En México existe, desde 2003, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), misma que tiene como meta reconocer la diversidad lingüística de la población mexicana y garantizar el derecho que toda y todo mexicano tiene a “comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricción en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras”, además de que prohíbe que ninguna persona sea objeto de discriminación por la lengua que hable.
La LGDLPI es producto de distintas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a los que México se suscribe, que buscan otorgar un reconocimiento a las poblaciones originarias y sus derechos, pero también es fruto de las distintas movilizaciones y acciones de resistencia que han encabezado los propios pueblos indígenas del país, en una búsqueda por ser reconocidos no sólo como sujetos de interés público sino como sujetos de derecho.
Quiero centrar la atención en uno de los derechos particulares de la mencionada Ley, referida al derecho a la educación de las poblaciones originarias de México. En el artículo 11 se menciona lo siguiente: “Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos”.
En un país como México, con una alta diversidad lingüística por su amplio y rico número de lenguas habladas, la aplicación de este derecho presenta grandes retos, sobre todo pensando en la historia de la política educativa nacional dirigida a la población indígena.
Sin pretender hacer un recorrido histórico exhaustivo de dicha política, es importante mencionar que, desde las primeras décadas del siglo XX, el gobierno posrevolucionario enfocó todos sus esfuerzos al proyecto nacional que tuvo como uno de ejes centrales la educación. Se pretendía llevar el “desarrollo” y “progreso” a amplios sectores de la población, predominantemente rural y monolingüe en distintas lenguas originarias, y el instrumento para hacerlo fue la escuela y las y los maestros. La meta era castellanizar a dicha población para que, a través del español, pudieran “empaparse” de lo que la nueva nación mexicana estaba construyendo: una identidad, una lengua, una religión… Esta política educativa castellanizadora fue una constante durante muchas décadas y no estuvo libre de prácticas violentas que propiciaron la pérdida de transmisión intergeneracional y, como consecuencia, el desplazamiento de muchas de las lenguas originarias en varias partes del territorio mexicano.
Sin embargo, esta política educativa fue también refutada y resistida de distintas maneras por las y los hablantes de lenguas originarias, lo que propició transformaciones y cambios, acordes también a las demandas de los movimientos indígenas a nivel mundial. En México, se pasó de una política educativa explícitamente castellanizadora y aculturalista a una integradora con participación de la población objetivo, una educación bilingüe bicultural donde las lenguas indígenas serían un puente, valioso y útil, pero puente al fin, para poder llegar a la castellanización, hasta una educación intercultural bilingüe cuya meta es situar a las lenguas indígenas en igual de condiciones que el español y se reconoce la diversidad lingüística como un riqueza y fortaleza de la población. Actualmente, la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo en turno, sitúa a las lenguas originarias y su enseñanza como un punto de partida para el reconocimiento de los derechos culturales de la población indígena y aboga por su uso, preservación y protección desde el espacio escolar.
No obstante, a pesar de los virajes en la política educativa para la población indígena y las legislaciones existentes, hay preguntas puntuales que responder: ¿cómo lograr la preservación, difusión y enseñanza de las lenguas originarias en un espacio históricamente homogeneizante como la escuela? ¿cuál tendría que ser una educación lingüísticamente pertinente para la población indígena y quién tendría que definirla? ¿cuál es el papel que juega la población monolingüe en español y qué tipo de sensibilización tendría que tener para sumarse al reconocimiento de la diversidad lingüística? ¿cómo se propicia pedagógicamente la enseñanza de las lenguas originarias cuando existe una gran diversidad de situaciones lingüísticas en las comunidades del país? ¿el reconocimiento de la diversidad lingüística no tendría que pasar por un reconocimiento de la autonomía y libre decisión de las propias poblaciones indígenas en torno el uso de sus lenguas? Sin duda, el derecho a la educación en un país con una alta diversidad lingüística implica pensar más allá de la lengua.
–Foto: Cortesía INPI.
Velia Torres Corona
Investigadora en Ciesas Pacífico Sur
