El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Méxicana (Anuies), Dr. Luis González Placencia, hizo un llamado a mantener la unión y levantar la voz ante las injerencias políticas en las universidades del país, manifestó su preocupación ante situaciones como la ocurrida en la Universidad Autónoma de Campeche, al considerar que “es absolutamente inaceptable porque eso coloca a cualquier institución educativa ante la posibilidad de ser víctimas de un atropello similar”.
El Dr. González Placencia dijo que esa ha sido una de las cosas que la Asociación ha señalado como atentados o amenazas a la autonomía universitaria, los intentos de interferir en el nombramiento de las y los titulares de las instituciones. En el caso de la Universidad Autónoma de Campeche, dijo que no podemos aceptar a alguien que llegó de manera ilegitima, mediate un nombramiento inaceptable.
Al participar en el Conversatorio: “Autonomía Universitaria en el Siglo XXI”, celebrado en la Universidad Autónoma de San luis Potosí (UASLP), el titular de la Anuies precisó que desde la Asociación se articula una estrategia de transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior. Esa, dijo es una condición fundamental para la autonomía, porque en la medida en la que estamos sujetos a la necesidad de devolver recursos, estamos sujetos a las necesidades de aceptar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; en la medidad en que tenemos que aceptar el presupuesto al pago de deudas que se generaron en otros momentos, nuestra capacidad actuación se ve afectada y no nos permiten funcionar debidamente.
González Placencia subrayó que para fortalecer la autonomía universitaria se requiere una combinación de acciones legales, financieras y académicas, incluyendo mecanismos de control constitucional para blindarla de injerencias, asegurar presupuestos suficientes, permitir la autogestión financiera y administrativa, promover la investigación y la vinculación social y fomentar la autogobernanza y la libertad de cátedra.
Expresó que uno de los grandes avances de la Reforma del 2018 es que la educación superior se convirtió en un derecho fundamental, y ante la falta de recursos para las universidades éstas deben buscar mecanismos de financiamiento externos ante una situación de carencia, aunque esto no debe ser la normalidad.
Al hacer uso de la voz, la Mtra. Leticia Jimenez Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A. C. (AMEREIAF), manifestó su preocupación por el recorte presupuestal a las universidades. “Es un riesgo emergente donde se observa que no es prioridad la educación”; por lo que hoy las universidades se ven obligadas a generar e incrementar sus recursos a través de equipamiento e infraestructura.
La Mtra. Jiménez Zamora reiteró que las universidades públicas del país enfrentan un panorama económico complicado debido a un severo recorte presupuestal para el ejercicio fiscal de 2026. El presupuesto otorgado por la federación a las instituciones de educación superior ha sido castigado con un grave recorte, lo que afecta en el crecimiento de la oferta educativa y la ampliación de la matrícula.
Por su parte, la Dra. Claudia Susana Gómez López, rectora General de la Universidad de Guanajuato, resaltó la importancia de trabajar para formar estudiantes y docentes conscientes; en un proceso integral que va más allá de lo académico, buscando formar individuos capaces de entender su impacto en el mundo y transformarlo positivamente, comenzando por el autoconocimiento y extendiéndose a la acción social y ambiental. Pensar en que la educación es un eje transformador de nuestro país, sugirió.
En su oportunidad, la Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, precisó que los riesgos para el funcionamiento universitario incluyen desafíos financieros, tecnológicos, académicos, de credibilidad y problemas socioemocionales estudiantiles que afectan la permanencia y el desempeño, además de presiones por cambios demográficos y demandas de empleabilidad actuales.
Dijo que la sostenibilidad financiera universitaria es la capacidad de una universidad para operar y cumplir su misión a largo plazo, equilibrando ingresos y gastos mediante fuentes diversificadas, control de costos y planificación estratégica, para garantizar la calidad académica, la investigación y el bienestar estudiantil, enfrentando retos como la dependencia de fondos públicos y la necesidad de modernización.
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra, anfitrión del evento, agradeció a los participantes en este conversatorio que forma parte de los festejos por el 103 aniversario de la autonomía de la UASLP y puntualizó sobre la necesidad de hacer entender a las autoridades de que lo que están haciendo con los presupuestos para las universidades es un riesgo, porque con ello no se atienden las necesidades de las instituciones.
Comentó que este espacio se llevó a cabo con la finalidad de reflexionar y dialogar en el tema académico-institucional entre las universidades públicas autónomas y el órgano superior de fiscalización del gasto federalizado, orientado al análisis de los retos contemporáneos y los riesgos institucionales que enfrenta la educación superior pública para fortalecer los mecanismos de coordinación, rendición de cuentas, la atención técnica y oportuna de los procesos de auditoría, la preservación y el ejercicio responsable de la autonomía universitaria, en congruencia con el marco constitucional vigente.
Los panelistas coincidieron en que la defensa de la autonomía universitaria es la lucha por la facultad de las universidades para autogobernarse, definir sus planes académicos, administrar su patrimonio y asegurar la libertad de cátedra e investigación, siendo un pilar para el pensamiento crítico, la democracia y el desarrollo social, enfrentando presiones externas y buscando financiamiento justo para cumplir su misión de generar conocimiento y formar ciudadanos libres y críticos.
Precisaron que las Instituciones de Educación Superior enfrentan los desafíos de demostrar su valor social y eficacia ante un Estado y sociedad cambiantes con responsabilidad social, es decir, cumplir su función de generar conocimiento y solucionar problemas sociales, siendo un motor de movilidad y pluralidad, adaptándose a las nuevas tecnologías y demandas de calidad y excelencia académica.
