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Nueva Ley de Ciencia y Tecnología: un análisis/ II

El Anteproyecto retoma una política soberanista que promueve la independencia científica y tecnológica del sector, ¿Será posible?

Una vez analizada la gobernanza que tendría el sector de ciencia y tecnología (SCyT), de acuerdo con lo expresado tres semanas atrás (Campus 892) aquí se abordará lo correspondiente al contenido principal del Anteproyecto de Ley conocido hasta hoy. De inicio, serían destacables siete aspectos positivos:

1. Papel del Estado: perseguirá una política que permita “alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica de México” (Art. 10, VII). Por ello, “asume el compromiso de fomentar, realizar y apoyar el avance del conocimiento universal . . .” (VIII).

2. Reconocimiento de la autonomía de las IES: garantizar la libertad de investigación, promoviendo y respetando “la autonomía de las universidades . . .” (6, IV). Pero también, por lo que se refiere a los Centros Públicos (de investigación), los cuales “gozarán de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria” (73).

3. Fomento a la desconcentración: se crean los Comités Regionales “como un espacio permanente de diálogo entre la Federación, las entidades federativas, los municipios” (35). Región y municipios ejercerán atribuciones específicas en elaboración de programas, anteproyectos de presupuesto, evaluación de impacto de estos (27). Además, los primeros tendrán un asiento por cada región en el Consejo de Estado (39, IV).

4. La Ley dedica un capítulo a lo que denomina “relaciones con la educación y la cultura”. Allí se destacan las que deben darse por parte de la SEP y el Consejo Nacional. Entre las principales: a) el apoyo conjunto a la investigación; b) el mejoramiento de la enseñanza en todos los tipos del Sistema Educativo Nacional; c) programas de difusión para la sociedad en general; d) consolidación de grupos, laboratorios, redes de investigación y estudios de posgrado, contando con que las universidades promuevan “que sus docentes participen en actividades de investigación y aplicación innovadora del conocimiento, así como que sus investigadores participen en actividades de enseñanza y tutoría” (Arts. 114 a 118).

5. Relación con el sector privado: el gobierno federal, según se expresa (Arts. 102 y 103): a) fomentará que dicho sector “realice actividades directamente vinculadas con la investigación humanística y científica; b) reducirá o eliminará “aranceles a importación de insumos para proyectos relativos a la Agenda de Estado”; c) promoverá la exención de impuestos relacionados con la investigación como serían insumos, maquinaria y equipo;

6. Financiamiento: el presupuesto del SCyT se ejercerá “preferentemente a través de programas presupuestales del ramo 38, con el propósito de consolidar la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos”. Junto con ello, el Fondo Mexicano del Petróleo realizará transferencias para actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

7. Con el objetivo de “acopio, preservación, gestión y acceso electrónico a información y contenidos de calidad…”, se establecerá un repositorio nacional que sea la suma de los que, a su vez, se establezcan en las distintas instituciones de educación superior del país (Art 121 a 125).

Análisis:  A reserva de abordar, la próxima semana, cuestiones polémicas del Anteproyecto, algunos de los puntos antes enlistados llevan a formular las siguientes consideraciones:

— El Anteproyecto retoma una política soberanista y un papel del Estado que promueve la independencia científica y tecnológica del sector, tal y como se afirmara en el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología de 1976. Este sostenía que la política en la materia consistía en alcanzar “el desarrollo científico, la autonomía cultural y la autodeterminación tecnológica”. 45 años después, en un mundo globalizado y con economías nacionales fuertemente dependientes de esa característica, ¿es posible volver allá?

Las relaciones en materia de ciencia y tecnología entre gobierno federal y sector privado están ya ensombrecidas desde ahora por el nuevo reglamento del SNI que excluye a 1,600 investigadores de IES privadas de dicho programa y que ‘cuestan’ 29 millones de pesos al año. Lo positivo o estimulante de la Ley hacia ese sector está ya borrado por dicho reglamento ¿No hay manera de que las señales sean congruentes?

Lo del Fondo Mexicano del Petróleo es muy buena noticia, particularmente cuando el precio del barril está, más o menos, 20 dólares por encima de lo presupuestado para 2021 ¿Será verdad tanta belleza? Sería bueno explicar en el Congreso cómo se canalizarán dichos recursos.

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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