Recientemente, en la academia se ha discutido la ausencia de políticas oficiales que mejoren la educación en las universidades públicas, las cuales dan cabida a la mayor parte de la matrícula de la licenciatura nacional. No se entiende esta falta porque, en la sociedad, todavía se percibe que la universidad pública promueve la movilidad social. Se considera, aún, que obtener un título abre perspectivas laborales. La universidad pública tiene respaldo social.
Por el costo y el prestigio local de las universidades públicas, estas instituciones se encuentran en las preferencias de los jóvenes que desean estudiar una profesión, formarse educativa y culturalmente.
Hoy en día, la demanda educativa enfrenta un problema muy profundo, que no resuelve ninguno de los programas dirigidos a los jóvenes. Por la crisis que trajo la pandemia, las universidades tuvieron que cerrarse. Se dio paso a las clases por computadora, a distancia, que resultaron ser una opción para mantener ocupados a los jóvenes y a los profesores. La oficina y el aula en la casa auspició el aislamiento y la pasividad, aunados a la individualización en la sociedad. Todo lo cual favoreció la desmovilización política y la fragmentación de actores en la esfera pública de la educación.
Por la vía del encierro, entre otras causas, hubo pérdida de intereses colectivos e inactividad política. Los movimientos de las estudiantes y profesoras quedaron aislados. En las universidades se encapsularon los conflictos para mantener la estabilidad política general en las casas de estudios.
El regreso a clases presenciales se está llevando a cabo de manera lenta, lo que no necesariamente libera las tensiones creadas en las universidades. No hay actores visibles que impulsen el cambio para resolver los problemas académicos, de gobernabilidad y gobernanza en las universidades públicas, ni organizaciones que los convoquen para el avance académico y la defensa de la autonomía.
Quienes sí están actuando son los que favorecen lógicas de mercado. De ahí que sea importante que los universitarios trabajemos para fortalecer a las instituciones universitarias públicas en su quehacer, en su imagen y en su presencia política en el espacio público.
Un miembro de la elite de nuestro país se atrevió a decir que los profesores universitarios cobran sin trabajar, y que los jóvenes que van a las universidades no producen valor; por lo tanto, deberían ponerse a trabajar y dejar de perder el tiempo con los estudios. Las críticas desinformadas de quienes son contrarios a lo público reflejan ignorancia y prejuicios.
Hay quienes piensan que las universidades son productoras de desempleados, y que hay un desajuste serio entre los estudios profesionales y el mercado laboral. Desajuste que nunca hemos negado los analistas. Sobre este punto hay encuestas, informes y artículos académicos que ilustran lo que ocurre entre la educación superior y el mercado laboral. Reiteradamente, se ha concluido que el mayor problema es que el mercado laboral no crea empleos suficientes en ocupaciones que requieren educación superior.
Los personajes que representan a las fuerzas del mercado siguen pensando en reducir el ámbito de lo público. Lamentablemente, tienen a su alcance medios de comunicación masiva. Las fuerzas que defienden la ampliación de lo público tienen menos presencia o menos instrumentos para dar su punto de vista. Y están menos organizadas o todavía apagadas por la pandemia y por la falta de un proyecto educativo convincente.
En esta coyuntura, en la que los universitarios remarcamos la valía de las universidades públicas, me parece fundamental que aparezcan actores e interlocutores académicos (profesores y estudiantes) que enfrenten cualquier intento de imponer un curso histórico para satisfacer intereses privados.
La transformación del México que viene no podrá realizarse efectivamente sin las universidades públicas y sin la investigación que en ellas se hace. Las universidades mexicanas han seguido cumpliendo con su cometido. Además, cada universidad pública ha hecho su esfuerzo por cumplir con los indicadores oficiales, aunque no todas tienen las mismas capacidades para hacerlo.
Habrá que estar atentos, porque el progreso de la educación superior pública requerirá cambios sustantivos. Para una mejor conducción de las universidades públicas, habrá que ejecutar políticas que impulsen al conjunto universitario, con la debida flexibilidad para atender los problemas de unidades concretas, en su especificidad institucional, tal que aumenten sus capacidades científicas e intelectuales.
Por lo pronto, hablando de los instrumentos para las políticas, la UNAM acaba de presentar el Sistema Integral de Información Académica (SIIA), que es una plataforma de libre acceso que ofrece datos sobre la docencia y la investigación, del desempeño de académicos y estudiantes. Este instrumento, dijo el Subsecretario Concheiro, debe generalizarse. El SIIA permitirá que quien lo maneje obtenga un marco informativo de cientos de instituciones que le servirá a la sociedad, a las propias instituciones y a quienes tengan las condiciones y posibilidades de elaborar o sugerir políticas educativas para este nivel.
