Javier Esteinou Madrid abordó la relación entre sociedad y gobierno
La sociedad civil debe demandar al Congreso de la Unión que abrogue la actual Ley General de Comunicación Social y prepare un nuevo marco jurídico que no repita los vicios de la normativa vigente, sino que cumpla con los preceptos constitucionales básicos de defensa a la libertad de expresión, el derecho a la información y las garantías de las audiencias, escribe Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la revista Argumentos.
El investigador de la Unidad Xochimilco señala que, no obstante que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió al Poder Legislativo que antes de concluir el periodo ordinario de la LXV Legislatura elaborara una nueva Ley en la materia –que subsanara los compromisos relativos a la distribución de la publicidad gubernamental, asentados en la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión de 2014– el Congreso no cumplió con dicha obligación.
Este asunto se ha convertido en un acto intencional de rebeldía político-institucional contra la naturaleza medular del Estado republicano, fundamento histórico de la nación mexicana y, por ello, es preciso que los mexicanos se manifiesten al respecto, advierte el Profesor Distinguido de la UAM y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores.
Aun cuando en las últimas dos décadas se gestaron tres alternancias para transformar el régimen político, esto no ha sido suficiente para romper el cordón umbilical que vincula los intereses políticos con los negocios mediáticos, lo que va en detrimento de las garantías comunicativas de los ciudadanos respaldadas por la Constitución, entre ellas a la libertad de expresión, a la información, de las audiencias, de réplica y los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
En la publicación de la citada sede de esta casa de estudios explica que durante estas décadas muchos canales de difusión colectivos, públicos y privados, que fueron beneficiados con el presupuesto oficial, renunciaron a su independencia ante el poder político y se convirtieron en apéndices útiles para cogobernar junto con el partido en turno, obteniendo a cambio, cada vez más, privilegios monopólicos. Con ello se creó un modelo histórico de comunicación subordinado sistémicamente a la estructura del poder estatal establecido.
Esteinou Madrid considera necesario rebasar la herencia viciada para crear otro modelo de comunicación gubernamental de naturaleza ética, ciudadana y mesurada, pues la democracia se nutre con la diversidad, la apertura y la pluralidad, y no con la marginación, la unilateralidad y el pensamiento obtuso.
Esta acción deberá ser una de las rutas medulares para construir un nuevo sistema de comunicación en la nación durante el siglo XXI, afirma el autor de libros, ensayos especializados y artículos periodísticos sobre cultura, información y política en México, América Latina y otros países.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, mediante un exhorto judicial, a que el Poder Ejecutivo enmendara su gravísima omisión y cumpliera con su responsabilidad institucional de legislar en el tema de la publicidad del gobierno. Así el 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Comunicación Social, conocida coloquialmente como la Ley Chayote, que conservó todos los mecanismos perversos del pasado para mantener el soborno gubernamental.
Para resolver dicha situación, el gobierno de la denominada Cuarta Transformación sólo efectuó acciones en los terrenos discursivo, regulatorio, económico y corporativo, mediante las cuales no se solucionó el problema de fondo.
En el ámbito declarativo prometió una nueva legislación que promovería la austeridad, combatiría el dispendio y se alejaría de la propaganda unilateral, además de que instauraría una comunicación ética, terminaría la discrecionalidad, impulsaría un balance informativo mesurado y la horizontalidad, pero al final el posicionamiento del presidente fue que “no debe haber una regulación, tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que exista debate y que tengamos confianza en la gente”, por lo que se canceló tajante y contradictoriamente la obligación de elaborar un nuevo marco jurídico que regule la operación de la publicidad.
En la esfera económica el gasto realizado en publicidad oficial por el gobierno morenista se redujo 50 por ciento en relación con lo erogado en la administración de Enrique Peña Nieto.
En el área jurídica fue creado el acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, con el cual se tipificaron definiciones, criterios de operación, características de las campañas, limitaciones, planeación, evaluación y transparencia sobre el otorgamiento de la propaganda oficial; sin embargo, a pesar de la puesta en práctica de estos valiosos lineamientos se acotó muy parcialmente la anarquía heredada de los regímenes anteriores.
En el sector corporativo, el Jefe del Ejecutivo decidió canalizar un porcentaje relevante del presupuesto destinado a tal actividad para resguardar a los periodistas independientes, instituyendo una política corporativista para ganarse un porcentaje de la simpatía de este núcleo profesional estratégico que permitirá mejorar la imagen de su gobierno ante la opinión pública.
El primer mandatario propuso un programa de protección laboral vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para favorecer a los periodistas independientes, destinando 25 por ciento del presupuesto de publicidad oficial de su administración (cerca de 760 millones de pesos), con objeto de otorgarles apoyos de salud, atención médica y pensiones.
Para Esteinou Madrid, el régimen lopezobradorista sólo introdujo algunos lineamientos que no son suficientes para evitar las malas prácticas de opacidad, discrecionalidad, arbitrariedad, concentración, manipulación, capricho, falta de planeación, ausencia de medidas claras para la asignación, distribución de la pauta de propaganda, entre otras, derivadas del pasado.
