El nacionalismo del gobierno en política energética contraviene el orden constitucional: Investigador de la UAM

El nacionalismo postulado por el gobierno federal en materia de política energética “interrumpe la transición iniciada en la segunda década del siglo XXI, afecta el cumplimiento de compromisos internacionales y contraviene el orden constitucional”, explicó el doctor Juan José González Márquez, investigador de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En las Jornadas virtuales de derecho ambiental, el académico sostuvo que México construyó una estructura del sector basada en la eliminación de subsidios a combustibles fósiles; el establecimiento de un impuesto a las emisiones de carbono, y la creación de subastas de electricidad y certificados de fluido limpio, pero “el régimen de la Cuarta Transformación se ha encargado de derribar ese andamiaje en su camino a un pasado que nunca fue mejor”.

Respecto de lo que llamó “la doble transición energética” sustentó que se observó la apertura a la inversión privada con la reforma constitucional de 2013, la cual respaldaba actividades que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no realizaban con eficiencia, entre ellas la exploración y la extracción del hidrocarburo de aguas profundas y ultra profundas, “pues los tiempos del carburante fácil se acabaron”.

La CFE no tenía la capacidad de producir energía no contaminante y sólo funcionaba con plantas de combustóleo, carbón y, en ocasiones, de gas natural, “de manera que se construyeron 25 centrales más limpias que las de la paraestatal, pero de capital privado”, puntualizó el profesor del Departamento de Derecho.

Al mismo tiempo se observó una mayor generación de fluido adecuado para el entorno, con el fin de cumplir los compromisos mundiales asumidos por el país, incluido el Acuerdo de París, que instaura medidas para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero.

De acuerdo con el doctor González Márquez, esta doble transición estaba comenzando a dar buenos resultados, ya que en 2018 la producción por fuentes limpias alcanzaba 23.4 por ciento, “muy cerca de la responsabilidad asumida por México en el citado convenio de 25 por ciento”, sin embargo, una tercera transición comenzó a gestarse antes de que las dos primeras pudieran consolidarse.

La Cuarta Transformación postuló la refundación y el fortalecimiento de los monopolios públicos en ambos sectores, “lo que confronta el marco constitucional y las obligaciones globales”, con la justificación de que tal política está en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), según el cual en el sexenio pasado la producción petrolera cayó en forma sostenida y la nación pasó de exportador a importador de crudo y combustibles refinados, porque “es cierto que se acabó, ya no hay yacimientos viables y deben buscarse otros en el océano profundo o recurrir al fracking, con el cual muchos no estamos de acuerdo”.

El PND señala también que la producción de las entidades privadas fue insignificante, aun con las ventajas otorgadas respecto de que Pemex y CFE vuelvan a ser palancas del desarrollo, pero la propuesta de esta administración no incluye la transición a energías limpias y en las medidas adoptadas hasta ahora destacan la suspensión –en 2019– de las licitaciones de las rondas del ramo, “a pesar de que la Carta Magna decía que la exploración y la explotación del recurso por Pemex debería ser la excepción”, deteniendo la reforma energética.

El Centro Nacional de Control de Energía declaró ese mismo año la cancelación de la subasta de largo plazo, que permitiría comprar fluido limpio y la CFE planteó renegociar los contratos para el transporte de gas por gasoductos entre el gobierno y la iniciativa privada.

Las decisiones oficiales en la materia son inconstitucionales, ilegales, violan el derecho internacional y vulneran la garantía a un entorno adecuado y el principio de sustentabilidad, aunque pueden ser combatidas por la vía del amparo.

En la sesión de las Jornadas participó también la doctora Marta Susana Juliá, quien apuntó que la formulación normativa sobre el uso de energías renovables en Argentina ha tenido un fuerte impacto y un desarrollo permanente desde hace más de 20 años, debido a que la prioridad ha sido establecer mecanismos económicos, fiscales o tributarios asociados a los aspectos medioambientales.

Aun cuando existen instrumentos de gestión y preventivos que pueden usarse en la promoción de ese rubro y “tenemos un buen marco normativo que promueve los distintos tipos es necesario un esfuerzo de coordinación y armonización que prevenga posibles conflictos entre los sectores involucrados”, finalizó la directora del Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Córdoba.