La edición de libros que hoy consideramos clásicos en su momento causó polémica.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) acopló, desde 2018, políticas de austeridad y de incremento de la matricula. La combinación es peligrosa, como lo demostró la catástrofe educativa en los años ochenta del siglo XX, una experiencia traumática en aquel entonces. En 2021-2022, pese a las disrupciones causadas por la pandemia, el número de alumnos inscritos en educación superior rebasó los cinco millones. El contexto de precariedad presupuestal combinado con un crecimiento sostenido de la matricula resultó de una intervención gubernamental centrada en abrir programas para estudiantes vulnerables, en crear instituciones de respuesta total a la demanda y en respaldar modalidades virtuales de enseñanza.
Debido a ello, el sistema público de educación superior está hoy más inclusivo, pero, asimismo, más frágil que hace un quinquenio. Varias instituciones, abiertas recientemente, suministran opciones, principalmente, a aspirantes que fueron rechazados por los establecimientos convencionales o que experimentan dificultades para acudir a las instalaciones, en horarios normales de clases, debido a sus lugares de residencia, sus cargas familiares, su condición de discapacidad o por trabajar y estudiar. Eso les plantea retos pedagógicos, didácticos y organizativos específicos.
Los datos producidos sobre sí mismos por esos establecimientos y, eventualmente, por la Anuies
Anuies permiten identificar los que participan, de manera denodada, en la democratización de la oferta y calcular el número de los estudiantes beneficiados. No obstante, la información, parcial e incongruente según las fuentes, deja fuera de los radares a otros actores, esenciales para la transformación educativa, como los docentes. La ausencia de indagaciones sobre sus perfiles y competencias es llamativa, sobre todo en los sectores cuyas propuestas pedagógicas se presentan como distintas a las de segmentos con más tradición. En efecto, buena parte de las posibilidades que los “nuevos” establecimientos concreten su misión de incluir a estudiantes en riesgo dependen de la adecuada formación, inicial y permanente, de la plantilla, y de que sus integrantes cuenten con los medios indispensables para desempeñar sus tareas.
Algunos estudios indican que esos entrenamientos no han ocurrido. En las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, los perfiles de formación y las ofertas de capacitación, así como las condiciones de profesionalización, difícilmente, permiten a los profesores desarrollar allí una carrera estable pero evolutiva, a mediano plazo. En las universidades interculturales, los académicos suelen enterarse de las finalidades institucionales, después de reclutados y tienen que improvisar estrategias ante sus grupos, debido a que los recursos para actualizarlos son reducidos. No circulan muchos balances externos sobre cómo las universidades de la Salud en México articulan los saberes medicinales tradicionales y los codificados, pero, en otros países, estudios sobre la “tradimedicina” indican dificultades respecto de la enseñanza. En suma, aunque sean pocos los reportes de monitoreo, al igual que los datos duros, demuestran que los recursos canalizados no corresponden con las exigencias expresadas.
En esos subsectores, muchos docentes se encuentran en una situación de inadaptación que sus compromisos valórales y solidarios no bastan para resolver. Les urge contar con habilidades pedagógicas y conocimientos disciplinarios adecuados para solventar ágilmente las exigencias que se les dirigen. Desdichadamente, sus oportunidades de adquirir herramientas para sobrellevar esas son restringidas. Los deficientes armazones para seleccionar/evaluar los cursos de actualización y el limitado presupuesto dedicado a esas funciones agravan diferencialmente sus desigualdades, respecto de las otorgadas a sus colegas en el sistema de educación superior en su conjunto.
En ese infausto contexto, las IES “innovadoras” batallan cada vez más para legitimarse como primeras opciones de inscripción ante los aspirantes a la educación superior. Funcionan con una demanda de ingreso baja y una alta tasa de suspensión de estudios, además de tener una plantilla cuya rotación profesional es acelerada. No obstante, aunque varios especialistas lo hayan advertido claramente, han aplazado el rediseño y la puesta en marcha de medidas abocadas realmente (no sólo formalmente) a una capacitación docente proactiva, embonada con las responsabilidades asignadas.
Hoy, la profesión académica en su totalidad está sumida en un proceso profundo de remodelación, tenso, confuso y, probablemente, insuficientemente participativo. Las competencias exigidas a sus integrantes han cambiado, sin que las instituciones les propongan maneras eficientes de obtenerlas. La brecha entre las habilidades supuestamente indispensables al ejercicio “debido” de la profesión y las herramientas para apropiarse de ellas no sólo entraña un riesgo de burnout para los individuos. Alimenta un desasosiego colectivo susceptible de generar conflictos. Las condiciones indispensables para reconfigurar el oficio docente son por lo tanto un desafío pendiente de responder, que la agenda política sobre la educación superior en el próximo sexenio ha de incorporar. Lo ha de hacer prioritariamente en las nuevas instituciones y después, en todo el sistema de educación superior.
