En su versión estenográfica, el discurso pronunciado el 1 de septiembre de 2025 por la Presidenta, durante la ceremonia de su informe de gobierno, ha sido parco en el análisis de la educación superior cuya situación es, a todas luces, preocupante. Ciertamente, ha expuesto los logros de los programas federales abocados a ampliar los cupos de ingreso y a proveer becas, ha destacado la labor de equipos científicos, dedicados a implementar proyectos estratégicos de la administración pública, mismos que agrupan porcentajes mínimos de los integrantes de la plantilla académica y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
Enfatizó la titular del Ejecutivo Federal que las intervenciones de su gobierno atendieron prioritariamente a quienes requerían apoyos para fortalecer capacidades. Consistieron en incrementar el número de becas y proyectos de investigación científica financiados, terminando de remontar en ciertos casos, las caídas constatadas en el sexenio pasado. Las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro transfirieron recursos monetarios a 398 mil 269 inscritos en instituciones públicas de Educación Superior (IPES), es decir, solamente a una parte de la matrícula del subsistema público procedente de grupos poblacionales de bajos ingresos.
La Presidenta señaló, además que, conforme con el derecho de acceso, consagrado por la Ley General de Educación Superior, el presupuesto de los establecimientos públicos aumentó en 3.5 por ciento. Se congratuló que las 202 Universidades del Bienestar “Benito Juárez” (UBBJ) atendieran a 85 mil estudiantes, sin referir las disparidades en la calidad de sus servicios. Finalmente, aludió al decreto del 2 de diciembre 2024 que transformó la Universidad Rosario Castellanos (URC) en un sistema nacional (UNRC) con una matrícula estimada en 77 mil jóvenes, en las sedes de la Cd de México, Comitán, Chiapas y Tijuana, Baja California. Señaló que más infraestructura estaba en construcción en Tlaxcala, San Luis Potosí y Naucalpan.
Confirmó, en suma, la continuidad de prioridades educativas, en pro de una democratización (sin adjetivos) de oportunidades, de una transformación de parámetros educativos y del sostenimiento preferente de las instituciones solidarias de proximidad (ISP), aunque con un recambio en los puntales. Refrendó, paradójicamente, la pertinencia de las intervenciones gubernamentales tradicionales, consistentes en multiplicar las implantaciones geográficas, adecuar las misiones institucionales a los contextos locales y particularizar la oferta, disciplinaria —y especialmente, en áreas estratégicas como la salud para todos.
En contraste, omitió dar indicaciones sobre el despliegue territorial de la Universidad de la Salud, previsto en paralelo a la extensión geográfica de la UNRC y el control de modalidades virtuales. Tampoco precisó las pautas para regular el devenir del SES, en su conjunto, ni aportó información adicional sobre sus condiciones de desempeño. No problematizó datos significativos para eventualmente, desincentivar polémicas. Por ejemplo, en una coyuntura en la que el monto de los subsidios y recursos para la ES es objeto de incesantes quejas, hubiera sido conveniente precisar el rubro con base en el que el aumento presupuestal, antes mencionado, fue calculado y cotejarlo con las tasas de inflación y de aumento de la cobertura.
La institucionalización de nuevas instituciones (abiertas a partir de 2019, en su mayoría) es siempre complicada y más cuando es apresurada, por sus costos, alcances y grados de legitimidad. Con relación a la enseñanza, por ejemplo, las ISP han ensayado modelos pedagógicos innovadores (Kaleidoscopio en las UBBJ, hibridualidad de conocimientos en la UNRC y diálogo de saberes en las universidades interculturales), con la expectativa de abatir las tasas de abandono escolar, en contextos de interculturalidad. ¿Lo consiguieron? ¿Quiénes operan esos modelos, desarrollados más en el papel que en los salones de clase?
La respuesta inmediata (los docentes) genera interrogantes sobre si se pretende que ellos apuntalen, en los hechos, los cambios asumidos formalmente. En las redes sociales y en la prensa, abundaron las críticas sobre el incumplimiento de ciertos criterios de contratación, la premura de los procedimientos de selección, la superficialidad de las estancias de inducción y el tamaño de la plantilla, y sus contradicciones con un timing político-ideológico.
Finalmente, es de esperar que el plan sectorial, cuando esté elaborado y circulando, permita dilucidar cómo dejar atrás el secretismo detectado en algunos sectores del sistema público de educación superior (no en todos) y resolver algunas disfunciones. Dado el sesgo entre el grosor del anexo general de Estadísticas nacionales y lo escueto del relativo a educación superior e investigación científica, vale también preguntar si los datos, ahora recopilados, fungirán como referentes obligados de una rendición de cuentas, parcial y triunfalista, durante el próximo quinquenio o si sólo expresan un intento preliminar (por tanto, susceptible de ajustes posteriores) para demostrar avances en relación al objetivo de desarrollo sustentable de la Unesco de no dejar a nadie atrás a la par que a la promesa del partido de la 4T de reducir las desigualdades. Mientras se aclara la incógnita, ¿dónde quedó la bolita (y la educación superior como sistema complejo y diferenciado)?
