La movilidad estudiantil internacional se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la educación superior del siglo XXI. De acuerdo con Unesco-IESALC, permite a los estudiantes desarrollar competencias interculturales, fortalecer redes académicas globales y acceder a conocimientos especializados que transforman sus trayectorias profesionales. Sin embargo, en México, el panorama de financiamiento para estos programas atraviesa una crisis sin precedentes que amenaza las aspiraciones de miles de jóvenes.
El año 2025 marcó un punto crítico en la historia del apoyo gubernamental a la educación superior y la investigación en México. La transformación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), efectiva desde el 1 de enero de 2025, llegó acompañada de una paradoja: a pesar del aparente ascenso de rango institucional, el presupuesto experimentó una reducción significativa.
De acuerdo con el análisis de México Evalúa, la Secihti contó con un presupuesto de 33 mil millones de pesos durante 2025, lo que representó una caída real del 3.7 por ciento respecto al monto aprobado en 2024. Más preocupante aún, esta cifra fue 36.3 por ciento menor a los 51.7 mil millones de pesos ejercidos en 2015, alcanzando el nivel más bajo de inversión en ciencia desde 2011. Es un retroceso presupuestario de 14 años.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta que México destina apenas 4.16 por ciento de su PIB a educación, significativamente por debajo del promedio de 4.91 por ciento entre los países miembros.
Más alarmante aún, México invierte aproximadamente 4 veces menos por estudiante en educación superior que el promedio de la OCDE, ubicándose como la economía con menor inversión pública por estudiante dentro de este grupo de 38 países.
La Unesco recomienda que los gobiernos destinen entre 4 por ciento y 6 por ciento del PIB a educación. México, con un 2.9 por ciento ejercido en 2025, se mantiene muy por debajo de esta meta, perpetuando las brechas educativas que limitan las oportunidades de movilidad social y el desarrollo profesional de millones de jóvenes.
Movilidad estudiantil: una prioridad global
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, adoptada por 193 países, coloca a la educación como elemento central para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 4 establece el compromiso de ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’.
En América Latina y el Caribe, Unesco-IESALC ha documentado que solo el 38 por ciento de la movilidad estudiantil que sale de la región se queda dentro de ella, evidenciando una fuga de talento hacia instituciones de Europa, América del Norte y Asia. En el caso de México, los datos de 2015-2016 muestran que 48 por ciento de los estudiantes que viajaron al extranjero financiaron sus estudios con recursos familiares, reflejando la insuficiencia del apoyo público y las desigualdades persistentes según el origen socioeconómico.
Durante años, el Programa de Becas Elisa Acuña fue un instrumento federal clave para apoyar la movilidad estudiantil y otros esquemas de financiamiento para educación superior. Sin embargo, 2025 marcó un punto de inflexión crítico en esta política pública.
Aunque el programa apareció formalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 con mil 688 millones de pesos, su naturaleza cambió radicalmente. El enfoque del programa se reorientó casi exclusivamente hacia el nivel medio superior (educación dual, prácticas profesionales y servicio social), abandonando prácticamente el robusto apoyo federal que existía para movilidad internacional en educación superior.
Este cambio representó, de facto, el desmantelamiento de la política pública federal de apoyo a la movilidad estudiantil internacional. Las Reglas de Operación publicadas en febrero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación confirmaron esta reorientación. Universidades como la UAM advirtieron que esto significaba ‘la desaparición de facto del programa para 16 mil estudiantes’ de su institución.
Como consecuencia, la responsabilidad del financiamiento para movilidad internacional se transfirió de manera fragmentada a las instituciones educativas. Cada universidad —UNAM, IPN, UAM, ColMex, entre otras— debe ahora operar convocatorias propias con recursos institucionales limitados, marcando el fin del modelo de política pública federal unificada que existió en administraciones anteriores.
Ante el retiro del apoyo federal robusto para movilidad internacional, las instituciones de educación superior han desarrollado estrategias propias para mantener vivos estos programas. Este esfuerzo evidencia el compromiso institucional, pero también una realidad preocupante: el Estado ha transferido la responsabilidad del financiamiento educativo a las universidades y las familias.
A través de su Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), la UNAM mantiene un programa de becas de movilidad que opera con fondos propios y alianzas con fundaciones privadas. Sus convocatorias ofrecen apoyos económicos que cubren parcialmente los gastos de manutención durante estancias en el extranjero de 3 a 6 meses, dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado.
Universidades mexicanas: creando alternativas
La UAM estableció un fondo de movilidad internacional que utiliza recursos institucionales y donaciones de egresados. Sus convocatorias ofrecen apoyos económicos variables según destino y duración, con criterios de selección transparentes y un calendario anual que permite planificar con anticipación.
La UAEMéx, por su parte, opera un programa de becas de movilidad internacional con recursos estatales y convenios institucionales. Sus convocatorias ofrecen apoyos económicos a estudiantes con promedio mínimo de 8.0, demostrando que las universidades estatales también están innovando frente a la reducción del apoyo federal.
El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) ha asumido un papel relevante en la promoción y financiamiento de becas de movilidad nacional e internacional. Junto con el Espacio Común de Educación Superior (ECOES), impulsan la armonización de planes de estudio, la movilidad docente y el fortalecimiento de áreas estratégicas, buscando que los beneficios de la internacionalización lleguen a más instituciones públicas.
Estas redes muestran que la cooperación interinstitucional puede mitigar parcialmente los efectos de los recortes, aunque difícilmente sustituirá un programa nacional con fondos federales permanentes.
El costo de no invertir
La reducción de apoyos a la movilidad estudiantil no solo afecta trayectorias individuales, sino que compromete la competitividad del país. El Banco Mundial advierte que la tasa de graduación en programas de licenciatura y maestría en México es del 32 por ciento, catorce puntos por debajo del promedio regional y muy inferior al 67 por ciento de Estados Unidos.
La OCDE documenta que los países que invierten más por estudiante logran mayor cobertura, menores tasas de deserción y mejor desempeño académico. En un mundo donde el capital humano es el principal motor del desarrollo, la falta de inversión educativa no es solo un problema presupuestal, sino un reto estratégico para el futuro económico y social del país.
La movilidad estudiantil internacional es mucho más que un privilegio: es una inversión estratégica en el capital humano que México necesita para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Las experiencias internacionales forman profesionales con visión global, competencias interculturales y redes que trascienden fronteras.
De cara a 2026, la tendencia presupuestal sugiere que no habrá reversión significativa en las políticas de financiamiento para movilidad estudiantil. Las universidades deberán consolidar sus estrategias propias de financiamiento, intensificar alianzas con el sector privado y organismos internacionales, y buscar esquemas innovadores de cooperación interinstitucional.
La crisis del financiamiento gubernamental no debe interpretarse como el fin de las oportunidades, sino como un llamado urgente a la acción. Las universidades están demostrando su compromiso al crear fondos propios, pero este esfuerzo no puede —ni debe— sustituir la responsabilidad del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades educativas.
Para los estudiantes que planean movilidad en 2026, el mensaje es claro: las oportunidades existen, pero requieren planificación anticipada, proactividad y exploración de múltiples fuentes de apoyo. Es recomendable iniciar la búsqueda de becas con al menos un año de anticipación, diversificar las solicitudes y combinar becas parciales con créditos o ahorros familiares.
La comunidad académica, por su parte, debe presionar por el restablecimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de movilidad. La Agenda 2030 recuerda que el compromiso con la educación de calidad no es opcional, sino imperativo para alcanzar el desarrollo sostenible.
Las becas de movilidad no solo cambian destinos individuales; transforman comunidades, fortalecen economías y construyen puentes de entendimiento entre culturas. Invertir en ellas es, sin duda, invertir en el futuro de México.
Fuentes alternativas de apoyo
Ante el desmantelamiento de la política federal de movilidad internacional, los estudiantes mexicanos deben explorar fuentes múltiples de financiamiento. Entre ellas destacan:
Organismos internacionales
Becas Fulbright-García Robles: Intercambio México-EE. UU., hasta USD 25,000 anuales para maestría o doctorado.
Fundación Carolina: Apoyos para posgrado en España.
DAAD (Alemania): Becas completas con manutención y seguro médico.
Alianza del Pacífico: Movilidad entre Chile, Colombia, México y Perú.
Becas OEA: Disponibles para estudios en países miembros de la organización.
Fundaciones privadas
Fundación Carlos Slim: Formación de líderes en diversas áreas.
Fundación BBVA: Becas en tecnología, negocios y sostenibilidad.
Becas Santander: Movilidad internacional, innovación y emprendimiento.
Programa Bécalos: Red de apoyo a estudiantes de escasos recursos.
Crédito educativo
El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), administrado por el Banco de México, ofrece financiamiento para estudios de posgrado con tasas preferenciales. Aunque no es una beca, constituye una alternativa viable para quienes no logran acceder a apoyos no reembolsables.
Referencias consultadas
México Evalúa. Incongruente con Plan México el presupuesto 2025 para educación y ciencia. Enero 2025.
OCDE. Panorama de la Educación 2024 y Educación Superior en México.
UNESCO-IESALC. Movilidad estudiantil en América Latina y el Caribe. 2019.
Banco Mundial. Abordar la crisis del aprendizaje en América Latina y el Caribe. 2024.
Diario Oficial de la Federación. Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña. 21 de febrero de 2025.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. Publicado en el DOF, 24 de diciembre de 2024.
SECIHTI. Convocatorias de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2025.
ONU. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Portales institucionales de UNAM, UAM, UAEMEX, Universidad Veracruzana y Consorcio CUMex.
Vanessa Medina Armienta
Especialista en regulación, educación superior e inteligencia artificial, con más de 25 años de experiencia en el sector público federal mexicano — SHCP, CNBV, SRE y Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Es Directora de Campus Consulting, donde acompaña a universidades mexicanas en el diseño e implementación de políticas institucionales de IA responsable. Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, Maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nottingham, Reino Unido (Beca Chevening) y Maestra en Consultoría Organizacional y de Negocios por ICE México.
Columna Campus: Un-Common Sense
