Olimpiada y deporte: una política pública indispensable / II

Los problemas que confronta la cultura física y el deporte del país van más allá de la persona que ocupe la titularidad de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), organismo rector de esa materia en la Administración Pública Federal. Esta fue la conclusión de la primera parte del texto de la semana pasada. Como se indica en el título, se trata, esencialmente, de una política pública de la cual el ciclo olímpico es sólo una parte pequeña de los objetivos de aquella dependencia oficial, aunque, reconozcámoslo, tenga una repercusión enorme en el imaginario colectivo.

Como política pública, puede decirse que la del deporte tuvo una formulación ortodoxa en el sexenio, empero, la discrepancia entre lo enunciado y los resultados producidos es de una enorme disparidad.

Por lo que se refiere a lo primero, la ortodoxia, se siguió el camino marcado constitucionalmente por el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo (Arts. 25 y 26). El Plan Nacional de Desarrollo, instrumento básico de dicho Sistema, marcó los grandes objetivos de esa política, tal como fue referido aquí la semana pasada. De ese modo, el deporte, como allí se afirma, forma “parte de una política de salud integral… importante para la prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad…”, materias en las cuales México tiene ya, o está por tener, un liderazgo mundial. Muestra de la importancia de la Conade, reconocida en el propio PND, es que allí se le confiere un papel estelar: “Participará como un coordinador de las otras secretarías como educación, trabajo, desarrollo social y salud”.

Dentro de ese camino de enunciación ortodoxa, el Programa Sectorial de Educación desarrolló, con cierto detalle, el diagnóstico, los objetivos y las actividades ya marcadas en el PND. Así, le dedicó al deporte uno de sus seis objetivos prioritarios, estableciendo el relativo a “garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica de la población en México con énfasis en la población de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables”. Estableció que la situación anómala de esa política pública era debida a tres causas: a) la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante años; b) la carencia de programas efectivos; c) así como la falta de coordinación entre diferentes instancias encargadas del deporte en el ámbito federal. Estos tres aspectos dieron como resultante: “políticas fragmentadas, poco coherentes y sin visión de largo plazo”.

Para superar la situación existente, durante el sexenio se promovería la cultura física y el deporte a través de la práctica de actividades físicas en el ámbito escolar, así como por medio de eventos que permitan la inclusión social de todos los grupos de la población. Todo ese proceso sirvió de base para que la Conade cumpliese parcialmente con lo previsto en la Ley General de Educación Física y Deporte, cuando elaboró el Programa Institucional 2021-2024 del propio organismo. Digo “parcialmente”, toda vez que lo que indica aquella Ley, en su artículo 30, es que se debería tratar de un programa nacional en esa misma temática, elaborado conjuntamente con la SEP, lo cual nunca se realizó.

Lo anterior se complementa con la reducción presupuestal que ha tenido la Conade a lo largo de más de una década. De acuerdo con lo expresado por el propio Programa Institucional, la más alta asignación de recursos se remonta al año 2013; desde entonces, hasta 2019, la asignación cayó en un 75 por ciento (con base en las cuentas públicas de ese periodo, publicadas por la SHCP). Tal reducción se continuó en el presente sexenio, en 8.5 por ciento, a precios constantes, como se consignó en este mismo espacio la semana pasada.

Frente a ese cuadro de política pública proclamada, o enunciada, se yergue el de los resultados alcanzados. Tal como se dijo, esa disparidad es enorme. De allí la consideración ya expresada también la semana pasada: la próxima cabeza de la Conade debería tener un perfil profesional acreditado, se trataría básicamente de un organizador competente. Si a esta característica se le agrega la de un deportista laureado ¡mejor!

Por lo pronto, el encargo que le hizo el presidente de la República a Ana Gabriela Guevara, en 2018 (hacer una transformación del deporte, tener un mejoramiento del mismo y sostener una buena relación con los deportistas) todavía tiene visos de actualidad.