación en las instituciones de educación superior.
Para el desarrollo conceptual y operativo de la temática mencionada, el Conaces ha formado grupos de trabajo compuestos por especialistas en las diversas materia y coordinados por el Secretariado Conjunto del órgano, esto es la Subsecretaría de Educación Superior y la Anuies. El trabajo está en marcha y se cuenta ya con resultados, de distinta maduración, en cada uno de los aspectos indicados. Además de ello, un nuevo compromiso de Conaces es contribuir a la elaboración del Programa Nacional de Educación Superior, conforme al mandato de LGES correspondiente, y auspiciar una visión de largo plazo que identifique los principales retos y oportunidades para el desarrollo y consolidación del sistema en el país y las regiones.
Un segundo órgano de gobernanza, de carácter federalista, incorporado a la LGES son las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), las cuales tienen como antecedente relevante su creación original en el marco del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (Sinappes), aprobado a instancias de la Anuies en 1978. Las Coepes han transcurrido por varias etapas, la idea de su reinstalación obedece a la intención de mejorar sustancialmente la operación de los sistemas estatales de educación superior en una perspectiva renovada de territorialidad.
¿Por qué la dinámica del Conaces y las Coepes representan una nueva etapa de concertación? Porque un modelo relativamente similar fue experimentado en los años ochenta y parte de los noventa para impulsar el crecimiento, diversificación y modernización del sistema. Las innovaciones de esa etapa fueron producto del trabajo conjunto de autoridades gubernamentales y cuerpos académicos, es decir de un proceso de concertación entre SEP y Anuies.
Entre los instrumentos desarrollado en aquella etapa destacan los aprobados por la Comisión Nacional de Evaluación para la Educación Superior: el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) y posteriormente el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Además, los fondos extraordinarios para reforzar las capacidades institucionales.
El primer ciclo de concertación se habría de diluir, en las primeras décadas de este siglo, a medida en que la autoridad educativa federal tomaba iniciativa en la definición de las políticas sectoriales y en la operación de los instrumentos previamente instaurados. No obstante la renovada apuesta por la gobernanza abre un horizonte de posibilidades sin duda interesante. Con un límite, por lo pronto: el gasto público en educación superior como restricción fundamental a los procesos de desarrollo que se busca desencadenar.
En todo caso, qué diferencia y qué contraste con el modelo de política científica plasmado, en este momento, en el proyecto de ley impulsado por Conacyt.
