En la administración que está por terminar han quedado problemáticas e insuficiencias sin resolver en este nivel educativo
El sexenio que termina estará marcado por la pandemia del covid-19 y sus consecuencias. En términos de la educación superior fue notoria la ausencia de un proyecto académico que completara las medidas sanitarias; fue evidente la ausencia de apoyos académicos, materiales, de equipo, de conectividad y de capacitación hacia profesores y estudiantes; fue público cómo se dejó a estudiantes y profesores a su suerte para que mantuvieran las clases, y cómo las autoridades educativas y las autoridades de las instituciones se encerraron y dieron la espalda a los universitarios.
Hay que resaltar que después del periodo de clases a distancia, el discurso oficial y el discurso de las autoridades institucionales planteó el regreso a las actividades académicas en los mismos términos que antes que la pandemia; desde el conservadurismo más arraigado se ha querido volver al pasado, a las clases presenciales de antes, como si no hubiéramos aprendido nada, como si el esfuerzo de miles de maestros y millones de estudiantes por transformar los procesos de enseñanza aprendizaje durante la pandemia no fueran la plataforma de base para una profunda renovación de la enseñanza universitaria.
Durante el sexenio que termina, la política hacia la educación superior ha estado caracterizada por un conjunto de acciones que se pueden agrupar en cuatro grandes capítulos; las ausencias en la política también son significativas.
En primer lugar, destaca un conjunto de iniciativas legales cuya máxima expresión fue la Ley general de educación superior, que consagra una perspectiva progresista hacia la educación superior construida con el concurso de todas las fuerzas políticas y aprobada por unanimidad en el Congreso; a diferencia del plan sectorial de educación y del programa nacional de educación superior que han resultado muy malos documentos, imprecisos, faltos de consenso. La Ley representa un avance progresista en cuanto a la universalización de la educación superior, la defensa de la autonomía universitaria, de abogar por la equidad y la igualdad de género, por una educación superior libre de violencia donde impere una cultura para la paz, a favor de la interculturalidad y la valoración de la diversidad, donde sean válidos plenamente los derechos humanos y predomine una visión inclusiva.
En segundo lugar, habría que señalar el trabajo de demolición de los antiguos instrumentos de la política hacia la educación superior que se hizo durante el sexenio. Así terminaron con el PIFI, el PNPC, los fondos extraordinarios, el PRODEP, las becas de posgrado y no sé cuántas cosas más. Lo peor, es que estos instrumentos se demolieron, desaparecieron o desfondaron, pero sin ser sustituidos por nada. Después de esto, el sistema de educación superior se gobierna a ciegas, no hay indicadores claros, efectivos y medibles para observar su evolución, el SINASES todavía no se consolida ni tiene una perspectiva sobre la evaluación y acreditación de las instituciones y los programas educativos. No ha ocurrido un aumento significativo a los presupuestos de las universidades, por el contrario, se les ha sometido a la austeridad republicana; en términos de legitimidad, han sido víctimas constantes del desprecio y la descalificación por parte del Presidente.
En tercer lugar, destaca el reiterado conflicto de las mayorías de Morena en los congresos estatales y sus frecuentes intentos por violar la autonomía de las universidades e intervenir en sus procesos internos, en su gobierno y su administración. Por todo el país han ocurrido conflictos y los diputados y autoridades han tenido que enfrentar movimientos universitarios de estudiantes y profesores que defienden la autonomía institucional, el presupuesto público y su condición de espacio de libertad.
Por su parte, el impacto de las Benito Juárez en el sistema de educación superior ha resultado inocuo. Producto del empecinamiento y del objetivo de ampliar la base social del intercambio político, se han improvisado estas instituciones, formando parte del circuito de educación precaria. Operan sin ofrecer condiciones y experiencias educativas de alta calidad académica, su matrícula es muy pequeña y su impacto en la ampliación de la matrícula nacional es mínimo. Prácticamente operan por fuera del sistema y del control de la Secretaría; no son ejemplo de prácticas democráticas: se dirigen de modo autoritario y centralizado.
Cuatro ausencias son muy relevantes:
No se ha resuelto el mecanismo para la ampliación de la matrícula que estaba previsto en los transitorios de la Ley, lo que ha hecho imposible el objetivo de ampliación de la matrícula y la consecución de las metas nacionales.
Ni en la pandemia, ni después de ella, el gobierno federal ha sido incapaz de construir una perspectiva de renovación de la docencia ni de actualización del profesorado para incrementar su grado de dominio tecnológico. No fueron capaces de construir un proyecto progresista en materia pedagógica para la educación superior.
A pesar de las evidencias sobre el proceso de envejecimiento de la planta de profesores y de la crisis con las pensiones y sistemas de retiro, no hay un plan de renovación generacional para el personal académico de las universidades.
Una de las políticas neoliberales más emblemáticas fue la desregulación del subsistema de educación superior privada; se les permitió crecer sin restricciones ni controles sobre la calidad de las instituciones y programas. Durante la 4T no se ha avanzado nada en este sentido, prácticamente no hay regulación del subsistema privado de la educación superior.
La experiencia vivida en los últimos años es el marco sobre el cual se construirán definiciones y políticas para el próximo gobierno. Urge una perspectiva autocrítica para reconocer las insuficiencias; urge también una visión renovada que brinde un horizonte para el desarrollo de la educación superior.
