A más de cuatro décadas del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y a casi diez años del sismo de 2017, México ha fortalecido su marco legal e institucional en materia de protección civil, pero persisten retos relacionados con la cultura preventiva, la planeación urbana, la rehabilitación de la infraestructura y la formación especializada, apuntó Delfino Hernández Lascares, investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
El especialista con más de 25 años de experiencia en protección civil explicó que el seísmo de 1985 marcó un punto de inflexión al evidenciar la ausencia de protocolos, planes de emergencia y un sistema nacional capaz de responder de manera organizada.
Hernández Lascares detalló que, a partir de este suceso surgieron los primeros instrumentos normativos y organizacionales que dieron origen al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), así como a la primera legislación en la materia.
También se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), institución que impulsó la investigación científica y la gestión integral de riesgo con el apoyo de la cooperación internacional, aunque en las décadas posteriores los avances fueron desiguales.
De acuerdo con Hernández Lascares, uno de los principales errores ha sido considerar que los eventos adversos son solo naturales cuando en realidad las afectaciones se agravan por factores sociales, culturales y de organización.
“Los seres humanos estamos creando los escenarios del desastre porque se ha permitido que muchos habitantes, no nada más en la capital del país, vivan a las orillas de los ríos, en zonas sísmicas o de alta vulnerabilidad derivado del evidente crecimiento de la población”.
En la Ciudad de México, explicó, se han desarrollado términos de referencia específicos para distintos sectores como hospitales, escuelas, centros comerciales, espacios culturales e industrias, lo que ha permitido profesionalizar de manera gradual la elaboración de programas internos de protección civil”.
Sin embargo, el académico del Departamento de Biología, advirtió que muchas alcaldías y municipios aún carecen de la capacidad técnica y operativa suficiente para atender el incremento de los riesgos asociados a la expansión urbana y al cambio climático.
A ello se suma el deterioro de viviendas antiguas y la falta de una cultura preventiva al interior de los hogares, donde con frecuencia no existen planes de emergencia, detectores de humo, extintores o rutas de evacuación.
“Por ejemplo, las unidades habitacionales en la entidad capitalina deben cumplir con la ley y con el reglamento de la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, pero se estima que solo el 5 por ciento lo hace”.
Respecto al papel de las instituciones de educación superior, el doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, consideró que las universidades públicas tienen la responsabilidad de generar conocimiento científico, formar especialistas y robustecer la educación de la prevención con actividades de capacitación, investigación y vinculación con la sociedad.
Reconoció que, a pesar de que la oferta académica en protección civil y gestión integral del peligro todavía es limitada en planes de licenciatura y posgrado, ello es un área de oportunidad para ampliar la profesionalización en este campo.
Hernández Lascares hizo énfasis en acabar con la corrupción en las construcciones que ha dado paso a malas y peligrosas edificaciones, mejorar las capacidades oficiales en todas las entidades federativas a través de centros especializados, mayor continuidad en las políticas públicas y mejores mecanismos de coordinación.
“Necesitamos un Cenapred por cada entidad federativa porque estamos viendo casos en que gobernadores, presidentes municipales y alcaldes no tienen la preparación para la toma de decisiones ante fenómenos perturbadores como los sismos o agentes hidrometeorológicos”.
Asimismo, hizo un llamado a incorporar la educación ambiental y la gestión integral del riesgo como elementos fundamentales para enfrentar los efectos del cambio climático y reducir la susceptibilidad de las comunidades.
“La protección civil es una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones, especialistas y ciudadanía», apuntó.
