Uno de los asuntos más acuciantes de la educación superior nacional es el de las pensiones. En las dos entregas previas se abordó lo referente a la delimitación del problema, su origen y los intentos de solución efectuados desde el inicio del presente siglo. En torno a esto, aquí se ha sostenido que el tema debe abordarse conjuntamente con otro de similar relevancia: el de recambio o sustitución del personal en servicio en ese tipo de instituciones. Se trata de las dos caras de una misma moneda. Ahora, finaliza esta serie con la continuación de los “intentos de solución”, así como con la nueva “realidad actual”.
Intentos de solución: desde que las pensiones universitarias se convirtieron en una “bomba de tiempo”, como aquí se expuso, Anuies ha estado analizando y proponiendo caminos para su desactivación. De las varias propuestas en la historia reciente aquí se destacan dos. La primera, desde 2006 (Consolidación y avance de la educación superior en México) el tema se ubica dentro de la docena de problemas que, como diagnóstico, confrontaba el subsistema de educación superior. Así, el que aquí interesa se enuncia como “la carencia de una política general y de instrumentos idóneos para la renovación de la planta académica y para la jubilación adecuada del personal”. De acuerdo con ello, las pensiones debieran abordarse en un marco más amplio, ya que al “envejecimiento” del profesorado universitario no se le ha hecho frente, de tal manera que se instauren mecanismos que permitan renovarlo con sangre y talentos nuevos.
La segunda propuesta de Anuies es la incluida en el documento dado a conocer en los últimos meses del año pasado (Compromiso común por el futuro de la educación mexicana: trazando una ruta 2030). En este texto se aborda conjuntamente la jubilación (e implícitamente el problema de las pensiones) así como el recambio del personal académico. El tema se concibe como un “problema estructural”, de aquellos que “rebasan las capacidades actuales de solución desde las instituciones, especialmente las públicas”. Por tanto, aquí se apunta que el tema debe situarse nuevamente como un asunto de la agenda de las políticas públicas del gobierno federal y, por supuesto, también de las entidades federativas, en el caso de las universidades públicas estatales. Así, Anuies recomienda “considerar el reemplazo paulatino y respetuoso del personal académico… y crear condiciones dignas para su jubilación”. Trato y condiciones aluden implícitamente a la modificación de lo que ahora prevalece, particularmente en instituciones federales como la UNAM, el IPN y la UAM, cuyo personal está adscrito al sistema de jubilación del Issste.
Realidad actual: La Iniciativa de nueva Ley del Issste abre un espacio que podría ser el conducto adecuado para replantear el asunto de las pensiones para el millón 300 mil jubilados de ese Instituto y, particularmente, para quienes provienen de las instituciones públicas federales de educación superior. Enviada en días pasados al Congreso, por la presidenta de la República, la Iniciativa ha provocado enormes protestas en siete estados, con tal ímpetu que la Dra. Sheinbaum solicitó parar el proceso legislativo. Dentro de la Iniciativa, la parte de pensiones ha sido combatida ya intensamente por maestros de la CNTE y algunas secciones insumisas del SNTE. La CNTE, inclusive, ha hecho un llamado a un paro nacional en este mes de marzo, reivindicando, entre otras, la demanda de pensiones tasadas en salarios mínimos y no en Umas.
Por lo que corresponde a las universidades públicas estatales, cuyo régimen pensionario tiene una situación de déficit, deberían hacerse, por un lado, las modificaciones contractuales con sus trabajadores académicos y administrativos, de tal forma que se pueda enfrentar el futuro de la institución con solvencia económica. Por otro, el camino a seguir podría ser el de gestionar el apoyo de los respectivos gobiernos de las entidades federativas. En ambos casos se requerirá de políticas públicas que, a semejanza de lo realizado en el pasado reciente, permitan ajustar la marcha de las instituciones a una gestión armónica en materia de recursos financieros. Todo eso cuesta dinero y este no podrá salir de las instituciones que constitucionalmente ya no deben cobrar por ingreso y matriculación de sus estudiantes.
Carlos Pallán Figueroa
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
