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Autonomía versus heteronomía

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¿Son las universidades obstáculos incómodo ante las fantasías políticas?

La autonomía universitaria vive desde hace años tiempos difíciles. No es algo inusual en la historia de las relaciones de las universidades con sus entornos políticos o de políticas públicas, pero el áspero lenguaje de hechos recientes muestra tendencias preocupantes que se endurecen rápidamente. El argumento que puede explorarse es que la conflictividad de las relaciones entre el gobierno federal y algunos gobiernos estatales con las universidades públicas, se puede explicar por la tensión creciente entre el régimen de autonomía constitucional construido a lo largo del siglo XX y el régimen de heteronomía política que despunta en el imaginario y las acciones del gobierno de la cuarta transformación nacional.

La autonomía significa tres cosas básicas: autogobierno institucional (autonomía política), libertad académica y de investigación (autonomía intelectual), y apoyo presupuestal suficiente para las universidades y centros de investigación de carácter público (autonomía administrativa y financiera). En contraste, la heteronomía significa la subordinación o dependencia de estas instituciones a fuerzas externas, sean del estado o del mercado. El régimen de autonomía construido a lo largo del siglo XX fue el resultado de varios conflictos en distintos momentos en diversas instituciones, y llegó a su resolución jurídica en 1980, cuando la autonomía fue elevada a rango constitucional en la fracción séptima del tercero constitucional. Esa historia permite caracterizar a las universidades como instituciones públicas autónomas estatales pero no gubernamentales.

Este régimen autonómico ha experimentado tensiones de carácter financiero, político y organizativo desde los años ochenta. Las políticas de modernización de la educación superior basadas en la evaluación de la calidad y el financiamento público condicionado, diferencial y competitivo instrumentadas desde los años noventa hasta las dos primeras décadas del siglo XXI, incentivaron comportamientos insitucionales heterónomos entre las universidades públicas. Ello no obstante, los componentes básicos de la autonomía se mantuvieron como parte del arreglo institucional expresado en la constitución federal y en las prácticas académicas, de gobierno y presupuestario de la propias universidades. El actual gobierno calificó esas tensiones como parte del “acoso presupuestal” derivado de las “políticas neoliberales” de gobiernos anteriores, y se comprometió a otorgar un “apoyo sin precedentes” a esas instituciones. Hoy, desde hace tres años, el tratamiento presupuestal y el acoso político a las universidades y centros de investigación muestra una clara contradicción gubernamental tanto a nivel federal como a nivel estatal. Los casos recientes de la UNAM (2020), o las universidades estatales de Aguascalientes (2019), Nayarit (2020) o Guadalajara (2021), son emblemáticos de esas contradicciones entre intenciones y acciones.

Esa contradicción se acompaña por la veloz acumulación de improvisaciones, ocurrencias e imposiciones gubernamentales. En sólo tres años, la prisa por mostrar el avance y logros de la “cuarta transformación” en la educación superior explica el activismo del funcionariado y el oficialismo dominante. Las políticas de austeridad y la gestión de la crisis sanitaria y económica han funcionado como “anillo al dedo” (según la célebre frase presidencial) para un acoso presupuestal a las universidades y centros de investigación igual o peor al que el gobierno obradorista denunció como producto de la “política neoliberal”. La negociación de los recursos públicos se subordina a la decisión de un ejecutivo omnipresente apoyado por una mayoría parlamentaria que actúa como correa de transmisión de las prioridades presidenciales. El resultado es un torneo de descalificaciones, sarcasmos e insultos que se repiten un día sí y otro también en el campo de la educación superior, alentados con vigor desde las oficinas y patios del Palacio Nacional, o desde las curules o redes sociales de los congresistas alineados con el oficialismo político.

En estas circunstancias, es necesario defender no sólo el derecho a la autonomía universitaria, sino reconocer el hecho de que la autonomía universitaria no opera en el vacío social. Es una autonomía vinculada con la sociedad, que implica beneficios tanto para las universidades como para las poblaciones y territorios donde actúan las propias universidades y centros de investigación. La formación de profesionales y técnicos, el desarrollo de la investigación básica y aplicada, el impulso a las innovaciones organizacionales y tecnológicas, son prácticas que se han desarrollado bajo el régimen de autonomía constitucional, y que han beneficiado el desarrollo social, político y cultural nacional. Un montón de evidencias demuestran esa afirmación, acumuladas en la historia reciente y la vida cotidiana de las universidades federales y estatales. Ese es el régimen que hay que fortalecer, más allá de proyectos sexenales anclados a fantasías políticas de pretensiones históricas, gobernado por actores empeñados en construir un régimen de heteronomía política para la educación superior.

Debajo de la superficie de estas aguas revueltas, la autonomía universitaria experimenta las tensiones de una época díficil, que anticipan tiempos complicados no sólo para la imagen o la vida cotidiana de las universidades públicas, sino también por la prolongación de las restricciones presupuestales y el escepticismo del transformacionismo político respecto de sus prácticas académicas, su importancia social, o sus formas de auto-organización. No se vislumbra un horizonte diferente en los próximos años. Frente a este panorama, es complicado alimentar esperanzas de cambios en la política y las políticas dirigidas a este sector. A estas alturas del sexenio, es muy claro que la 4T del obradorismo está más hecha de ideología que de hechos, y en esa ideología las universidades públicas son vistas más como obstáculos incómodos para los actos de fe y lealtad que exije el oficialismo. que como las instituciones autónomas y críticas que son las universidades.

Adrián Acosta Silva
Estación de paso en Investigador del Cucea de la Universidad de Guadalajara

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