Antes del receso de la Semana Santa, el Magíster en Gestión de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, en Chile, organizó un webinar titulado » Educación superior: ¿Cómo financiar la calidad y el mejoramiento continuo?», por iniciativa de José Joaquín Brunner. Aunque la escala de referencia haya sido esencialmente nacional, lo seguí por la relevancia del tema y su aplicabilidad a tópicos candentes en México, tales como la refundación de la gobernanza universitaria y el rediseño de sus dispositivos. El debate me ayudó a pensarlos a partir de esquemas de referencia distintos al nacional y leer, comprensivamente, la coyuntura por la que transitaba el sistema de educación superior, en el país.
Los invitados arraigaron sus reflexiones en un punto de partida compartido: todos advirtieron que, probablemente, en los próximos años, no crecerán en Chile ni el número de plazas académicas, ni el monto de los financiamientos a la educación superior. Era, en consecuencia, irrealista augurar un mejoramiento a corto plazo; en cambio, convenía idear soluciones estructurales dentro de márgenes de acción acotados. La emisión de diagnósticos de ese tipo, asentados en cifras y proyecciones, sería recomendable en México para evitar personalizaciones excesivas, aspiraciones desmedidas o interpretaciones victimistas del escenario actual. No es, en efecto, descabellado creer que ambos países ensancharan, en los próximos años, sus esquemas de control de los gastos y reducirán el número de plazas académicas, aunque esas elecciones de política deterioren las condiciones de vida laboral en los establecimientos.
Los invitados señalaron que era urgente, entonces, considerar soluciones innovadoras: destacaron el desacoplamiento de la investigación y de la docencia, la regulación de una oferta excesiva de programas de posgrado, su reconfiguración en consorcios regionales y la definición de tiempos para que los académicos se dediquen a labores sustantivas de generación de saberes, conforme con su estatuto. Identificaron como urgencia la necesidad de desarmar los lazos entre acreditación y esquemas competitivos de asignación de recursos. Externaron inquietudes ante las distorsiones acarreadas por sistemas múltiples de control minucioso, incluso puntilloso, fundamentados en indicadores que promueven un cumplimiento formal de los criterios más de lo que optimizan los procedimientos y transparentan los comportamientos. México, por cierto, conforme con una lógica desbocada de producción de pruebas y demostraciones de cumplimiento, padece, al igual que Chile, de una obsesión documentalista. Esa, lejos de mejorar las dinámicas de supervisión, obstaculiza las funciones sustantivas de docencia e investigación.
En consecuencia, los ponentes señalaron que los mecanismos de conducción institucional y de control de resultados coaccionaban, excesiva e improcedentemente, el desempeño de los investigadores y docentes.
En contradicción con lo planeado, impedían propiciar la inserción territorial de las instituciones de educación superior o racionalizar las tramas curriculares para que los egresados desarrollen un recorrido profesional conveniente.
Eso sí, abonaban a una sobrerregulación de lo posible y de lo prohibido, volviéndose una camisola de fuerzas incompatible con cualquier atisbo de originalidad e inventiva.
Las preconizaciones, emanadas de las auditorias, y la proliferación de lineamientos contradictorios entre sí dificultaban que los establecimientos se hiciesen cargo de sus nudos críticos o que captasen recursos externos para resolver puntos esenciales de sus agendas. Los conferencistas deploraron por cierto la ausencia de diálogos sinceros para remediar los déficits de conversación sobre cómo reducir las brechas entre los perfiles de conocimiento deseados y los reales, reconfigurar la profesión docente, resolver la sobrecarga de materias en los programas de estudios, respaldar la sostenibilidad de las IES, asegurar la dotación de equipamientos e impulsar la adquisición de competencias administrativas y relacionales efectivas por parte de los gestores. Sugirieron programar itinerarios de intervención para mejorar la formación de los estudiantes, principalmente de pregrado, ensayar con autonomía proyectos endógenos de desarrollo y de difusión y propiciar articulaciones interinstitucionales, en los campos educativos locales.
En México, la supeditación de las universidades a un régimen administrativo rehén de las múltiples, pero no siempre legítimas, recomendaciones y solicitudes de aclaración de los auditores, por lo menos en términos académicos, ha ido agravándose, en los pasados años. No se superará esa infausta situación mediante ajustes marginales o cambios adaptativos a una simplificación administrativa “de dientes para afuera”, siempre prometida y jamás alcanzada, si no gracias a una autorregulación interna. Ante el desorbitado poder adquirido por las burocracias y cualquiera que se ufane de ser evaluador-experto, urge recuperar los principios de la confianza mutua y de la responsabilidad, individual y colectiva, como cimientos para reconstruir comunidades universitarias atomizadas y segmentadas. Por lo pronto, no se constatan avances en esa dirección. sino que, por el contrario, un entrampamiento en un statu quo inconveniente, generador de cierta apatía intelectual, aunque, aparentemente, facilitador de monitoreos por conteos y por “numeritos”.
