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Ciencia y autonomía en la era del nacional-populismo

En el marco de la nueva legislación, la participación universitaria se percibe como marginal

Como se sabe, la Cuarta Transformación Nacional (4TN)  impulsada por el gobierno lopezobradorista ha significado, entre otras cosas, la exhibición sin pudor y sin piedad de la imaginería presidencial en torno a casi cualquier cosa.  Se trata de una retórica acompañada todos los días por el impulso político a cambios, ajustes y reformas en muchos campos de la acción gubernamental. Uno de ellos es el de la ciencia y la tecnología, donde desde el 2019 se anunció la promoción y promulgación de una nueva ley en la materia que sustituya a la vigente desde el año 2002.

Luego de un largo proceso de consultas celebradas entre 2019 y 2020 a través de la realización de “277 foros de análisis” dónde participaron “35 968 miembros de las comunidades científicas del país”, finalmente fue presentado el 14 de diciembre pasado al Presidente AMLO el “Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación” (ALGHCTI) por parte de la directora del Conacyt (https://www.conacyt.gob.mx/Comunicados-194.html) Esa iniciativa aguarda ahora por más consultas y, posteriormente, la discusión y aprobación parlamentaria para adquirir “fuerza de ley”, como suelen afirmar los abogados.

¿Qué implicaciones tiene la nueva legislación para la autonomía universitaria? Todas las leyes suelen ser buenas hipótesis del comportamiento esperado de las instituciones y de los individuos. Es decir, las normas jurídicas aspiran a modelar o modular valores, estructuras y prácticas que se consideran deseables para un país, una comunidad, una sociedad. Sin embargo, como todas las leyes, los comportamientos imaginados operan en contextos poblados por usos y costumbres, por intereses y hábitos, que terminan por producir un tipo de institucionalidad informal pero empíricamente potente. Para el caso, la autorganización, la libertad intelectual y académica de las universidades públicas, configuran una institucionalidad compleja, donde la curiosidad y la discusión difícilmente se someten a intereses externos.

Desde este punto de vista, el contenido del anteproyecto es una mezcla de intenciones y disposiciones que descansan en ciertas representaciones de lo que el actual ejecutivo federal tiene sobre la ciencia y la tecnología. La idea central en la que se basa el diagnóstico del sector es que sus principales problemas tienen que ver con la aplicación de un modelo “neoliberal” de la ciencia que alejó a ese sector de las necesidades e intereses populares. Desde la óptica del oficialismo, fue un proceso de privatización desplegado a través de privilegios, fideicomisos y transferencias al sector privado, que benefició a pocos y excluyó a muchos.

Bajo esta idea genérica, lo que plantea el nuevo proyecto es “una ciencia del pueblo y para el pueblo”, como lo afirmó la directora del Conacyt ante el Presidente en la presentación su informe 2020 y del anteproyecto de ley. Bajo la idea de una “ciencia popular” como antídoto contra la “ciencia neoliberal” se desarrolla la hechura legislativa. En la iniciativa predomina una retórica estatista, centralizadora, anclada en la concepción del nacional-populismo que se despliega en la retórica de la 4TN. “Agenda de Estado”, “Consejo de Estado”, “Consejo Nacional”, “Órganos internos técnicos y articuladores”, “Comité interinstitucional”, constituyen la columna vertebral del gobierno de las “políticas de estado” en el sector. Son instancias, mecanismos, instrumentos para construir la “ciencia popular”, el “derecho humano a la ciencia”, la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales a través de la construcción de “una ciencia mexicana”. Una inequívoca sensación dejá vù se desprende de ese lenguaje,  utilizado hace casi un siglo por José Vaconcelos y luego defendido vigorosamente por Vicente Lombardo Toledano en los años treinta, reclamando el compromiso de la universidad con el proyecto revolucionario durante el régimen cardenista.

Como cualquier iniciativa de ley, se enuncian los postulados, objetivos y   principios que deben orientar las “políticas de estado”. Y en el artículo quinto del ALGHCTI se identifican 10 de los principios orientadores de dichas políticas. Entre esos se enuncian los siguientes:  “Rigor epistemólogico”, “Igualdad y no discriminación”, “Equidad epistémica”, “Diálogo de saberes”, “Producción horizontal de conocimiento”, “Trabajo colaborativo”, “Solidaridad, “Beneficio social y precaución”. A esos principios habría que agregar otros 10 que se señalan en el Programa Especial de CTI 2020-2024. En total, se identifican entre la bruma retórica gubernamental veinte principios orientadores de políticas que conducen hacia ningún lado, o a todos, según quiera verse. Son muchos principios que pueden llevar a la tierra de Humpty Dumpty: significan lo que cada uno quiera que signifiquen.

El “principismo” es el problema. Son dos decenas de principios ambiguos, contradictorios, confusos. No es el único problema, pero juegan su papel político, simbólico y práctico. Invocarlos con tono y timbre grandilocuentes compromete a todo y a nada. Y revive la vieja cuestión de intérpretes y legisladores en la hechura de las relaciones de poder: formular tantos principios como intereses en juego, para que todos se sientan incluidos, y que luego que cada quien los interprete como quiera o pueda.

¿Cómo se contempla la autonomía universitaria en el marco de la iniciativa?. En rigor su papel es marginal. Ni en las instancias de gobierno del “sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación” ni en los contenidos de la “Agenda de Estado” se prevee la participación significativa de las universidades públicas, como si estas no fueran parte del Estado. En un contexto donde 8 de las 10 instituciones de educación superior que aglutinan la mayor cantidad de científicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores son universidades públicas estatales y federales, la nueva Ley que se perfila hacia el sector anuncia presiones adicionales para disminuir los grados de autonomía y libertad de las universidades a través de menores financiamientos federales y mayores presiones ligadas a los intereses gubernamentales.

Acerca del autor

Adrián Acosta Silva
Estación de paso en Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara

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