Publicar se ha convertido en un calvario que ya no tiee relación con la calidad de la investigación; varias asociaciones académicas han intentado separar alejar a los evaluadores de las funciones de los editores
Poco podría añadir a las recomendaciones expresadas sobre el mejoramiento de la equidad y la calidad en la educación superior, la necesidad de aumentar el financiamiento, de regular el suministro virtual de servicios educativos y la inteligencia artificial o bien de encauzar las reformas curriculares, diseñar nuevas carreras, mejorar la condición estudiantil y los perfiles de formación académica y
anticipar los riesgos.
Esas sugerencias conciernen factores centrales de presión sobre el sistema educativo. Desestiman sin embargo otros, menos llamativos. Entre esos, destaca la preconización de publicar. Varios especialistas, en la red SCIELO, advirtieron que el volumen de los artículos en fila de espera se incrementó notablemente mientras el de solicitudes de dictaminación rechazadas se elevó.
Esa situación no es sorprendente: muchas invitaciones a evaluar (no solicitadas por quienes las reciben) conminan a ingresar a plataformas, mediante un password, para aceptarlas o no. Exigen además entregar la decisión en un plazo perentorio y siempre corto. Pero, esas exigencias son unilaterales. Pocas revistas se comprometen a informar el autor en un periodo razonable. Eso sí, la mayoría tiende a acortar tanto los periodos de postulación, sea de contribuciones libres o para dossiers, como los plazos para que los autores hagan sus correcciones. No siempre envía, motu proprio, a los dictaminadores una constancia.
Los resultados están a la vista: la dictaminación es un cuello de botella. Las quejas de editores (que no encuentran evaluadores), de autores (que reciben respuestas dilatadas a sus envíos) y de potenciales evaluadores (abrumados por demandas incesantes e indeseadas) se multiplican. Mientras, las instituciones hacen mutis: exigen publicaciones a sus estudiantes en journals de calidad y una productividad anual constante a sus académicos, en revistas acreditadas, preferentemente con factor de impacto y, por ende, extensos plazos de publicación y altos índices de rechazo. A la par, sus reglamentos sobre el personal académico desvalorizan la dictaminación, pese al tiempo que consume.
Las propuestas para resolver esas contradicciones son tímidas. Consisten en pagar a los evaluadores, en exigir a autores cuyos artículos fueron aceptados que evalúen dos o tres artículos en números ulteriores, en solicitar a los postdoc y jóvenes investigadores que requieren hacer curriculum o bien en publicar preprints. Muchas revistas transfieren a los autores los costos implicados por esas sugerencias, a veces altísimos. El publish or perish de antaño no sólo sigue en pie. Ha mutado en algo peor, un pay or perish.
Pero, la determinación de las habilidades detentadas por quienes evalúan sigue siendo una cuestión desatendida. Es tanta la presión de las revistas por obtener que alguien rellene los formatos requeridos por sus agencias acreditadoras, que se han desentendido de los desvíos de los procesos de evaluación o de los cotos de poder establecidos en torno a ellos. Las revistas entregan los autores, casi indefensos, a la arbitrariedad de los entes anónimos responsables de evaluar. Algunos tienen empatía, otras exigencias desorbitadas o ilegítimas: aprovechan su pasajera superioridad para imponer al colega evaluado que escriba el texto que ellos hubieran redactado o añaden exigencias adicionales de mejoramiento en cada una de sus revisiones. Las revistas conminan a los autores a puntear las sugerencias “obedecidas” y justificar las que no. Daría risa, si no exasperase, que esas mismas revistas, urgidas por cumplir el mantra de la doble dictaminación ciega, propongan ulteriormente a autores cuyos artículos descartaron volverse evaluadores.
Publicar se ha vuelto entonces un dilatado vía crucis. Desde hace años, varias asociaciones académicas llamaron (en vano) a capacitar a los evaluadores, exigirles más amabilidad en el trato y separar claramente sus funciones de las de los editores. Eso no fue suficiente para que, en sus lineamientos, algunos consejos editoriales removieran la advertencia de que los artículos, sin considerar sus contenidos, que no respetasen formalmente los criterios de presentación, principalmente bibliográficos, no pasarían a la fase de evaluación académica.
Durante años, lo que determinó la publicación de un producto científico fue su calidad disciplinaria. Ya no ocurre así. Los escarnios relatados por autores corroboran que urge discutir no sólo la centralidad del indicador “publicaciones” en los dispositivos de aseguramiento de calidad sino su cariz. Urge precisar las atribuciones de cada grupo involucrado, superar las degradadas condiciones de operación de las revistas de “calidad” y repensar su rol en la circulación del conocimiento. Urge, además, que los académicos exijan mayor respeto entre pares en una circunstancia tensa en la que se superponen la reconfiguración de la profesión académica y profundos cambios en el mundo editorial.
