El Normalismo hoy / I

Pequeñas causas, grandes Conflictos. El 18 de mayo pasado, un grupo de 93 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas, tomaron las Casetas de carretera en las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Su causa: la dirección de ese centro escolar cambió las reglas para el examen de admisión. En lugar de uno escrito y presencial, como todos los años, ahora se realizaría en vía virtual y por computadora. El argumento de carecer de tal tipo de instrumentos más los problemas de conectividad, aunados al escaso conocimiento o práctica con dichos instrumentos, no obtuvo la respuesta adecuada.

Pronto, la petición original se transformó en queja y luego en protesta. La toma de casetas motivó la presencia de la fuerza pública (antimotines) y de ahí a los gases lacrimógenos, las balas de goma y la captura de los 95 manifestantes, 76 de ellas mujeres. Todos fueron llevados al penal de El Amate, se les abrieron carpetas de investigación por motín, pandillerismo, ataque a las vías de comunicación y otros. De inmediato la reacción: padres y madres de familia, estudiantes, organizaciones y los propios detenidos denunciaron agresiones, represión y ataques sexuales. El conflicto se extendió rápido a otras entidades y escuelas normales, pero también a universidades, la CNTE, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, padres y madres de Ayotzinapa, y muchos más en la República. La protesta con acciones de vandalismo llegó a dos principales: la Fiscalía General de la República, en CdMx, y la Casa de Gobierno en Puebla. En Tuxtla las manifestaciones y reacciones se repitieron en tres ocasiones más con modos y efectos parecidos.

Con la presión en aumento para las autoridades en esos dos estados, se liberó a las mujeres estudiantes, pero dejándolas sujetas a proceso. La acción no fue suficiente para apagar la protesta. Se redobló la lucha por los 19 que aún quedaban en El Amate. Vino entonces la advertencia: de no liberarse a los 19, “iban a boicotear el proceso electoral del 6 de junio”. Los gobiernos y fiscales cedieron. Los 19 encarcelados quedaron en libertad bajo condiciones similares a sus compañeras. Habían transcurrido 17 días, estaban libres…  pero con la misma demanda principal: un examen presencial y no virtual.

La Causa Profunda. Los acontecimientos antes referidos sirven para poner de relieve una de las asignaturas pendientes en el Sistema Educativo Nacional: la educación normal y su organización y financiamiento. Los aspirantes a ingresar en Mactumatzá tienen su propia causa vital: estudiar en un centro escolar que abre las puertas a muy pocos (120 de 1,500 aspirantes cada año). No obstante las carencias del establecimiento, este les ofrece la posibilidad de estancia (tres comidas al día, sufragadas por una partida presupuestal de 74 pesos diarios per cápita, y un alojamiento para seis estudiantes en un espacio de tres por tres metros): ahí se prepararán y tendrán, muy posiblemente, un trabajo seguro al egresar. Son muchachos que representan, en su inmensa mayoría, la primera generación de sus estirpes en alcanzar ese grado de escolaridad. Pero las condiciones de vida ahí son difíciles; calificarlas de “precarias” podría ser hasta un eufemismo, según se cuenta en torno a las formas de vida en ese establecimiento escolar.

A dos años de la reforma constitucional al Artículo 3º, lo ahí expresado en torno al normalismo parece ser letra muerta en Mactumatzá: “El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales…”. El Programa Sectorial de Educación, dado a conocer en julio de 2020, tiene como postulado fundamental: “el derecho a una educación de calidad para las y los estudiantes debe ineludiblemente apuntalarse en el derecho a una formación de calidad para el personal docente”. El Presidente de la República, el jueves pasado, al responder a una pregunta sobre el conflicto aquí abordado y, en general en torno a las normales, afirmó: “falta (por hacer), pero se les va a seguir apoyando” …” se tiene que garantizar una educación de nivel”.

Todo lo anterior está bien, pero resulta contrastante con lo hasta aquí abordado, particularmente cuando se observa un hecho: en los dos últimos años la expresión constitucional relativa a “de manera especial a las escuelas normales” ha significado para ese tipo de establecimientos una reducción abismal: de los 1,195 millones anuales de que disponían en 2015 se ha pasado a 170, según relató Luis Hernández Navarro en entrevista (Aristeguinoticias.com, 4 de junio de 2021, 9.33 am). Abordar estas cuestiones será el tema de la próxima semana.