Más allá del discurso, el gobierno de México debe demostrar de manera clara que valora la vida y los derechos ciudadanos por igual, pues sólo así será evidente una modificación sustancial en las prioridades y que el país se encuentra en el camino hacia un cambio de régimen, afirma Ángel Mundo López, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este planteamiento surgió de la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia, publicada y que en su momento generó gran controversia por priorizar la vida de los pacientes jóvenes sobre la de los adultos mayores, además de carecer de sustento jurídico.

El doctor en Ciencias Sociales recuerda en su artículo Cumplimiento normativo y valoración de la vida en la 4T que una de las críticas más subrayadas al documento fue la proveniente del politólogo Sergio Aguayo, quien denunció la falta de previsión para atender la crisis sanitaria originada por la pandemia del covid-19 y el menosprecio por la existe de las personas mayores.

Días después, el Consejo de Salubridad General (CSG) rectificó y emitió un nuevo texto que da prioridad en la asignación de los recursos limitados de medicina crítica a pacientes con un mejor puntaje, determinado por los equipos de triaje de cada hospital.

Dilema ético. Usar criterios pertinentes

Ante la reacciones desfavorables, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que cuando se plantea “si hay que optar entre salvar la vida a un joven o a un adulto mayor, los médicos tienen un código ético, no sólo en México sino en el mundo, que no coincide necesariamente con el pensamiento de todos” y en esto “el primer mandatario tiene toda la razón, pues se trata de un asunto que de manera cotidiana los hacedores de políticas enfrentan, ante la obligación de solucionar problemas sin los recursos suficientes, por lo que es conveniente disponer de criterios pertinentes para seleccionar entre opciones subóptimas, que a su vez plantean dilemas éticos.

Los criterios preliminares del borrador de la Guía —a pesar de que proceden de integrantes de una administración que se asume como posneoliberal— terminaron evidenciando una égida económica al momento de valorar la vida humana, pues, “más que tratarse de un asunto de justicia, como argumentó el secretario del CSG, expresaba una valoración centrada en lo que la persona podría producir en la vida-por-completarse”, criticó.