El mundo siempre ha enfrentado adversidades compartidas. Las naciones se comprometen, en distintos momentos y con distinta fortuna, a superar problemas comunes: acceso a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda; combate a la corrupción y la inseguridad; protección del medio ambiente. Hay avances, pausas y retrocesos. Pero lo que distingue al momento actual es la simultaneidad y la velocidad de las crisis.
El Brexit abrió el debate sobre los límites de la globalización. La pandemia de covid-19 no solo expuso la vulnerabilidad de los sistemas de salud: generó la mayor inflación económica de este milenio y forzó a replantear el funcionamiento de economías enteras. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania desencadenó una crisis energética en Europa y alteró equilibrios geopolíticos que parecían consolidados desde finales del siglo pasado. El Banco Mundial advierte sobre una inminente recesión global, ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento desde principios de 2022.
En este contexto, los compromisos de los 193 Estados miembros con la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enfrentan una prueba de realidad. Alcanzarlos en los plazos acordados luce cada vez más difícil. El objetivo de reducir la pobreza extrema a menos del 3 por ciento para 2030, por ejemplo, exigiría que los países más rezagados crecieran a tasas que superan ampliamente su desempeño histórico.
México: el reto de la pobreza multidimensional
¿Cómo se inserta México en este panorama? En los últimos treinta años, el PIB nacional ha crecido a un promedio del 2 por ciento interanual. Para muchos economistas, ese porcentaje no es una cifra coyuntural: es el techo potencial al que México puede aspirar en ausencia de reformas estructurales que amplíen sus capacidades productivas.
La pobreza, además, no se reduce a la falta de ingresos. Medirla exige considerar también los niveles educativos, los resultados en salud y nutrición, el acceso a servicios básicos y la seguridad del entorno. Desde esa perspectiva multidimensional, la última medición del Coneval —con datos de la ENIGH 2020— revela un retroceso preocupante: el 43.9 por ciento de la población mexicana, equivalente a 55.7 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza, dos puntos porcentuales más que en 2018. En términos absolutos, 3.8 millones de personas cayeron en la pobreza en solo dos años.
Más grave aún es el comportamiento de la pobreza extrema. Entre 2018 y 2020, el porcentaje de mexicanos en esta condición pasó del 7.0 al 8.5 por ciento, lo que representa 2.1 millones de personas adicionales que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, incluso destinando todos sus recursos a ello.
Lo que vuelve estos datos especialmente reveladores es su contraste con el gasto social: en el mismo período, el presupuesto destinado a programas sociales aumentó un 13 por ciento en términos reales. Más recursos, más pobreza. La explicación no es sencilla, pero apunta a un problema estructural de focalización y coordinación. El caso del Insabi ilustra la paradoja: en 2018, el 42.1 por ciento de los encuestados reportó estar afiliado al Seguro Popular; en 2020, solo el 26.9 por ciento dijo estar afiliado a su sucesor, el Insabi, a pesar de un incremento real del 11 por ciento en el gasto público del sector.
Los resultados de la ENIGH 2022 —cuyo levantamiento concluyó en noviembre de este año— se publicarán a mediados de 2023 y ofrecerán una imagen más precisa del estado actual. Sin embargo, las proyecciones de la Cepal ya anticipan un aumento de 2.3 puntos porcentuales en la pobreza mexicana durante 2022, equivalente a 2.5 millones de personas adicionales en esa condición, impulsado por la inflación, el bajo crecimiento y la complejidad de las políticas sociales vigentes.
Los desafíos son muchos. Pero el primero —y quizás el más urgente— es reconocer que gastar más no equivale a reducir la pobreza si los recursos no llegan a quienes más los necesitan, y si las políticas públicas no están diseñadas con esa precisión como principio, no como aspiración.
Vanessa Medina Armienta
Especialista en regulación, educación superior e inteligencia artificial, con más de 25 años de experiencia en el sector público federal mexicano — SHCP, CNBV, SRE y Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Es Directora de Campus Consulting, donde acompaña a universidades mexicanas en el diseño e implementación de políticas institucionales de IA responsable. Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, Maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nottingham, Reino Unido (Beca Chevening) y Maestra en Consultoría Organizacional y de Negocios por ICE México.
Columna Campus: Un-Common Sense
