Pensiones universitarias: un problema insoslayable /I

El tema de las pensiones del personal que labora en las universidades públicas autónomas es ya una problemática de enormes dimensiones.

En estos días, en que aún está en marcha la consulta para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, no debiera perderse de vista uno de los problemas más acuciantes de la educación superior nacional: el de las pensiones. Particularmente el que se refiere al personal que labora en las universidades públicas autónomas (UPES), sean federales o dependientes de las entidades federativas. El tema debe abordarse conjuntamente con otro que es indisoluble: el de recambio o sustitución del personal académico de carrera, mismo que cuenta, en promedio, con una edad en torno a los 60 años. Aquí se abordan ambos:

• El Problema: El régimen pensionario de las universidades públicas autónomas se distingue —frente a lo que sucede en otros países— por su diversidad. Esto significa un conjunto de características diferentes en las edades, años de servicio, montos, fuentes de financiamiento, concurrencia con otros ingresos, etc. En pocas palabras, cada régimen autónomo ha ido definiendo los sistemas con los cuales cumple con la legislación laboral en la materia por lo que corresponde a jubilación, así como las cantidades asociadas a la remuneración por los años de servicios prestados. Un elemento importante de la diversidad deviene de la naturaleza y contenido de los contratos colectivos de trabajo. Empero, algunas constantes son identificables: a) 65 años como edad para jubilación; b) 25-35 años de servicio; c) voluntariedad en la solicitud de la jubilación una vez que se ha cumplido con los requisitos de los incisos a y b, en contra de la obligatoriedad o jubilación compulsoria que se practica en otros países d) a las cantidades asignadas mensualmente a los pensionados se les suele adicionar un monto entregado en el momento del retiro.

• Génesis. Las características que explican esa diversidad tienen su origen, principalmente, en los movimientos de trabajadores universitarios (a partir de la segunda mitad de los años setenta) y la normatividad que se desprende de las reforma al artículo 3º constitucional de 1980, así como al artículo 123 constitucional y su reflejo en la Ley Federal del Trabajo (al crear un capítulo sobre “trabajo universitario”). A partir de esos elementos —y durante, por lo menos hasta finales de los años noventa— “la compra de la paz”, ante el amago de una huelga de trabajadores académicos y administrativos, fue la de otorgar prestaciones conectadas con la eventual y futura demanda de jubilación por los trabajadores individualmente considerados

Ese tipo de acuerdos entre autoridades universitarias y dirigencias laborales sirvieron para resolver, en su momento, el conflicto que se tenía encima con motivo de las revisiones salariales o contractuales. Sin embargo, con ello se estaba incubando una “bomba de tiempo”, la cual empezó a estallar en los años noventa en varias instituciones. El caso más común se refiere a universidades que no hicieron las previsiones actuariales correspondientes, adicionado con que tampoco constituyeron los fondos de respaldo adecuados. Así, las “formas de resolver” los problemas de financiamiento consistieron en dirigir la cuestión hacia lasficción autoridades federales o locales (solución que sólo ha funcionado en algunos momentos y en virtud de circunstancias de orden político coyuntural), siendo lo más frecuente que la universidad otorgase la pensión considerándola dentro del gasto corriente de la institución, utilizando la ficción relativa a que el trabajador ya jubilado en términos reales siga integrado a una dependencia, como si fuese personal académico o administrativo en funciones. Varias universidades están aún ahora en esta situación, toda vez que desaprovecharon las oportunidades brindadas como una política pública, con altibajos, entre 2002-2019.

• Intentos de Solución y Realidad Actual. Lo antes expresado permite hacer referencia a los programas que, impulsados por la Anuies y financiados por la SEP a partir del sexenio Fox, permitieron crear los llamados “fondos para la atención de problemas estructurales¨, mismos que sirvieron para racionalizar las condiciones y modos que permitieran establecer nuevas reglas en materia de retiro y jubilación. Varias universidades supieron aprovechar lo que en su momento llegó a ser una asignación de miles de millones de pesos para ese propósito, contándose con el apoyo legislativo en las Comisiones de Educación y de Presupuesto en el Congreso.

El problema tiene ya dimensiones colosales en materia de financiamiento. Según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de 2017, los llamados pasivos laborales contingentes rondaban ya una cantidad de 1.3 billones.