En los próximos tres meses se hablará mucho de estas estrategas, por lo cual resulta conveniente precisar las características con las que deben contar, particularmente cuando algunas de este sexenio, como las de obligatoriedad, gratuidad y universalidad, no se han aplicado realmente
Como tantos otros términos provenientes de las ciencias sociales que se han vuelto de uso común —particularmente en momentos electorales como los de ahora— el de políticas públicas asume significados que, frecuentemente, se aplican a cualquier acción ubicada dentro de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno en el país. Sin embargo, el concepto, proveniente de la ciencia política o de la administración pública, tiene (o debe tener), un sentido unívoco. Algunas características que suelen atribuírsele a ese concepto se relacionan con: estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos, acciones de gobierno encaminadas a obtener mayores niveles de bienestar, proceso que se inicia cuando un gobierno detecta la existencia de un problema, o cuando se evalúa la acción o tareas ya ejecutadas por aquél. Un concepto sistemático a este respecto, que engloba en buena medida aquellas características, es el siguiente: “El conjunto de acciones que se orientan a la realización de objetivos considerados como prioritarios por la sociedad, para resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público” (Luis F. Aguilar). En ese sentido se utiliza en el presente texto.
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Carlos Pallán
Ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), Ex secretario General Ejecutivo de la Anuies.
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