En diversos ámbitos, del país y el extranjero, fue bien ponderado el anuncio del llamado “Rescate de PEMEX”. Ciertamente, algunos representantes de sectores empresariales y financieros no han dejado de señalar riesgos y limitaciones de la iniciativa presidencial; sin embargo, reconocen los aciertos del Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035, cuyo objetivo es “Garantizar la viabilidad económica de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el corto, mediano y largo plazo, bajo un enfoque integral de sostenibilidad, eficiencia operativa y alineamiento con la política energética nacional”.
El equipo de la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, diseñó, con imaginación y talento, una estrategia integral, con visión de largo plazo, que busca colocar al sector energético como columna vertebral del desarrollo nacional en un horizonte de diez años.
Ojalá pudiéramos decir lo mismo de la educación superior de México, cuyo potencial es inmenso para impulsar el crecimiento económico sobre bases sostenibles; para reducir las desigualdades sociales y regionales, así como para dar sustento sólido a una estrategia de desarrollo nacional soberano, con visión de largo plazo.
Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, los diversos gobiernos han fallado; o peor aún, han sido omisos en su obligación de impulsar el enorme potencial que tiene México en sus jóvenes. Hasta hoy, de poco ha servido la reforma constitucional, promulgada en mayo de 2019, que establece el derecho a la educación superior. En su mayoría, las disposiciones que establece la Ley General de Educación Superior para tal efecto no se cumplen.
Los datos oficiales de la dramática situación que enfrenta la educación superior están a la vista, para quien los quiera ver:
• En México solo 21 de cada 100 personas que conforman la fuerza laboral, tiene estudios de nivel profesional.
• En 2025 la población total de mujeres y hombres de entre 18 y 22 años, en edad de cursar estudios de nivel superior, es de 11.2 millones de personas; sin embargo, sólo 5.1 millones están inscritos en alguna institución educativa. Es decir, la mayoría de las y los jóvenes mexicanos están excluidos de la formación profesional.
•La tasa bruta de cobertura en educación superior en México es de apenas 43.8 por ciento y la tasa neta de 29.3 por ciento. En Guerrero, Oaxaca y Chiapas la cobertura neta es de 17.5 por ciento, 17.4 por ciento y 14.7 por ciento, respectivamente.
•En el ciclo 2024-2025 las IES públicas y particulares reportaron a la SEP que únicamente 64,317 estudiantes inscritos en programas de licenciatura y técnico superior universitario, se declararon hablantes de alguna lengua indígena.
•En las últimas tres décadas México se ubica entre los países con menor tasa de inversión en educación superior. En 2025 la inversión pública federal en educación superior fue de sólo 0.5 por ciento del PIB. En contraste, para el pago de la deuda pública del país, el PEF 2025 prevé destinar recursos equivalentes a 3.8 por ciento del PIB, monto similar al de años precedentes.
•El dramático estancamiento de la inversión pública en educación superior en los años de la “austeridad republicana”, agravado por la pandemia del COVID-19, se reflejó en un lento crecimiento de la oferta pública de educación superior y en el incumplimiento (43.8 por ciento) de la Meta de 50 por ciento de Cobertura en Educación Superior comprometida en el Programa Sectorial de Educación Superior 2020-2024.
•Actualmente las IES públicas sólo atienden a 58 por ciento de los egresados de las instituciones de educación media superior; al restante 42 por ciento sólo le queda buscar lugar en escuelas particulares, la mayoría de dudosa calidad académica.
•En 2025 el programa de becas para educación superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro” sólo atiende a 409 mil 419 estudiantes, que significa una cobertura de 12 por ciento de los estudiantes inscritos en IES públicas.
•El abandono escolar en la educación superior se mantiene en niveles dramáticamente elevados. La SEP estima que alrededor de 30 por ciento de las y los jóvenes que se inscriben al primer año en las instituciones de educación superior (IES), no se inscriben en el siguiente ciclo escolar. Entre 2019 y 2024, cada año, en promedio, cerca de 300 mil jóvenes abandonaron las aulas. Es decir, 1.8 millones de jóvenes en seis años.
•En el ciclo 2024-2025 cerca de 70 por ciento de la matrícula total de las IES, públicas y particulares, se concentra en una veintena de carreras, lo cual limita severamente las posibilidades de desarrollo laboral y profesional de los egresados.
•En años recientes en prácticamente todas las entidades federativas las IES públicas registran una sistemática reducción de la matrícula de posgrado. En 18 entidades la matrícula de posgrado de las IES públicas representa menos de 3 por ciento de la matrícula total de educación superior; y en 8 entidades menos de 2 por ciento.
•Adicionalmente, México registra una creciente privatización de la matrícula de posgrado. En el ciclo escolar 2024-2025, 66 por ciento de los estudiantes de posgrado están inscritos en IES particulares, la mayoría en la modalidad a distancia, con poca o nula regulación de su calidad y pertinencia.
•El “modelo de financiamiento de la educación superior” está agotado. Las autoridades educativas federales y estatales no cuentan con instrumentos presupuestarios ni financieros para conducir, de manera eficaz, una estrategia para el desarrollo de la educación superior con visión integral y de largo plazo. Su función principal se limita a tramitar los subsidios, decrecientes en términos reales, a las IES públicas.
Lamentablemente, estos y muchos otros problemas y rezagos estructurales que enfrenta la educación superior no parecen estar en la mira de las autoridades educativas, a juzgar por los planteamientos esbozados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y en la versión preliminar del Programa Sectorial de Educación 2025-2030.
El cumplimiento del compromiso presidencial de convertir a México en una “Potencia educadora, científica, tecnológica e innovadora” exige rescatar a la educación superior de las inercias burocráticas y convertirla en auténtico motor de la transformación, con base en un Plan Integral de la Educación Superior, con visión de Estado y metas estratégicas que trasciendan el horizonte sexenal. Sin duda se puede.
Roberto Rodríguez Gómez
