Conacyt abandona a los investigadores

Desde que ingresé al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1990, el Conacyt me dio la oportunidad de contratar un seguro de gastos médicos mayores, cuyo monto se me descontaba de manera automática de la beca que recibía, lo que me garantizó por muchos años contar con un buen servicio de salud para mi familia y mi persona. El Consejo se encargaba, no solo de transferirle el recurso de cada uno de nosotros a la aseguradora, sino que anualmente negociaba con las ellas el costo de sus servicios y, con base en ello, seleccionaba a la empresa que ofreciera la mejor opción precio-beneficio para el siguiente año fiscal. Dicho mecanismo se llevó a cabo, con relativa eficiencia, hasta el 1º de enero de 2021, cuando la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunció que a partir de esa fecha dejaría de representar a los investigadores ante las aseguradoras. Las razones que eximió la directora fueron que de 2006 a 2017 se facultó indebidamente a instancias del Consejo para negociar con las aseguradoras; lo que se hizo de manera discrecional para favorecer a algunas empresas (de lo que no ha presentado evidencias). Adicionalmente, argumentó que solamente el 14 por ciento de los 33 mil 200 investigadores (aproximadamente 4 mil 650) solicitan este servicio; como si el número fuera insuficiente.

Esta decisión dejó sin protección institucional a los investigadores que hemos venido pagando durante décadas (tres, en mi caso) un servicio de gastos médicos que, anteriormente, se negociaba de forma colectiva; razón por la que se conseguía un precio razonable. No recuerdo el costo que tenía este servicio hace 32 años (cuando ingresé al SNI) pero, con toda seguridad, era muchísimo menor que el actual, el que recientemente se han incrementado de manera desproporcionada. Para que el lector pueda apreciar el tamaño de esta injusticia, doy los siguientes números de los últimos cuatro años: en 2019 la póliza de AXA Seguros (para dos personas) costaba mensualmente $5,685.68 pesos (más IVA y seguro de vida obligatorio); en 2020 la prima subió a $7,549, lo que significó un incremento respecto al año anterior de 33 por ciento; en 2021 ascendió a $8,456, que significó un alza de 12 por ciento respecto a 2020 y de 49 por ciento respecto a 2019; finalmente, en 2022 (con la nueva aseguradora Zurich) la póliza alcanzó los $12,579 pesos, lo que significó un incremento de 49 por ciento respecto al año anterior y de 121 por ciento respecto a 2019. Si tomamos en cuenta el tamaño de la inflación de 2019 a 2021, notaremos que ha fluctuado entre 3.2 y 7.4 por ciento, incrementos muy por debajo de los aplicados por las aseguradoras.

Ante la falta de información por parte de Conacyt, hay varias preguntas que no me he podido responder: ¿quién determinó cambiar de la aseguradora AXA a Zurich?, ¿quién autorizó el incremento desproporcionado en 2022?, ¿cómo los investigadores nos podemos defender de estos abusos? y ¿por qué Conacyt abandonó y dejó sin protección a quienes formamos parte del SNI? Por más de mensajes que los académicos han enviados a la dirección del Conacyt solicitando que reconsidere esta irresponsable decisión, nunca se ha dignado a dar respuesta alguna.

Me inclino a pensar que AXA decidió vender su cartera de clientes del SNI a la empresa multinacional Zurich. Lo más injusto del caso es que el Consejo deja abierta la posibilidad de que perdamos el historial del seguro, el que de joven se utiliza rara vez. Y, ahora, que hemos envejecido y que es cuando más lo necesitamos, las aseguradoras impunemente imponen altos precios (conforme a sus intereses), aprovechándose del abandono del gobierno a su comunidad científica.

Doy un ejemplo más del abuso que cometen las grandes aseguradoras. Resulta que, al momento de preparar mi declaración fiscal de 2021, me doy cuenta que AXA seguros solo me facturó cinco de los doce meses de 2021, argumentando que tuve un retraso en un mes y, por lo tanto, las facturas de los siete meses restantes se aplicarán en el año fiscal de 2022. Nuevamente, sospecho que AXA comete esta ilegalidad en función de sus intereses económicos: no reportar todos los ingresos obtenidos en 2021 y deferirlos a 2022, sin importarle que afecta a quienes fueron sus asegurados.

No puedo entender por qué un gobierno que habla continuamente de estar a favor de las mayorías asalariadas, ahora deja sin protección a sus investigadores en su función de representarlos frente a los grandes intereses de los corporativos internacionales, como son estas aseguradoras; por ello, tendremos que enfrentarnos solos ante las grandes compañías que, progresivamente, incrementan el costo de sus pólizas, hasta que lleguen a ser impagables; condición que afecta severamente la economía de los investigadores de mayor edad, que nos vemos obligados a tener que pagar los altos costos de las pólizas a cambio de no perder la antigüedad que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas.

Desgraciadamente, cada día se suman las evidencias de que el gobierno de AMLO no ha cumplido con las expectativas de quienes votaron por él, quien prometió velar por los intereses de la población asalariada (incluyendo a los académicos), defendiéndola de los intereses del gran capital. Como en otros ámbitos, la 4T ha destruido lo que hasta entonces había funcionado bien, dejando un vacío que empeora las condiciones actuales.