1. Desde que se presentó, con bombo y platillo, en Mocorito, Sinaloa, el 27 de enero de 2019, la denominada Estrategia Nacional de Lectura, han pasado casi cuatro años sin que se sepa nada de ella. El presidente habló de muchas cosas en el mitin (porque fue un mitin de campaña, aunque ya era el presidente de México), pero no dijo en qué consistía tal Estrategia. Claro, allá en Mocorito (“Cocorito”, diría en uno de sus tantos lapsus el director general del Fondo de Cultura Económica, FCE) fue la oportunidad para repartir la Cartilla moral, de Alfonso Reyes (“para que se fortalezcan los valores que ya existen en nuestras familias”), además de otro librillo muy oportuno para el acto político: Las caballerías de la Revolución, de José C. Valadés. Y Taibo II, director general del FCE, tuvo la oportunidad de anunciar: “Vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros, y no sólo eso: ¡vamos a forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus precios!, coeditando con ellos, sustituyendo importaciones”. Aseguró el funcionario que la meta de tal Estrategia era la de “construir una gran república de lectores” (¿o dijo de “electores”?), y aprovechó la ocasión para pronunciar una broncínea frase bélica de la ideología cultural de la Cuarta Transformación: “Porque la llegada de un viento que sopla democracia, y a democracia de verdad, va a ser un viento que va a barrer [¿barrer a quienes?, ¡a los que no piensan como exige el gobierno!], y en medio de la barrida los libros van a entrar como las nuevas balas [¡oh, “Che” Guevara!] de un proceso liberador!”.

Ese día en “Cocorito”, ante los “cocoritenses”, el coordinador nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías se refirió a los tres “ejes rectores” de la Estrategia: “¿Quién y cómo se lee?”, “La disponibilidad de libros” y “El atractivo que se puede sentir por la lectura”. En esa ocasión se afirmó (información textual de la página oficial del Gobierno de México) que “la campaña de promoción de la lectura en medios que lanzará el Gobierno de México buscará posicionar que el acto de lectura es una habilidad extraordinaria, puesto que permite entender, sentir y pensar mucho más allá de lo inmediato. La dependencia a cargo será la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de México”. El funcionario encargado de hacer esto último, Jesús Ramírez Cuevas, el famosísimo “Chucho”, todavía está afinando la campaña, seguramente, o tal vez comenzando a afilar el lápiz para empezar a trazar sobre una hoja en blanco cómo será esa campaña. No hay que desesperar, apenas han pasado tres años y ocho meses y la lectura es una habilidad extraordinaria “¡que permite pensar mucho más allá de lo inmediato!”.

2. ¿Forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus precios? ¡Vaya ilusión! La industria editorial hace su trabajo, y publica lo mismo libros de gran calidad intelectual y estética que libros de entretenimiento y de poca o nula calidad intelectual. Pero la industria editorial tiene derecho a hacer, con su dinero, con sus riesgos, con sus inversiones, lo que se le pegue la gana, en un país que no sea Cuba o Corea del Norte. Por supuesto, hay que apoyar el trabajo editorial universitario y a la edición cultural, en un país, el nuestro, y en otros muchos países, donde la pandemia ha castigado severamente su labor. Pero da la casualidad de que, en México, actualmente, el gobierno, desde sus instancias editoriales, pretende que le regalen, en lugar de apoyar e incentivar la inversión cultural. El problema no está en la industria editorial privada que tiene un negocio que atender con el producto del libro, sino en el gobierno editor que supone que incluso la industria editorial privada debe hacerse partidaria del gobierno para publicar, gratis, su propaganda ideológica.

3. Siempre el mayor problema de la industria editorial y de los programas de lectura es la distribución. No existe el derecho a la lectura en tanto las personas en su mayoría, e idealmente en su totalidad, no tengan acceso a las publicaciones. No se trata de que le regalen los libros al público, sino de que haya incentivos para adquirirlos, de que haya programas eficaces y eficientes para promover y fomentar la lectura, y que los libros sean asequibles y no únicamente accesibles. El acceso al libro debería ser uno de los derechos humanos, del mismo modo que lo es el derecho de acceso a internet. Pero ningún gobierno se atreve a poner por escrito este derecho en su Constitución política. ¿Por qué? En primer término, porque no le interesa, y en segundo, porque no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo garantizar constitucionalmente el derecho a la lectura si lo último que le interesa a un gobierno es que la gente lea, se cultive, afine su espíritu crítico y ponga en entredicho al poder?

4. Por otra parte, en lugar de que haya cada vez más librerías, hay cada vez menos, y aquellas que estaban en los sitios más remotos y en los pueblos más pequeños han casi desaparecido. A cambio hay empresas de grandes superficies de exhibición y venta que únicamente se ubican en las ciudades medianas y grandes, y obligan a las personas a cruzar grandes distancias para adquirir una novedad editorial. El Estado tiene la obligación de atender esas necesidades en los puntos pequeños e intermedios del país, y sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque considera que no es negocio, porque quiere actuar como la industria editorial privada, y porque la ignorancia de quienes están al frente de las políticas del libro supone que su labor es la de hacer negocio y no la de distribuir la inversión cultural: que su razón de ser no es el lucro y ni siquiera la simple recuperación económica; es, sencillamente, utilizar bien los impuestos de los contribuyentes para beneficiar al mayor número posible de mexicanos, y no sólo para pagar los exorbitantes sueldos de los funcionarios militantes de la 4T que hablan, discursean y se visten rotitos y guangos como si fueran proletarios, pero cobran, se comportan y acumulan capital (¡oh, Marx, oh plusvalía!) como burgueses.

5. El Estado editor comenzó como una anomalía necesaria para el poder priista, en 1959 (con Adolfo López Mateos): la de los libros de texto gratuitos, que son libros oficiales porque contienen la verdad única del gobernante en turno. No son libros para crear un espíritu crítico, sino para estampar respuestas únicas, en los exámenes, que los alumnos memorizan para poder aprobar. Décadas antes, esta anomalía se había hecho virtud con el surgimiento del Fondo de Cultura Económica, en 1934, y también correspondió a otra necesidad, pero de la sociedad civil: la de publicar, como bien escribe Alfonso Reyes, “libros de economía política, que no existían en nuestro país”, y esta iniciativa la emprendieron Daniel Cosío Villegas (entonces director de la Escuela de Economía) y otros intelectuales preeminentes en esta materia.

6. A diferencia de lo que piensa el hoy director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, esta institución no surgió para publicar libros baratos, es decir, a “precios económicos”, aunque sus precios nunca hayan sido realmente elevados ni mucho menos prohibitivos. Con el trabajo de Cosío Villegas, Gonzalo Robles, Emigdio Martínez Adame y Eduardo Villaseñor, entre los principales, “se pudo fundar una editorial dedicada a la publicación en español de textos de economía”. Es decir “cultura económica”, del mismo modo que se dice “cultura política”, “cultura filosófica” o “cultura literaria”. Ni más ni menos, y no es por nada que los dos primeros libros que publicó el Fondo de Cultura Económica, en 1935, hayan sido El dólar plata, de William P. Shea, y Karl Marx, de Harold J. Laski. Ni siquiera esta elemental verdad histórica sabía el militante cuatroteísta Paco Ignacio Taibo II cuando asumió la dirección general del Fondo de Cultura Económica.