El sistema educativo nacional de Chile es probablemente el mejor en América Latina, ¿Cómo lo afectará la sucesión presidencial?
El triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial de Chile ha suscitado una enorme atención en buena parte de los países del orbe. Su edad (35 años), filiación política (centro izquierda social-demócrata) y programa (redefinir y enfrentar los grandes problemas nacionales) fueron factores poderosos para la victoria y ahora —principalmente el último— un elemento esencial para la cohesión política que le permita gobernar de acuerdo con lo propuesto en campaña. No tendrá en el Congreso una mayoría del mismo signo político de la coalición que lo llevará a ocupar el Palacio de la Moneda a partir del 11 de marzo. Sus ofrecimientos de campaña deberán materializarse primero en las leyes que ahí se expidan y luego en las políticas públicas con las cuales pretende conducir al país hasta 2025.
Forjado en las luchas estudiantiles en contra del primer gobierno del presidente Piñera, en
2011, tuvo un liderazgo en torno a una causa fundamental: educación superior de calidad y gratuita. La popularidad política ahí obtenida lo llevó, al año siguiente, a ocupar la presidencia de la Federación de Estudiantes Chilenos, posición que en 2013 lo catapulta al Congreso en calidad de diputado, repitiendo en ese cargo en 2019. Su candidatura y triunfo presidencial se fraguaron viniendo siempre de atrás y produciendo sorpresa. Para ser el candidato de la coalición tuvo que ganarle al representante del Partido Comunista, Daniel Jadue, poniendo el énfasis en la propuesta de tres puntos principales: a) mayor presencia del Estado en los sectores de educación y salud; b) transformar el régimen de pensiones; c) atacar la desigualdad con una reforma tributaria que ejerza más presión sobre
los ricos.
A la manera de Pedro Castillo en Perú, o Emmanuel Macron, en Francia, su inusitado triunfo pareciera más algo inspirado por la “fuerza del destino” que por una campaña muy bien realizada, sobre todo para la elección final. Segundo lugar de los siete candidatos que se presentaron en la primera vuelta (25.8 vs. 27.9 por ciento de J. A. Kast, el ganador de esa fase), terminó alzándose con una ventaja del 11 por ciento frente a su opositor. Una clave del triunfo estuvo, sin duda, en la diversidad de partidos que estuvieron con él: un arcoíris que fue desde la democracia cristiana (donde militó su padre, ingeniero de buena posición económica) hasta el Partido Comunista.
Entre los problemas nacionales incluidos en la plataforma electoral de la coalición se encuentran: a) una reforma fiscal que genere ingresos adicionales de un 5 por ciento del PIB, indispensables para las reformas sociales a emprender; b) establecer un nuevo sistema de pensiones que combine lo público con lo privado, apuntando la posibilidad de llegar, progresivamente, a una pensión universal; c) modificación radical del sistema de salud, eliminando el régimen de seguros privados, y dotándosele a ese punto de un incremento en el gasto de 1.5 por ciento del PIB; d) en materia de trabajo, implantar la semana de 40 horas e incrementos salariales remuneradores; e) en educación, se propone fortalecer todo el sistema público de tal modo que se mejoren las condiciones laborales del profesorado, se condonen las deudas por pago de colegiaturas, de los estudiantes del nivel superior, creándose un nuevo sistema de créditos hasta llegar a la gratuidad universal.
Todo lo anterior, más otras propuestas, tendrán que aprobarse en un Congreso con la característica política ya descrita y en un contexto que, de arranque, no luce muy favorable: primero, por la pandemia y sus efectos aún imprevisibles; luego, por un poder constituyente que estará enfocado (o distraído) en la elaboración de una nueva Carta
Magna; y, tercero, por la coyuntura económica. Chile viene de un 2020 cuyo PIB retrocedió en 5.8 por ciento, su peor registro en 40 años, un rebote muy positivo del 11 por ciento en 2021, para una perspectiva mediocre de 2.5 para este 2022, por debajo del promedio para América Latina, 2.9 por ciento, según la CEPAL.
El sistema educativo nacional de Chile, probablemente el mejor en América Latina, tiene seis y medio millones de estudiantes en sus cuatro niveles. El superior, integrado por 160 instituciones, alcanza un poco más de 1.2 millones de matrículas en lo que se llama pregrado (técnico superior y licenciatura) y 48 mil en posgrado (2020). Este cuarto nivel se divide, a su vez, en dos subsistemas: el Universitario (60 instituciones con 750 mil estudiantes) y el Técnico Profesional (con dos tipos de establecimientos principales): Institutos Profesionales (43 instituciones y 360 mil matrículas) y los centros de formación técnica (46 instituciones y 130 mil estudiantes).
Todas estas instituciones están marcadas, en distinto grado, con las reglas impuestas desde la época pinochetista influida por los Chicago boys: principalmente la liberación del sistema en su conjunto combinado con el otorgamiento de créditos estudiantiles para el pago de cuotas y colegiaturas, aún en el caso de la educación pública. De ahí que uno de los grandes problemas nacionales, casi medio siglo después, sea el referente a la condonación de tales adeudos que, como en Estados Unidos, se han constituido en amplia medida en impagables.
Aspectos más específicos sobre la educación superior chilena serán abordados la próxima semana, particularmente las estrategias que se han propuesto para resolverlos.
