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Precriterios 2023: un condicionante educativo/ II

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De no tener la economía y las finanzas públicas un repunte extraordinario, la situación se muestra crítica

Tal como se expuso aquí dos semanas atrás , los Precriterios Generales de Política Económica constituyen la primera etapa del proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023. El documento está sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos, pero también a las realidades y ‘veleidades’ del contexto. Un bajo crecimiento económico y una alta inflación son los condicionantes principales de lo que sería el gasto de la Administración Pública Federal para 2023. En ese sentido, en los Precriterios se estima cuál será el avance de las principales variables macroeconómicas a lo largo de 2022 y, al mismo tiempo, permiten avizorar lo que sería el escenario nacional en ese terreno para 2023. Se trata básicamente de pronósticos, conforme a lo observado en el contexto económico mundial y nacional.

De ahí que ya pueda formularse una conclusión: el presupuesto para el sector educativo estará sumamente limitado para 2023, pero ya lo está ahora para los meses que corren. El anuncio de que aquel quedará sujeto a un 0.8 por ciento de incremento real, como parte del gasto programable, resultará nulificado ante la realidad derivada de un crecimiento económico menor a lo que el PEF estima como deseable (3.4 por ciento) y una inflación que ya supera también las previsiones formuladas (5.5 por ciento). Los datos actualmente disponibles en esos dos ámbitos (2 por ciento y 7.5 por ciento) indicarían que el 0.8 de crecimiento real será insuficiente y aún rebasado por la realidad de los siguientes siete meses. En pocas palabras: las instituciones del sector tendrán que hacer más con menos y deberán empezar ya a realizarlo.

En educación superior, de no tener la economía y las finanzas públicas un repunte extraordinario, la situación se volverá crítica. No sólo el problema de la docena de universidades públicas que aún no resuelven del todo la problemática del fin de 2021, sino lo que se acumulará nuevamente por esas mismas fechas. Pero, no obstante su relevancia, esa circunstancia resulta ser un problema menor frente a otro de mayor envergadura. Por segundo año consecutivo, y dejando de cumplir con el mandato constitucional inscrito en el Artículo 3º, lo más probable es que no habrá recursos para constituir el Fondo Federal Especial señalado en la Constitución y que, según la Ley General de Educación Superior, debió haberse incluido en el PEF de 2022. Este Fondo, junto con los crecimientos anuales suficientes en materia presupuestal, constituye el vehículo indispensable para poder cumplir con lo previsto en la Reforma: una educación superior pública gratuita a partir de la obligación del Estado Mexicano para hacerla realidad a través de sus tres órdenes de gobierno. La próxima semana se concluirá con esta temática.

Postdata: “a la Colmena (Universidad de Guanajuato) le falta una abeja”

Lamentable, delicado y peligroso lo sucedido en Guanajuato. El ataque por parte de dos miembros de la Guardia Nacional a cuatro estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UGto) tuvo como resultado un joven fallecido y una alumna herida de cierta gravedad. El acontecimiento repite lo sucedido diez años atrás cuando un destacamento de la Marina causó la muerte a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, a las puertas de su institución. El presunto homicida de ahora es también un miembro de la Marina, comisionado temporalmente en la Guardia Nacional. Los dos hechos configuran, como ejemplo ominoso, la contradicción entre lo previsto en el Artículo 21 de la Constitución (“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”) y lo autorizado por la Ley de dicha corporación en mayo de 2019. Esta contradicción se expresa en que los miembros de las fuerzas armadas han sido preparados “para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” y no para la seguridad pública (Artículo 89 de la Constitución).

Una confusión de hechos en los primeros días, y la decisión de un juez de control, otorgando la libertad al presunto homicida, puso en pie de lucha a la comunidad de la UGto. Como lo ha dicho su rector, lo acontecido debe analizarse con mayor exhaustividad y rigor. De ahí que la propia universidad haya anunciado que va a impugnar dicha resolución. Se trata, sin lugar a dudas, de un uso desproporcionado de la fuerza, de un homicidio y de una tentativa de la misma naturaleza sobre cuatro ciudadanos mexicanos. El presidente de la República, en la mañanera del lunes, expresó: “el mensaje a los familiares es que tengan confianza, que no va a haber impunidad”.

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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