La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), instalada el 1 de enero de 2025 por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, benefició de un estado de gracia excepcionalmente largo, si se compara su duración con la del que benefició el organismo que lo antecedió, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt). Bajo ese pretexto, no conviene pasar por alto manifestaciones puntuales de inquietud respecto de algunas de sus actuaciones, en relación con las capacidades de pago de los incentivos del Sistema Nacional de Investigadoras/es o con la reorganización del Sistema Nacional de Posgrado (SNP), ni, actualmente, con la reducción en el número de postdoctorantes becados por la Secihti, asignados por tutores.
Su disminución (de 10 a 6), expresada en el reglamento 2025 del programa, tuvo un carácter disruptivo. Hacía años, en efecto, que las dependencias gubernamentales a cargo consideraban que el número per cápita de estudiantes por profesor expresaba adecuadamente la calidad institucional y, por ende, tenía que robustecerse. Ciertamente, a fuerza de repetirlo obsesivamente, las autoridades habían incluso inducido revaloraciones institucionales de la dirección de tesis (aunque no forzosamente en un aumento de la titulación) e incidido en la percepción social de los establecimientos de educación superior.
La decisión de disminuir el ratio “estudiantes por profesor” dio casi inmediatamente lugar a múltiples interpretaciones. La más frecuente fue que la reducción en el número de alumnos susceptibles de recibir una beca estaba encaminada a disminuir la cifra total de las financiadas por la Secihti, en una situación en la que no alcanzaban los recursos para satisfacer las necesidades, después de años seguidos de contención financiera. Otra fue que esa decisión ayudaba a aminorar situaciones indeseables, como la concentración excesiva de estudiantes por académico cuando esa no era acoplada con una tasa de graduación aceptable, además de contribuir a repartir más equitativamente entre los integrantes de los equipos académicos la atención a la demanda. En esa última perspectiva, no se trataba solamente de hacer ahorros presupuestales, sino de mejorar las oportunidades de graduación y de optimizar los resultados.
Pero ese bajón cuantitativo, sea de índole económico o racionalizador, no es la única consecuencia potencial para examinar. Su progresivo cumplimiento por parte de las instituciones de educación superior (IES) y de su plantilla las llevará, de hecho, a confrontar procesos de reacomodo espinosos, sobre todo en una situación en la que la Secihti no esgrimió motivos pedagógicos o informaciones cuantitativas para justificar y validar la reducción, ante los afectados.
Es cierto que el SNP, al igual que el reglamento vigente de las becas de posgrado, a diferencia de lo que ocurría en reglamentos precedentes, quitó de sus indicadores de acreditación los porcentajes de titulación de egresados por generación. Dejaron asimismo de imponer plazos de obtención de grado. Pero esa remoción de exigencias no implicó ningún alineamiento automático por parte de las IES sobre las normas, sino que acrecentó sus diferencias: algunas mantuvieron, en sus normas internas, plazos máximos de titulación para considerarla oportuna y como una prueba directa de calidad de los programas o como una indirecta para medir los desempeños académicos. Otras no.
Esas reacciones disparejas pueden, en consecuencia, agravar las desigualdades en las condiciones de trabajo institucional y en el ejercicio de la profesión académica, un tema preocupante para los tomadores de decisión en términos de diseño y de seguimiento de la política pública. Igualmente, no representan una solución satisfactoria a un problema grave, la calidad académica de las tesis aceptadas, la cual, sospecho, ha disminuido. En un escenario de segmentación creciente y para responder a esa disposición, es de prever que, responsivamente, los investigadores y los docentes seleccionarán admitirán preferentemente a los aspirantes que acumulan capitales académicos predictores de éxito escolar. Esa selectividad creciente, de generalizarse, desgastaría los avances logrados mediante otras políticas, por ejemplo, las de captación de estudiantes vulnerables e inclusión, debido a las contradicciones inevitables en un marco de hiper reglamentación.
Entonces ¿qué? ¿Como interpretar adecuadamente esa “nueva” exigencia? Por ahora y pese a que haya sido objeto ya de pronunciamientos públicos en su contra, es improbable que la Secihti la remueva, sobre todo después de la tregua navideña y de la publicación de la lista oficial de IES seleccionadas por el SNP, que apaciguaron el descontento previo. No quedará, por tanto, más que vigilar sus consecuencias, tanto en el porcentaje de becas otorgadas versus la demanda como en las tasas de titulación o de codirecciones. Habrá que establecer si incidió en la consecución de los propósitos perseguidos por otras políticas públicas (las de democratización de oportunidades, por ejemplo) y en valores arraigados en el ethos académico (la calidad de la formación), para verificar si fue un simple tanteo o un eslabón irreversible en una estrategia discreta de (re)intromisión paulatina en la conducción del sistema público de educación superior.
