Advierten en el Iteso riesgos para autonomía del Poder Judicial

La autonomía y la independencia del Poder Judicial para defender la Constitución y los derechos humanos están en riesgo, debido en buena parte a los ataques y descalificaciones de los otros poderes, especialmente del Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Ésta fue una de las conclusiones a las que llegaron los participantes del panel “Retos contemporáneos de la protección constitucional”, entre quienes estuvo Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien atendió los amparos interpuestos contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2022.

Durante la actividad también se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración del Iteso con asociaciones y colegios nacionales de abogados, que beneficiará particularmente a la nueva Maestría en Derecho.

Asedio a jueces, contra la democracia
En el panel se hizo hincapié en los peligros que vive el Poder Judicial en México ante el asedio del gobierno en turno, así como acerca de los riesgos que esto implica para la vida democrática.

“Atacar al Poder Judicial es atacar a la democracia”, afirmó Juan Manuel Acuña, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (UP). “Se nos quiere decir que los jueces son un poder antidemocrático y no es así. En todo caso, necesariamente estará en contra, por identidad, de una cierta manera de entender el ejercicio del poder”.

Acuña agregó que la propuesta presidencial de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante el voto popular compromete la independencia judicial y la protección de los derechos humanos y constitucionales.

La detención y vinculación a proceso de Angélica Sánchez Hernández, jueza de control en Veracruz, tras su decisión de aplicar un juicio de amparo y ordenar, por falta de pruebas, la libertad de un empresario acusado por la fiscalía veracruzana de vínculos con el crimen organizado, es un ejemplo del “grave retroceso” que enfrenta la autonomía del Poder Judicial.

“Es preocupante porque vemos que el discurso del Ejecutivo presidencial ya pasó a acciones y se replica en los gobernadores”, mencionó María Elisa Franco, académica y coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La académica, quien es egresada de la Licenciatura en Derecho del Iteso, agregó que los señalamientos sin sustento del presidente López Obrador a los jueces, especialmente contra la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, lastiman la división de poderes y exhiben el desconocimiento del Ejecutivo acerca de las funciones del Poder Judicial.

Aunque el juez Juan Pablo Gómez Fierro dijo estar imposibilitado de responder si la autonomía del Poder Judicial está en riesgo, señaló que es peligroso dejar que las decisiones de derecho sean tomadas por las mayorías.

“Suponer que la mayoría tiene razón es darle un poder omnímodo”, recalcó, “entonces se les resta voz a las pequeñas minorías que no van a ser escuchadas y sus derechos no serán defendidos”.

Poderes judiciales locales, omisos en la defensa de los derechos humanos
Los expertos del panel coincidieron en la falta de control de los poderes judiciales locales, es decir, que los jueces y juzgados de los estados de la República no están aplicando la ley ni protegiendo los derechos humanos de las personas.

“¿Por qué una persona debe esperar años para que su caso llegue a la justicia federal, cuando la justicia local está obligada a velar por sus derechos humanos?”, se preguntó María Elisa Franco.

Esta omisión permite violaciones flagrantes de estos derechos, por ejemplo, la crisis de desaparición forzada que vive Jalisco, líder nacional en casos de este tipo, añadió la investigadora.

Para Gómez Fierro también hay otros controles jurídicos que están dejando de hacer su trabajo, por ejemplo, el desplazamiento de los procesos de parlamento abierto o el declive de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Las normas allí están, el problema es cómo están funcionando las instituciones, y eso eventualmente es preocupante”, dijo.

Los especialistas discutieron los avances y obstáculos de la aplicación de las reformas en materia de amparo y derechos humanos en México, ambas vigentes desde 2011.

En resumen, estas reformas incorporan a la Constitución el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales consignados por el Estado mexicano y permiten a las personas usar el juicio de amparo para protegerse de una violación a estas garantías.

Franco afirmó que el juicio de amparo sigue siendo la principal barrera frente a los fallos del sistema y las violaciones a los derechos humanos, a pesar de sus limitaciones.

“El juicio de amparo no es el más efectivo para defender los derechos humanos, pero es el que tenemos, y en un contexto tan complejo como el que vive México, la apuesta debe ser fortalecerlo”, mencionó.

Sin embargo, este mecanismo de protección está siendo demasiado requerido en un contexto de falta de Estado de Derecho, lo que genera saturación en los juzgados.

Según la experiencia del juez Gómez Fierro, en 2021 recibió 500 demandas de amparo en temas de telecomunicaciones y competencia económica. Al año siguiente, con la Ley de la Industria Eléctrica, su carga aumentó a 9 mil juicios de amparo, equivalente a 20 años de trabajo.

Con el objetivo de cumplir los objetivos de las reformas de 2011, durante el panel se sugirieron algunas acciones para mejorar la defensa constitucional de los derechos humanos y no limitarse únicamente a los juicios de amparo.

Entre esas propuestas se sugirió que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

El panel estuvo moderado por Juan Carlos de Obeso, coordinador de la Maestría en Derecho del Iteso.

Firma Iteso convenio con asociaciones de abogados
Con la finalidad de reforzar la formación académica de los estudiantes de la nueva Maestría en Derecho y de otros posgrados, el Iteso firmó un convenio con varios colegios de abogados a escalas estatal y nacional: la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, el Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Jalisco (Anade).

Alexander Zatyrka Pacheco, SJ, rector del Iteso, señaló que el acuerdo refuerza los objetivos del programa de estudios de la Maestría en Derecho, la cual buscará formar profesionistas que sean agentes de transformación y propongan un nuevo sistema jurídico, fundamentado en la Constitución, que facilite el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos.

“Confiamos en que apliquen un modelo jurídico racional, capaz de mejorar las relaciones humanas y hacerlas más equitativas y justas”, declaró.

El Rector afirmó que la Maestría en Derecho formará estudiantes en un nuevo paradigma jurídico que tenga tres ejes fundamentales: la exigencia en la aplicación de los derechos humanos consagrados en la Constitución; la justiciabilidad, basada en la aplicación del Estado de Derecho vigente, y la reparación integral del daño a las víctimas.

Catalina Morfín López, directora general académica del Iteso, señaló que el convenio refuerza el compromiso jesuita de formar egresados de posgrados capaces de “iluminar y transformar como fuerza social la realidad en la que vive la comunidad y para la que debe vivir”.

La nueva Maestría en Derecho del Iteso iniciará cursos el próximo 14 de agosto y tendrá un modelo educativo avalado por especialistas del ámbito jurídico como los exministros José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos.