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CTI: Nueva Ley y Observaciones

El coloquio de rectores realizado recientemente en torno al anteproyecto de ley de ciencia y tecnología nos deja algunas observaciones pertinentes.

Como se mencionó la semana pasada, el coloquio de las dos rectoras y dos rectores, verificado el 18 de febrero, en torno al anteproyecto de ley de ciencia y tecnología, aporta aspectos valiosos para considerarlos en las inminentes discusiones legislativas. Lo ahí expuesto por Sara Ladrón de Guevara (UV), Teresa García Gasca (UAQ), Rodrigo Díaz (UAM-I) y Bernardo González Aréchiga (UVM) reflejan preocupaciones y puntos de vista muy relevantes de las comunidades académicas, así como las de ciencia, tecnología e innovación del país. A la temática ya expuesta en el número 889 de Campus (el documento presentado por el rector Graue ante el presidente electo, en 2018; el compromiso de AMLO en tres aspectos específicos; la petición del cuarteto para que se elabore un nuevo proyecto de ley) se suman los análisis ahí presentados. Un apretado resumen-comentario de aquellos sería el siguiente:

1La pregunta fundamental desde 1976 (cuando se publicó el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, elaborado por un enorme y calificado grupo de científicos y tecnológos, comandado por Miguel Wionczek) sigue siendo vigente: ¿Se preserva la libertad de investigación? y de ahí derivado: ¿Se puede ejercer esa libertad sin disponer de un presupuesto adecuado? Según se expuso, la respuesta es incierta cuando la nueva ley pone en jaque, por lo menos, dicha libertad o pareciera estar en contra en algunas situaciones. Además, lo sucedido con la supresión de fideicomisos en materia de CTI pareciera responder directamente a la segunda cuestión. El gasto nacional (GIDE) que, según la legislación vigente, debiera alcanzar el 1 por ciento del PIB (en el sexenio anterior llegó a ser de 0.61 por ciento  en algunos de sus años), se ha mantenido estático en torno al 0.5 por ciento.

De acuerdo con ello, la ciencia y la tecnología no están en el esquema de prioridades de las políticas públicas actuales. El caso de la Universidad Autónoma de Querétaro ilustra claramente esa situación. Con un proyecto avanzado de investigación, relacionado con una vacuna para elcovid-19, el único apoyo federal provino de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no de las dependencias (SEP y salud) ni de los organismos (Conacyt y Seguro Social), que normalmente debieran hacerlo.

2El anteproyecto privilegia una visión centralista. Las realidades regionales no son debidamente consideradas. En su carácter de “ley general”, en el cada vez más amplio catálogo de facultades otorgadas al Congreso de la Unión, de acuerdo con el Artículo 73 Constitucional, no abona mucho en materia de un federalismo genuino y constructivo. Esa visión centralista desemboca en otorgarle más atribuciones y delicadas tareas al Conacyt (papel rector), en lugar del de “facilitador” que hasta hoy ha tenido, de acuerdo con la legislación vigente. Si la propuesta no se modifica, o aclara, eventualmente se produciría un antagonismo con el régimen autonómico de las casas de estudio.

3La nueva ley no ofrece un espacio adecuado para las IES privadas. En el caso de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes, integrada por 113 instituciones, con una matrícula de 550 mil estudiantes), que cuenta con un poco más de mil 300 investigadores reconocidos por el SNI, las nuevas reglas están por dejarles fuera del reconocimiento correspondiente. De ahí que se reclame un trato “equitativo” entre centros públicos y privados. Junto con lo anterior, dos propuestas para ubicar en la ley: a) es necesario que la investigación pueda integrarse en polos regionales; b) además, los modelos educativos de formación de nuevos profesionales deberían estar asociados al fomento de la investigación.

4 Dentro del coloquio, sus integrantes coincidieron en señalar como un aspecto encomiable el proceso legislativo seguido hasta ahora en la Ley General de Educación Superior. En ese sentido, resulta contrastante con el del anteproyecto; señalándose además, la necesaria complementación que debiera darse entre ambos ordenamientos.

Colofón. La Junta de Gobierno del Conacyt debió abordar ayer el punto correspondiente a un nuevo reglamento del SNI. Esto en lo que parece ser una franca ruta de colisión con el principio de legalidad en el sector. No existe aún el programa sectorial (Peciti), en contra de la Ley de Planeación), y el proyecto de reglamento contraviene varias disposiciones de la aún vigente Ley de Ciencia y Tecnología  ¿Se habrá seguido adelante?

Acerca del autor

Carlos Pallán
Ex secretario general ejecutivo de la Anuies | capafi2@ hotmail.com

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