Educación superior: Rezagos y oportunidades / III

Dando continuidad a la reseña del libro El futuro de la educación superior en México, editado por la Universidad de Guadalajara, aquí se incluyen dos textos más. En ambos se identifican algunos de los problema básicos que confronta ese nivel educativo, así como algunas de las propuestas que serían susceptibles de integrarse en una futura política pública en esa materia.

El primer texto es de Alma Maldonado y se titula: “Detener la negligencia: ¿qué hacer con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UUBJ)”. Se trata de una revisión crítica de esa institución, creada en el primer año de gobierno del actual sexenio y que, en menos de cinco años, cuenta ya con 203 planteles y 74 mil estudiantes, según el informe oficial. Precisamente con esta temática, la correspondiente a las instituciones creadas, es que inicia su texto Maldonado. El número correspondiente, más de dos centenas, supera con creces lo que se había realizado en los últimos sexenios: 95, 140, y 26, respectivamente en los gobiernos de Fox, Calderón, y Peña. Datos del actual sexenio (Quinto Informe) indican que se alcanzaron a establecer 218 instituciones (considerando las 203 de la UUBJ como individualidades institucionales).

Las UUBJ fueron anunciadas desde la campaña presidencial de 2018 junto con los temas de gratuidad de la educación superior, así como la ampliación de las becas establecidas desde el gobierno de Fox. En ese sentido, no se trata de una mera ocurrencia, afirma la autora, pero sí de una institución establecida a partir de una decisión sin la planeación y el presupuesto correspondientes. A esto se agrega un conjunto de factores que debieron estar considerados antes del momento de su creación: las previsiones relacionadas con calidad, financiamiento, oferta, demanda de estudiantes, pertinencia de los programas, ubicación, infraestructura y coordinación con otros subsistemas de educación superior. Una buena parte de estos factores no se tomaron en cuenta como se muestra a lo largo del capítulo.

Maldonado sitúa la creación de la UUBJ dentro de lo que identifica como “parte de las políticas dentro de regímenes populistas”, otorgando al actual sexenio esa característica. Así, se preocupa por esclarecer el término correspondiente, afirmando que se trata de un concepto que no determina inevitablemente una tendencia ideológica, toda vez que puede haber populismos de derecha o de izquierda, pero incluyendo en sus características las de un gobierno: a) que ejerce un liderazgo carismático; b) envía un mensaje a las masas; c) identifica enemigos concretos, polarizando a la opinión pública; c) apoyándose en textos recientes (Mude y Rovira, Urdinati y Daussauge -Laguna), disecciona a la institución por entero en su carácter de organización diseñada, construida y operada hasta ahora conforme a esos rasgos del populismo, según esos autores.

Con todo ello, al final afirma que las UUBJ no cumplen con los rasgos básicos de una universidad, entre ellos: el número de disciplinas o programas de estudios que se imparten, planta académica de cada plantel, número de docentes y competencias académicas, libertad académica, infraestructura y recursos adecuados, más algunos aspectos que se desprenderían de todo ello, como calidad educativa, acreditación y certificación institucionales.

Dada la situación que prevalece en las UUBJ, y que la autora la resume con un juicio negativo, su texto concluye con la afirmación de que va a ser “un problema para quien asuma el nuevo gobierno, a partir de revisar sus inconsistencias, problemas, debilidades y amplios cuestionamientos que genera”. En él se incluye la opacidad con que ha venido operando la institución, las continuas quejas de estudiantes y profesores, la escasa información de que se dispone, la falta de atención a los señalamientos que ha hecho el Coneval, y otros más.

De ahí que en el próximo sexenio debería realizarse una evaluación, casi una auditoría del estado actual en que se encuentran. Al final, una conclusión para el futuro inmediato: No inventar nuevos subsistemas y dedicar esfuerzos y recursos para consolidar los ya existentes. En el caso específico, una advertencia: es mucho más costoso para el país mantener un proyecto educativo que no fue seriamente planeado y diseñado para resolver problemas concretos, sino que más bien resultó una réplica atropellada a una clientela política específica.”. En lo que corresponde a las UUBJ se requerirá de decisiones responsables para su continuidad.

El segundo texto es de Marco Antonio Fernández y se titula “Reconfigurando la educación superior: 11 retos a considerar”. Como lo indica el propio autor, el texto “explora los desafíos y oportunidades dentro de la política de educación superior del país, subrayando la necesidad crítica de reformas para mejorar la cobertura, calidad, y equidad”. La identificación y descripción de los once retos constituye una revisión de lo que es actualmente el Sistema de Educación Superior con la identificación del principal problema y posibles soluciones en cada uno de ellos. Aquí se hace sólo una referencia a algunos de ellos, considerando su relevancia:

• Cobertura. La meta de alcanzar el 50 por ciento en este 2024 habrá quedado alejada con un 44 por ciento. Una justificación para ello se encuentra en, por un lado, el llamado “rompimiento de trayectorias escolares”, debido al Covid; y, por otro, el bajo crecimiento de la media superior, aunado al alto porcentaje de deserción (seis por ciento). Llegar al 50 por ciento, en 2035, implicaría un crecimiento anual de casi tres por ciento, 1.6 millones más de estudiantes a la matrícula del presente año.

• La modalidad no presencial y el condicionamiento existente para una educación de calidad. En un decenio (2012-22) lo no presencial creció en una proporción cercana al 100 por ciento (del 11 al 20 por ciento en su participación de la matrícula nacional de educación superior). Este crecimiento se dio mayoritariamente en las instituciones privadas, ya que en ese lapso su matrícula se multiplicó por un factor de 3.4 veces frente al de las públicas, que lo hizo en 1.9. Considerar que el futuro del crecimiento del sistema puede darse bajo el incremento de esta modalidad, asegurando a su vez las características de calidad, requerirá de varias condiciones para que “esta enseñanza sea efectiva”. Así, según el autor será necesario: a) acceder a mayores niveles de alfabetización digital; b) lograr un mayor acceso a Internet; c) que este último servicio tenga un precio accesible y sea de calidad, disponiendo, además de equipos de cómputo y habilidades de docencia en el profesorado; d) aprovechamiento debido en las tecnologías de comunicación e información; e) y posiblemente lo más importante: “generar contenidos de calidad para lograr los aprendizajes esperados” .

• Recursos financieros. El costo por alumno en el subsistema público es muy diferente, circunstancia que seguramente, se refleja en las calidades del aprendizaje y de los servicios. Tal es el caso de las universidades o instituciones federales en que dicho indicador asciende a 123 mil pesos anuales, el de las públicas estatales se sitúa en 55 mil, pasando por los tecnológicos federales que se sitúan en 43 mil, mientras que los descentralizados llegan a 28 mil. En último término están las universidades tecnológicas y politécnicas: las primeras con 28 mil y las segundas con 26 mil pesos.

• Equidad Social. Como lo indica el autor, “el acceso a la educación superior es muy distinto según el nivel de ingresos de los hogares”. Apoyándose en la Encuesta Nacional de Hogares 2022, se pone de relieve que, en el quinto quintil de dicho ingreso la cobertura llega al 53 por ciento de los jóvenes que forman parte de ese segmento; mientras que, en el sector menos favorecido, el primer quintil, este asciende al 15 por ciento, una diferencia de tres veces y media más. Esta desigualdad ha sido combatida desde el año 2000 con la introducción de las becas para estudiantes, medida que se ha venido ampliando en los siguientes sexenios; empero, también se debe a otros factores: entre ellos el autor apunta el correspondiente a los jóvenes que han cursado estudios previos (secundaria o media superior) en escuelas de menor calidad, circunstancia que les impide una trayectoria efectiva hacia la educación superior. De ahí que se requiera el mejoramiento en la calidad de los aprendizaje en dichos niveles previos.

• Pertinencia de aprendizajes y empleabilidad. Buena parte de la demanda de profesionales en el país, y las plazas de profesionales que se ofertan, “no se cubre debido a la falta de competencias básicas, socioemocionales y técnicas de los aspirantes”. Un estudio reciente en el estado de Nuevo León indicaría que esa “no cobertura” alcanza hasta un 54 por ciento. A eso se suman algunas cifras complementarias: siete de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad; tres de cada 10 titulados no trabajan en su campo de estudio; y 70 por ciento de los jóvenes ocupan posiciones que requieren un nivel educativo inferior.

En síntesis, apoyándose en un estudio muy difundido (Flores, Székely y Tuirán), el sistema público de educación superior no ha cumplido con “la promesa de desarrollar las competencias necesarias para el trabajo ni tampoco funge como una palanca para promover la innovación y el crecimiento económico”. Fernández agrega a esto lo que se consideran las habilidades imprescindibles para el siglo XXI en los graduados de la educación superior: comunicación efectiva, pensamiento matemático, inglés, pensamiento crítico, creatividad, negociación y flexibilidad.

Comentarios
• Lo que Maldonado califica de “negligencia”, al referirse a las Universidades Benito Juárez, Fernández encuentra elementos adicionales que servirían para completar un diagnóstico de la misma institución. Entre otros aspectos: a) quedan prácticamente fuera del sistema educativo, ya que no están sectorizadas; b) tienen problemas de reconocimiento a los estudios; c) buena parte de su profesorado está contratado en condiciones precarias; d) buena parte de sus planes de estudios no tienen la característica de pertinencia; e) carencia de instalaciones adecuadas en muchos de sus planteles; f) la implementación ha sido poco transparente y no existe información disponible para el análisis externo de su operación.

• Algunos de esos aspectos, como el relativo a “que operan prácticamente fuera del sistema educativo”, se convierte en un desafío inicial para el nuevo secretario de Educación. Las UUBJ deberán sectorizarse en la Subsecretaría de Educación o en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Así debería reflejarse en las modificaciones que se le hagan a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Permanecer como dependencia directa de la presidencia de la República sería un exceso.

• Los datos de cobertura que presenta Fernández, 1.6 millones de estudiantes más en 2035 (para alcanzar la proporción de 50 por ciento) tienen una diferencia enorme frente al compromiso asumido por la nueva presidenta de la República (Cien pasos para la transformación), relativo a que en su sexenio habría un incremento neto de 300 mil nuevas matrículas en instituciones públicas.