Las problemáticas en materia de asignaciones no buscan resolverse con políticas públicas incluidas en los propios instrumentos fijados sino que están en manos de las decisiones del Ejecutivo
Bajo una orientación política presidencial y una férrea disciplina partidaria, fue aprobada la Ley de Ingresos para 2024 por 260 diputados, el pasado viernes. En la maratónica sesión de la Cámara fueron presentadas más de 700 reservas al proyecto, siendo aceptadas sólo tres, todas del bloque gubernamental. Hasta ahí ninguna sorpresa. Algo muy parecido sucedía en los tiempos en que el PRI era el “mandón de la plaza”, aplicando el término taurino.
El resultado anticipa, con mucha probabilidad, lo que sucederá en el Senado en los días que restan del mes. Algunos pocos y pequeños cambios, pero originados también por el oficialismo. Así, podría decirse que sin alteraciones sustanciales en la Ley tampoco habrá una modificación relevante en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Sin duda una mala noticia para algunos de los sectores de la Administración Pública Federal, entre ellos el de educación y el de salud. Lo que ya se avanzaba en los artículos I y II de esta serie (una reducción real de las asignaciones presupuestales respecto a 2018) cobrará realidad nuevamente en 2024.
Así, en educación, el crecimiento del uno por ciento real (una vez descontada la inflación) respecto a 2023, no alcanza a superar lo que ese sector ya tenía en 2018. En educación superior el dato es alarmante. Como se muestra, utilizando datos del INEGI y del V Informe Presidencial (C. Murayama: El Financiero, 26 de septiembre), el presupuesto para este tipo educativo en el presente año se redujo en ¡un 31 por ciento! Lo previsto para 2024 sólo atenúa o mantiene esa desproporción. De los 184 mil millones (reales) de 2018 se reduce a 127 mil de 2024.
Los senadores oficialistas seguramente escucharán de la oposición algunos de los argumentos que ya fueron vertidos en la Cámara de Diputados. El principal: el gobierno federal realizó una importante reforma al Artículo 3º constitucional, en 2019. Se introdujo la garantía refereate a considerar al nivel superior como un derecho humano, obligatorio para el Estado mexicano y gratuito para el estudiantado. Dos años después ratificó esa vocación social cuando se aprobó (inclusive por unanimidad en el Senado) la Ley General de Educación Superior. Sin embargo, y aún y cuando se ha avanzado de manera notable en la instrumentación de dicha Ley, la parte correspondiente a la asignación presupuestal se ha rezagado.
¿Qué ha sucedido? Como ya se apuntaba en la parte I de esta serie (y sin que sea novedad del sexenio), el PEF está sometido a ciertas presiones de gasto, unas ineludibles, y otras preferentes o prioritarias establecidas por el presidente de la República. Entre los dos grupos se encuentran: a) el crecimiento de la deuda pública federal (pasó de 11 billones en 2018 a 14.2 en julio de este año); b) el pago anual por el servicio de la deuda (1.6 billones); c) las pensiones (casi dos billones); d) el déficit público para 2024 (casi dos billones); e) programas y proyectos presidenciales (un billón).
Los cuatro últimos factores (que significan 6.6 billones, en un presupuesto de nueve) se han traducido en un incremento desmesurado en algunas dependencias, nunca antes visto en la historia de medio siglo del PEF. Así, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar ha reemplazado a la SEP como la de mayor asignación presupuestal; o el caso de la SEDENA, entidad que para 2024 tendrá un crecimiento que, acumulado desde 2018, significa un múltiplo de ¡8.6 veces!
La prioridad que debiera desprenderse de la Constitución, como es el caso de la educación superior, no puede cumplirse porque aquella realmente se sitúa en una decisión del Ejecutivo, y no en una política pública incluida en los propios instrumentos fijados por la Carta Magna: el Plan Nacional de Desarrollo y los respectivos programas sectoriales.
Inclusive, ese proceder ya ha ‘hecho escuela’ en algunas entidades federativas. Tal es el caso de Veracruz: no obstante haberse aprobado, seis años atrás, la más importante reforma en materia de financiamiento público dentro de una entidad federativa (a nivel constitucional y de ley ordinaria específica para la Universidad Veracruzana), el ejecutivo estatal no ha cumplido en los últimos dos años con los montos y proporciones fijados en esos ordenamientos (M. Casillas: “En Veracruz, conflicto por el presupuesto universitario”, Campus Milenio, 1014). En este momento, la rectoría de la Universidad Veracruzana ha lanzado una campaña (UV, Universidad con sentido social, “#Porel4porciento”) para reclamar el derecho que le asiste en esa materia a la casa de estudios.
Carlos Pallán Figueroa
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
