Financiamiento y cobertura: caminos distantes

Dos semanas atrás, la Anuies dio a conocer un desplegado periodístico dirigido a la Secretaría de Hacienda y a la opinión pública, manifestando “su profunda preocupación ante el complejo panorama financiero que enfrentan las universidades públicas del país”. Tres temas principales se contienen en dicho texto, firmado por el Consejo Nacional de esa organización, los cuales aquí se presentan y comentan.

1.Financiamiento y matrículas. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF), como lo destaca el documento, “resulta claramente insuficiente para atender las funciones sustantivas de nuestras instituciones y cumplir con la meta de cobertura planteada por el Gobierno Federal”. De acuerdo con esto, el subsidio otorgado a las IES estatales y federales fue de 1.79 por ciento y 3 por ciento, respectivamente. Menor a lo que fue el índice de inflación del año pasado (3.69 por ciento, Inegi). A esto se suma un déficit presupuestal acumulado durante 2018-2025, el cual asciende a 50 mil 400 millones de pesos, de los cuales 42,600 son de universidades estatales, de Apoyo Solidario e Interculturales.

Por lo que se refiere a la matrícula en las IES públicas, se ofrece el dato de 16.3 por ciento de crecimiento en ese mismo lapso. Como se observa, el contraste es enorme.

2.Política salarial. A los datos de financiamiento antes consignados deben sumarse las cantidades que corresponden al incremento salarial anual. De acuerdo con lo ya resuelto en varias IES (principalmente la UNAM), Anuies prevé que la proporción de incremento en ambos rubros podría ser de 4 y 2 por ciento, respectivamente. Dado que las cantidades resultantes de estas cifras no se incluyen en el PEF, buena parte de las IES estarían funcionando con incertidumbre y el eventual riesgo de insolvencia, por un lado, así como el rompimiento de negociaciones en el ámbito laboral con los sindicatos correspondientes.

3.Llamada urgente. El desplegado concluye con: a) una excitativa a la SHCP y a la SEP para que “busquen los mecanismos necesarios que permitan asignar recursos adicionales extraordinarios en este 2026 que sean suficientes e irreductibles en lo futuro, para alcanzar al menos la inflación correspondiente y cubrir la política salarial”; b) de igual manera, a las mismas instancias, para que puedan encontrar “alternativas viables y sostenibles en el tiempo que permitan cumplir con los preceptos constitucionales, legales en la asignación del presupuesto para educación superior con miras a 2027”. En otras palabras, y comedidamente, se declara que la trascendental reforma constitucional de 2019 al Artículo 3ro., así como la Ley General de Educación Superior de 2021, han sido letra muerta hasta ahora.

Comentario. El financiamiento a las IES públicas es, o debe ser, una materia concurrente en los tres órdenes de gobierno. Se trata del Estado Mexicano en su conjunto, una vez incluido esto en el Artículo 3ro. constitucional. Lo que ha sucedido en los últimos años, desde la segunda mitad de sexenio de Peña Nieto, es un retraimiento en las asignaciones que, por distintos motivos, cada vez se parece mas a lo sucedido en tres momentos de la educación pública de los últimos sesenta años: en el sexenio de Diaz Ordaz, por castigo a las universidades; en el de la Madrid, por la crisis económica y de finanzas públicas; así como en el de López Obrador, por el bajo crecimiento económico y la atención a prioridades del régimen antes que a las marcadas en la Carta Magna.

Por lo que en el desplegado se refiere a cumplir, por parte de las IES, con la “meta de cobertura planteada por el Gobierno Federal”, el asunto es muy delicado. Como lo ha manifestado ya en este espacio Roberto Rodríguez (Campus 1111, 6 de noviembre), esa meta fijada por el Plan Nacional de Desarrollo (tasa bruta de cobertura), de 55 por ciento, significa que en el presente sexenio deberían crearse 1.2 millones de nuevos espacios para el estudiantado, de los cuales 760 mil serían los pertenecientes a IES públicas. A un quinquenio de la meta citada, y al ritmo del financiamiento de los últimos siete años, el objetivo declarado es imposible, o fue adoptado irresponsablemente.

Cualquiera que sea la razón, en sesenta años del Sistema de Educación Superior (creció de 200 mil a 5.5 millones), el gobierno de Echeverría lo financió en amplia medida. Tendencia que se continuó (aunque con oscilaciones) en los de López Portillo, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. ¿Se añoran esos tiempos?, sí. Pero, como afirmó el primer ministro de Canadá la semana pasada: “la nostalgia no es una estrategia”. El Gobierno Federal, así como el Congreso de la Unión, todavía pueden cambiar el rumbo. Tienen cinco PEF´s por delante para hacerlo. ¿Lo podrán, lo querrán?