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Sexto Informe: la horadación en el presupuesto

Tal vez el asunto de los fideicomisos y los recursos financieros son de las pocas novedades sobre el sector científico y tecnológico en el sexto y último informe de gobierno. El balance del pasado 1 de septiembre, como se sabe, cierra el ciclo gubernamental 2018-2024 y, muy importante, traza la línea base para el próximo sexenio.

Lo presentado en el informe escrito y el balance, al menos en el terreno de la ciencia y tecnología, muestran una diferencia notable

Durante los cuatro últimos informes no se expusieron los indicadores de financiamiento.

Tal vez el asunto de los fideicomisos y los recursos financieros son de las pocas novedades sobre el sector científico y tecnológico en el sexto y último informe de gobierno. El balance del pasado 1 de septiembre, como se sabe, cierra el ciclo gubernamental 2018-2024 y, muy importante, traza la línea base para el próximo sexenio.

Sobre el periodo, vale la pena resaltar que solo los primeros dos informes incluyeron los recursos financieros como parte de su reporte de logros. Los cuatro informes restantes ya no mencionaron el nivel de gasto federal, su proporción sobre el gasto programable o el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE). Todos ellos básicos para valorar los esfuerzos en la materia.

En general, lo común era que el tema de los recursos financieros encabezará el recuento de avances en la sección de ciencia y tecnología. No fue así a partir del informe del 2021. Las cifras desagregadas del presupuesto en los anexos estadísticos, donde se valora el avance de los objetivos prioritarios del programa sectorial, tampoco las incluyen. Los números en las casillas correspondientes llegan hasta el 2017, hacia adelante están marcadas como “no disponible” (p. 486 y ss. de los Anexos).

Los cuatro últimos informes, en lugar de exponer los indicadores de financiamiento, dieron cuenta del proceso seguido por los polémicos fideicomisos del sector. Primero destacó el decreto del ejecutivo federal del 2020 que ordenó su extinción. Después vinieron las cifras sobre los fideicomisos eliminados.

No se conocía con certeza cuántos fideicomisos estaban implicados. En los informes, unas veces se indicó que se detuvieron 91 fideicomisos y otras veces que 63. Algo similar ocurría con el monto de los recursos que estaban involucrados y la cantidad que se había reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Por eso importan los datos del reciente informe de gobierno. Se supone que son cifras consolidadas y son las cuentas que entregará a la próxima administración. En el informe se anota: “el 30 de septiembre de 2023 se concluyó con la suscripción de los 65 Convenios de Extinción y Contratos de Sesión de Derechos a Título Gratuito referentes a cinco Fondos Institucionales, 25 Fondos Sectoriales y 35 Fondos Mixtos” (p. 512).

Ahí mismo se destaca que, con posterioridad al decreto de extinción, “los recursos de los 26 fideicomisos de los Centros Públicos se concentraron en sus tesorerías”. Al parecer, en este caso, ya no se utilizan los fideicomisos, pero los Centros conservaron los recursos. Si es el caso, no está nada mal, porque buena parte de la operación de estas instituciones dependía de los recursos autogenerados. El problema es qué ocurrirá cuando se agoten esos fondos.

El informe también precisa el monto de recursos devueltos: “al 30 de junio de 2024 los recursos que fueron dispersados a la Tesorería de la Federación ascienden a 21,977.8 millones de pesos, que corresponden al patrimonio de 65 Fondos Extintos”.

Seguramente los casi 22 mil millones de pesos que el Conahcyt devolvió a la Tesorería es una cantidad acumulada; no corresponden a este último año. Lo notable es que ese volumen de recursos probablemente no pintó mucho en el total de lo recaudado por la Tesorería, pero sí fue y es altamente signficativo en el presupuesto central del Conahcyt.

El presupuesto del Conahcyt en este año es de poco más de 33 mil millones de pesos. Esto es, lo que devolvió el organismo a la Tesorería representa alrededor de dos tercios de su presupuesto. Una horadación de ese tamaño es inocultable en el desarrollo de las actividades del sector. A precios constantes del 2024, al inicio del periodo tenía un presupuesto de casi 36 mil millones. Todavía no alcanza lo que antes tenía.

Más aún, la estimación de la proporción del GIDE sobre el PIB era de 0.47 por ciento al iniciar el sexenio (EPN, 2018, Sexto informe, p. 391). El cálculo de ese mismo indicador para el año 2022 es de 0.26 por ciento (AMLO, 2024, Sexto infomre, p. 850). La disminución es notable y tal vez para este año sea mayor. Es cierto que las autoridades actuales cambiaron la forma de cálculo y la última encuesta para estimarlo fue realizada en 2017. Sin embargo, la caída es insoslayable.

No obstante, el presidente López Obrador, en el mensaje con motivo de su último informe dijo de forma escueta: “Se aumentó el presupuesto de Conahcyt, el número de becas de posgrado y de investigadores pasó de 113 mil 366 en 2018 a 139 mil 84 a la fecha” (01.09.2024).

Y el informe escrito, sin más, afirma que se logró lo que ahora dice la ley: “el Conahcyt ha contribuido a que toda persona tenga derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, derivados del apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, garantizando el acceso abierto a la información que derive de ella” (p. 512).

La distancia entre los números y el balance es notable. El próximo periodo de gobierno precisa de una nueva línea base.

Pie de página: Sí, el Congreso es el teatro de nuestra República y las actuaciones dejan mucho que desear.

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES | canalesa@unam.mx | Web |  + posts

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