La guerra en Gaza pone a temblar a la cúpula de la Ivy League

La guerra en la Franja de Gaza ha dejado un saldo de hasta 20 mil muertos, la mayoría civiles, desde que el grupo islamista militante Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre, masacrando a más de mil 200 israelíes y tomando a más de 200 rehenes. Israel respondió con una invasión masiva en contra Gaza, que ha dejado a más de 18 mil palestinos muertos, incluyendo a miles de niños, según autoridades palestinas.

Con la presencia de decenas de miles de estudiantes judíos y palestinos en las universidades estadunidenses, era de esperarse que la guerra desatara fuertes tensiones en los campus. Sin embargo, lo que no se esperó fue la magnitud de las protestas y el nivel de apoyo hacia Palestina. En algunas instituciones, inclusive, han surgido llamadas al genocidio de los judíos y expresiones de apoyo hacia Hamás, considerado por el gobierno estadunidense como un grupo terrorista, lo que ha puesto en el banquillo de los acusados a los líderes universitarios. A pesar de que algunas instituciones han sancionado a grupos pro-Palestina —como fue el caso de la Universidad de Brown, que arrestó a 41 manifestantes la semana pasada—, no han logrado aplacar las críticas.

Los estudiantes de Brown tomaron control de las instalaciones universitarias en solidaridad con un alumno palestino, que fue herido de bala, junto con dos estudiantes más, en un ataque armado a finales de noviembre en el estado de Vermont. El estudiante, Hisham Awartani, quedó parapléjico en lo que las autoridades calificaron como crimen de odio hacia palestinos. Los manifestantes también exigieron a la universidad retirar sus inversiones en empresas armamentistas “que facilitan el genocidio en Gaza”. Para algunos críticos, tales movilizaciones son prueba del sesgo pro-Palestina de las universidades de élite, en detrimento de la seguridad de los estudiantes judíos.

El 5 de diciembre, las presidentas de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Pensilvania (UPenn) fueron llamadas a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para responder sobre la explosión de antisemitismo en sus campus. Allí, enfrentaron preguntas hostiles por parte de congresistas conservadores, quienes las cuestionaron sobre los límites de la libertad de expresión y si se deben castigar a estudiantes que reclaman “a favor del genocidio de los judíos”. Cuando las líderes dieron respuestas titubeantes, apelando a la necesidad de distinguir entre palabras y acciones, se acrecentaron las demandas por su renuncia.

El 9 de diciembre, la presidenta de UPenn, M. Elizabeth Magill, dimitió a su cargo. En respuesta, la congresista Elise Stefanic, coordinadora de los republicanos en la cámara baja y egresada de Harvard, respondió triunfante: “una menos, aún quedan dos”. Tres días después, el consejo gobernante de Harvard respaldó a Claudine Gay como presidenta de la universidad, desechando rumores de que también sería llamada a renunciar. Ella después pidió disculpas por haber ofendido a miembros de la comunidad judía. Sin embargo, Gay, quien en julio se convirtió en la primera mujer negra en liderar la institución en sus casi 400 años de historia, aún enfrenta una difícil batalla por calmar las aguas dentro y fuera de la universidad.

El poder del dinero
Entre las voces más críticas están los grandes donantes universitarios, que suelen ser conservadores y, a menudo, pro-Israel. Destaca el caso de Marc Rowan, presidente ejecutivo de Apollo Global Management, quien lideró la campaña en contra de la presidenta de UPenn. Rowan —donante de 50 millones de dólares a la escuela de negocios de la universidad en 2018 y ex presidente de su consejo asesor—, propuso que los donantes condicionaran sus aportaciones a la destitución de Magill.

El magnate logró su cometido cuando, además de Magill, renunció el presidente del patronato, Scott L. Bok. Un triunfante Rowan envió un correo a los miembros del patronato universitario en el que exigió cambios a la “cultura” de la escuela. Incluyó 18 preguntas sobre el tamaño del consejo gobernante, el perfil de los académicos, las políticas de selección y de acción afirmativa, además de insistir en la necesidad de incorporar una “diversidad de perspectivas” en la universidad, según el New York Times.

El mismo 9 de diciembre, el diario Philadelphia Inquirer publicó un artículo de opinión de Bok, en donde avisó sobre el peligro de otorgar demasiado poder a los donantes universitarios. “Las universidades deben tener mucho cuidado con la influencia del dinero”, dijo, agregando, “los donantes no deberían decidir las políticas universitarias ni determinar lo que se enseña”.
El Comité Ejecutivo de UPenn, de la Asociación Americana de Profesores Universitarios, expresó argumentos similares en una declaración publicada en su página de Internet. “Multimillonarios no electos y sin calificaciones académicas están buscando controlar decisiones que deben ser exclusivas de los profesores, para que la investigación y la docencia conserven legitimidad y autonomía de la influencia de actores privados y políticos”.

Harvard también ha sentido la presión de los grandes donantes, a pesar de contar con un fondo de inversión (endowment) de más de 50 mil millones de dólares. Bill Ackman, un egresado multimillonario, ha buscado la destitución de Gay, a quien tacha de “antisemita”. Alegando que la universidad contrató a su primera presidenta negra para cumplir con requisitos de diversidad racial, ha acusado a Gay de plagio en partes de su tesis de doctorado; alegatos que fueron desestimados por el patronato de la universidad. También ha buscado identificar públicamente a estudiantes que han expresado sentimientos anti-Israel en los días después del ataque de Hamás.

No es el primer caso así. Algunas empresas de inversiones le han exigido a Harvard revelar los nombres de estudiantes que firmaron una carta culpando a Israel por los ataques de Hamás, para evitar contratarlos. Sin embargo, Gay ha rehusado a cumplir con las demandas, citando leyes de privacidad y la presunción de inocencia.

La presión ejercida por los donantes resalta la creciente dependencia de las instituciones a los grandes dineros. El año pasado, los donativos a universidades estadunidenses alcanzaron los 59.5 mil millones de dólares, casi tres veces los 14.8 mil millones que se donaron en 1980, según el Consejo para el Avance y Apoyo a la Educación, con sede en Washington DC. Además, solo 1 por ciento de los donantes fueron responsables por 80 por ciento del monto canalizado a las universidades, reportó el New York Times.

Más universidades en la mira
Harvard, MIT y UPenn no son las únicas universidades en la mira gubernamental por su respuesta a las protestas estudiantiles. El Departamento de Educación anunció la semana pasada que estaba investigando a otras seis universidades —incluyendo a Stanford y la Universidad de California en Los Ángeles—, por supuestas violaciones a la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación étnica. De los 29 casos investigados en este año, 21 surgieron a partir del 7 de octubre, según cifras del departamento. El gobierno afirmó que busca “tomar acciones agresivas para enfrentar el auge alarmante en los reportes de antisemitismo, discriminación antiislámica, anti-árabe y de otros tipos en los campus universitarios y en escuelas desde [el comienzo] del conflicto Israel-Hamás”.

No obstante, parece poco probable que la intervención gubernamental logre frenar las protestas. Mientras el número de víctimas de la guerra siga en aumento, los líderes universitarios enfrentarán un clima cada vez más explosivo y polarizado, cuyas repercusiones aún son difíciles de predecir.