Represión judicial contra un periodista en Campeche, una ley en Puebla que criminaliza con cárcel el «ciberasedio», ordenan en Tamaulipas bajar una columna de opinión y detienen en Jalisco a un camarógrafo. ¿Atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información?
Para hablar de estos casos contra el gremio periodístico, la Doctora Mireya Márquez Ramírez, Académica de Tiempo Completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México afirmó que son estrategias represivas para inhibir la crítica periodística en los estados del país, donde todavía hay resquicios autoritarios.
Consideró que este tipo de medidas no solo buscan un proceso punitivo para aquel que lo cometió, sino un mensaje contra el resto de las y los periodistas, en donde los gobernadores o alcaldes quieren que los medios les rindan pleitesía, pues todavía creen que a partir de publicidad oficial se compra el silencio en los medios de comunicación.
¿Atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información?
La especialista en sistemas de medios y política de comunicación en América Latina dijo que estos atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información son un enorme retroceso. También señaló que las mañaneras en el sexenio anterior fueron un ejercicio muy criticado de estigmatización contra la prensa, pues hubo un poder inconmensurable contra las y los reporteros desde la Presidencia.
«Están queriendo hacer una regresión que no habíamos visto desde los tiempos de la Revolución, algunas veces el priísmo duro de los sesentas y setentas si llegaban a aplicar estas tácticas (…) Creo que nunca vimos periodistas con procesos judiciales desde el siglo XIX, con las luchas de conservadores y liberales, y luego durante el Porfiriato que también se mandaba encarcelar por hacer un periodismo crítico», acotó.
Apuntó que seguimos estando en una democracia y las y los políticos tienen la obligación de rendir cuentas, mientras los medios de comunicación siguen con la obligación de garantizar el derecho a la información, en un marco legal en el que se debe gozar de la libertad de expresión.
«Las y los políticos que fueron elegidos son personajes públicos que están sometidos a la crítica y al escrutinio. En las plataformas digitales, no hay una regulación de Internet para minimizar el discurso de odio, eso está fuera de la jurisdicción de cualquier gobierno nacional o estatal», recalcó.
Además, la Dra. Márquez Ramírez consideró que estas medidas son un pretexto para inhibir la libertad de expresión en Internet, sobre todo viniendo de gobernantes y de partidos que para ganar elecciones compran granjas de bots que generan discursos odio en Internet.
La analista sobre autoritarismo local y acoso a la prensa aseveró que la Constitución Política consagra la libertad de expresión y el derecho a la información, por lo que en el momento en que a cualquier periodista se le inhibe un derecho fundamental para informar, hay una afectación a la sociedad en general.
«En las encuestas que hemos aplicado encontramos que 90% de las y los periodistas están comprometidos con los valores clásicos: llamar a cuentas a los poderosos y garantizar que haya diversos puntos de vista. Si a los políticos no les gusta lo que los medios tienen que decir sobre ellos, pues primero deben hacer mejor su trabajo. Hay un derecho de réplica para que hagan las aclaraciones pertinentes», concluyó.
Texto: Luis Reyes/Foto: Firefly
